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Innovación, AFE y trabajo en cárceles: ¿Qué novedades trae el proyecto de Rendición de Cuentas 2022?

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Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

Al filo del vencimiento del plazo constitucional, autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas entregaron ayer de noche a la Asamblea General el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas 2022.

En la propuesta del Poder Ejecutivo el gasto autorizado para el año 2023 agrega US$ 226 millones en comparación con el de este año 2022 (un incremento del orden de 1.3%). Sumando lo presupuestal y lo extra-presupuestal, el refuerzo asciende a US$ 334 millones.

¿Cómo se distribuye ese adicional?

El rubro Seguridad recibe U$S 27 millones, de los cuales U$S 23 millones son para el Ministerio del Interior, U$S 2 millones para Fiscalía y U$S 2 millones para Defensa.

Par el rubro Educación van U$ 45 millones, repartidos así: US$ 30 millones para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); US$ 7 millones para el Ministerio de Educación y Cultura; US$ 6 millones para el Plan Ceibal; US$ 1 millón para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) y el restante millón de dólares para la Universidad Tecnológica del Uruguay (Utec).

Por otra parte, se destina US$ 26 millones al área de Ciencia, Tecnología e Innovación, de los cuales US$ 10 millones son para la ANUA (Agencia Nacional Uruguay Audiovisual) que todavía no existe pero cuya creación se propone en el mismo proyecto de ley, para sustituir a la Institución Nacional de Cine y al Audiovisual del Uruguay (Incau)

Para el área de la Salud va un refuerzo de US$ 26 millones, de los cuales US$ 25 millones son para la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el millón restante para el Ministerio de Salud Pública.

Otros US$ 31 millones se reparten en menor medida entre diversos organismos.

Y los restantes US$ 70 millones de dólares se destinan a los convenios salariales con los sindicatos de funcionarios públicos y de la Enseñanza Pública.

LA REUNIÓN PREVIA

Antes de la entrega oficial del proyecto, la ministra Arbeleche mantuvo una reunión con diputados y senadores de la coalición de gobierno, en la que dio detalles del aumento de gasto propuesto, algo que la bancada desconocía.

Recordemos que desde filas oficialistas había reclamos diversos por más fondos presupuestales y quejas por la demora en conocer el monto adicional que se incluiría.

Según supo En Perspectiva, en el intercambio con los legisladores Arbeleche afirmó que se trataba de una “gran” Rendición de Cuentas. Luego del encuentro, la senadora Graciela Bianchi, vicepresidenta de la República en ejercicio, publicó en su cuenta de Twitter que los números presentados por la jefa del equipo económico fueron “excelentes”.

Según lo establecido en la Constitución, cada cámara deberá pronunciarse sobre el proyecto de Rendición de Cuentas dentro de los 45 días siguientes después del ingreso del texto.

NOVEDADES

A partir de una primera lectura rápida del proyecto, hoy En Perspectiva destacamos algunos aspectos que incluye, más allá de lo estrictamente numérico.

INNOVACIÓN

Una novedad llamativa es un cambio conceptual que se introduce en el manejo de los recursos destinados a la inversión en ciencia y tecnología.

Desde el gobierno explican que la intención es impulsar la innovación, que puede redundar en valor económico, y no tanto la investigación que está “orientada a expandir las fronteras del conocimiento” pero que “en general, no generará recursos”, como dice en la exposición de motivos del proyecto de Rendición de Cuentas. “La investigación y desarrollo (I+D) tiene que tener un fin”, enfatizó una alta fuente del gobierno a En Perspectiva. Agregó que puede haber estudios más teóricos pero que el grueso tiene que dirigirse a innovar.

Entonces a la investigación a cargo de la ANII se destinan US$ 4 millones adicionales.

Y, en cambio, para la innovación, se prevé un extra de US$ 10 millones. Pero el gobierno opta por volcar los fondos públicos al apalancamiento de fondos privados, dado que se considera deficiente que la mayoría del gasto en I+D lo haya manejado de manera directa el Estado.

¿Qué quiere decir esto? Que el Estado seleccionará proyectos innovadores que ya cuenten con fondos privados y les dará un nuevo empujón para ayudarlos a despegar; de ahí la expresión “apalancar”. Según la redacción original, el Estado estará siempre en minoría en los fondos que recibirá cada proyecto, con un tope de 40% del total. Luego, si el proyecto sigue adelante y funciona, el Estado recibirá las regalías que le correspondan en función del la proporción entre su aporte y la inversión total. Esos ingresos, si llegan, deberán reinvertirse en el rubro ciencia y tecnología.

El formato está inspirado en la forma de trabajo de universidades europeas y estadounidenses, según explicaron los informantes.

A la hora de seleccionar los proyecrtos se priorizará tres áreas: la tecnología digital aplicada a innovación, donde ya existe un ecosistema con trayectoria y desarrollo exportador; la biotecnología (salud humana y animal, nuevos materiales y alimentos avanzados, vacunas, farmacéutica); y la tecnología verde (energías renovables, nuevos combustibles y nuevos materiales asociados a la economía circular).

AUDIOVISUAL

En el detalle del gasto sorprende la sigla ANUA en el apartado de ciencia, tecnología e innovación.

Se trata de la nueva agencia que creará el gobierno en esta Rendición para el sector audiovisual, que sustituirá al actual Incau.

La Agencia Nacional Uruguay Audiovisual (ANUA), a diferencia del Incau, será un ente no estatal de derecho privado, lo que le permitirá mayor agilidad.

Dice el texto de la exposición de motivos: “El objetivo es potenciar los incentivos que permitan posicionar a Uruguay en la región y el mundo, en un contexto de crecimiento exponencial y sostenido del consumo de contenidos a nivel mundial”.

La Rendición de Cuentas prevé US$ 12 millones adicionales para esta nueva agencia.

AFE

El proyecto de Rendición de Cuentas también incluye una reestructura de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).

En el seno del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se discutió la posibilidad de absorber por completo al ente, pero los socios de la coalición de gobierno no estuvieron de acuerdo.

Lo que se plantea, entonces, es que la unidad de Vía y Obra de AFE, que se encarga de infraestructura y mantenimiento de las vías férreas, pase, con su plantilla de personal, a la Dirección de Transporte Ferroviario del MTOP, a la que se le dará jerarquía de dirección general.

El subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, dijo a En Perspectiva que este cambio responde a los “problemas” de funcionamiento que ha tenido AFE y que la intención es “centralizar”.

AFE mantiene el área de transporte de pasajeros y sus propiedades, además del 51% en el capital accionario de la empresa SELF (Servicios Logísticos Ferroviarios), encargada del transporte de carga (el 49% restante pertenece a la Corporación Nacional para el Desarrollo).

SEGURIDAD

En el rubro de seguridad, se implementa el Plan de Dignidad Laboral para Personas Privadas de Libertad, que buscará fomentar el trabajo para los reclusos, permitiendo emprendimientos productivos en las cárceles y la comercialización de bienes o servicios.

Dice la exposición de motivos del proyecto que a la persona privada de libertad esto “le aportará recursos para su uso personal y el de su familia durante la reclusión y le generará una cuenta de ahorro en el BROU con los recursos indisponibles hasta que recupere su libertad”.

También se establece un nuevo Aporte Social Único de reclusos, con el que estos estarán afiliados al sistema de Seguridad Social.

Otro punto en el rubro seguridad: se establece que los vehículos incautados que no estén vinculados con el narcotráfico quedarán a disposición del Ministerio del Interior.

Además, tal cual se anunció tiempo atrás, se confirma la creación de una Fiscalía especializada en Lavado de Activos. También se agrega una nueva Fiscalía de Estupefacientes.

LEY DE MEDIOS

El proyecto trae la derogación total de la Ley de Medios de 2014 (Nº 19.307). Uno de los argumentos – dice el texto- es que la norma contiene “varias inconstitucionalidades”, como el artículo 56 que impide a los cableoperadores ofrecer servicios de acceso a internet.

Semanas atrás, aquí En Perspectiva, el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, dijo que el gobierno estaba “instalando una señal política clara” al resolver permitir a cableoperadores brindar servicios de conexión a internet. El objetivo del gobierno es que se discuta y apruebe la nueva ley de medios, que lleva dos años sin avanzar en el Parlamento.

Al mismo en la Rendición de Cuentas se restablece la vigencia de las leyes anteriores a la promulgación de la ley de 2014 y se mantienen las concesiones, autorizaciones y licencias vigentes otorgadas por la ley que se deroga.

El proyecto mantiene la normativa vigente respecto a la obligatoriedad de la transmisión en televisión abierta, en directo y simultáneo, de los partidos oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y de básquetbol en eliminatorias mundialistas y otras instancias clasificatorias de torneos internacionales.