El director del INR lo manejó como posibilidad y provocó controversia. Expertos en seguridad y en el sistema penitenciario opinan sobre la tenencia de celulares en cárceles y cuáles pueden ser los aspectos positivos
Producción: Rodrigo Abelenda y Gastón González Napoli
El engaño era a tres bandas. Vía mensaje de texto, primero se hacía pasar por una mujer y mantenía conversaciones eróticas con hombres. Luego se hacía pasar por la madre de esa mujer, y les decía a los hombres que su hija era menor de edad. Los acusaba de pedofilia. Finalmente los llamaba por teléfono, y se hacía pasar por policía.
Entonces los extorsionaba, exigía dinero a cambio de no radicar la denuncia. Así el estafador consiguió unos dos millones de pesos, según confesó más tarde.
Pero había una vuelta más a los engaños: todas estas maniobras se hacían desde la cárcel de Las Rosas. El estafador estaba preso. Tenía varios teléfonos de contrabando dentro de la prisión.
Este caso, revelado a fines de diciembre de 2018, es un ejemplo de cómo circulan de hecho los celulares dentro de las cárceles uruguayas. También es una muestra de que los móviles pueden usarse con fines delictivos.
En este contexto, causaron polémica las declaraciones que realizó este lunes Alberto Gadea, el nuevo director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Hablando durante una conferencia de prensa, Gadea dijo que “habría que analizar” la posibilidad de que las personas privadas de libertad en Uruguay pudieran acceder a sus teléfonos celulares.
"El celular, más allá de sacar información, permite al privado de libertad comunicarse con su familia", afirmó Gadea. "Por lo tanto habría que analizar hasta dónde es malo o bueno el tener celular".
Al día siguiente, en declaraciones al programa Todo Pasa de Océano FM, la subdirectora del INR, Ana Juanche, afirmó que “la presencia de celulares [en las cárceles] es una realidad, como las drogas y las armas” y agregó que “no se puede combatir acá ni en ningún lugar del mundo”.
Críticas
La eventual autorización del uso de celulares a los presos provocó fuertes críticas de parte de referentes en seguridad de partidos de la oposición. En su cuenta de Twitter, el exfiscal Gustavo Zubía, integrante del Partido de la Gente, calificó esta posibilidad de un “absurdo”. “No pueden con su enemigo y claudican ante él”, escribió Zubía.
En Perspectiva se comunicó con el abogado Guillermo Maciel, director del Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuestas, vinculada con el Partido Colorado. Maciel habló en la misma línea que Zubía: dijo que liberar el ingreso de celulares a las prisiones uruguayas sería una medida “desacertada” e “irresponsable”.
Profundizó Maciel:
Demostrado está, más en nuestro país, cómo operan los delincuentes desde la cárcel con los celulares. Más allá de que se ha señalado varias veces desde el Ministerio del Interior que hay inhibidores, equipos que inhiben la señal de los celulares, eso parece haber fracasado o no está dando resultado.
Los reclusos operan no solo coordinando estafas, robos, venganza, sicariato, todo tipo de acciones delictivas desde la cárcel, sino que aparte se filman en reyertas, en motines, no solo tienen celulares sino acceso a internet. Las dos cosas son gravísimas.
Si a eso le sumamos el ingreso de drogas, el ingreso de armas, y los cortes carcelarios, tenemos un cóctel explosivo.
Desde el Partido Nacional, Álvaro Garcé, referente en seguridad del equipo de Luis Lacalle Pou y excomisionado parlamentario para el sistema carcelario, dijo sentirse preocupado por los comentarios del director del INR.
Dijo Garcé:
Las personas que están privadas de libertad tienen derecho a la comunicación con el exterior, eso no quiere decir que tengan derecho a la tenencia de celulares. Es una confusión demasiado grande y demasiado básica para quien se supone que tiene que tener el conocimiento para gestionar el sistema carcelario.
¿Los internos pueden tener celular en una chacra? Razonablemente sí, están en un régimen de confianza y parece sensato que se les habilite a tener una comunicación libre con el exterior. Ahora, si se trata de internos en un régimen de seguridad media o de máxima seguridad, me parece absurdo y además peligroso.
En todo caso, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar la comunicación con aparatos de teléfono en cantidad suficiente y en lugares accesibles; además, si lo que se busca es encauzar la comunicación y monitorearla, hay que advertir a quien realiza la comunicación, como me puede suceder a usted o a mí, que esta comunicación puede ser monitoreada. Con el debido respeto a los derechos individuales, se le advierta que puede ser sujeto de escrutinio, de control, esa comunicación.
Matices
Del otro lado, fuentes del sistema penitenciario aclararon a En Perspectiva que la mayoría de los celulares que se incautan dentro de las cárceles no están vinculados con crímenes, sino que suelen tener mensajes o llamadas a las familias. “El crimen organizado tiene otros mecanismos”, dijo una fuente que prefirió mantenerse en reserva.
El actual comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, explicó a la producción de En Perspectiva que muchas prisiones del país permiten la utilización de teléfonos siempre que estén registrados. Una de ellas es la Unidad Nº 6 de Punta de Rieles, un establecimiento de seguridad media con un régimen semi abierto.
Foto: Unidad Nº6 Punta de Rieles. Crédito: Rosario Castellanos
La experiencia en Punta Rieles
Allí hace cuatro años que todos los reclusos pueden contar con celular. El direc-tor de esa cárcel, Luis Parodi, dijo a En Perspectiva que había una demanda altísima para contar con los aparatos. Finalmente, luego de un año de intercam-bio con el INR y una serie de “acuerdos” con los reclusos sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con los celulares, se habilitó su uso.
Parodi dijo que el resultado ha sido “formidable”. “Es un vínculo con el exterior que alivia enormemente la interna. Es una válvula de escape. Tiene más venta-jas que desventajas. La disyuntiva es que el celular puede ser mal usado. ¿Es posible que puedan usarlo de forma correcta? Esa es la discusión que hay que dar. Yo creo que si”, preguntó.
"El no dar el celular implica, que el celular va a estar igual porque la necesidad de comunicación es impresionante. El preso aumenta su necesidad de comunicación, entonces empieza la tranza, la entrada por el costado y los líos internos porque cualquier celular que entre es una fuente de poder. Todo eso uno lo evita", dijo.
El director de Punta Rieles se mostró partidario de limitar el uso de celulares sólo en casos específicos, como el de los narcotraficantes o estafadores. “Hoy no hay celular para nadie. Y debería ser al revés. Celular para todos, con excepciones. Si se lo prohíbo a todo el mundo es como si yo le sacara el auto a todo el mundo porque hay accidentes de tránsito”, ejemplificó Parodi.
Además dijo que es posible permitir el uso de celulares sin cámaras o sin internet para utilizar WhatsApp. “A un gurí que está estudiando en la cárcel, ¿no le das una tablet, o un celular? A los que trabajan en la bloquera de Punta de Rieles y necesitan vender, ¿no les das un celular?”, preguntó Parodi.
El director sostuvo que los típicos casos de extorsión y de estafa a través de celulares en los que se fuerza a la familia de otro recluso a realizar un giro de dinero, se han hecho “históricamente” aunque no hubiera aparatos, muchas ve-ces durante las visitas de los familiares. “Por cinco reclusos que hagan estafas, no le vamos a prohibir el celular a todos”, sostuvo.
Cómo se procede
En Punta Rieles hasta ahora se han detectado algunos casos de extorsión, amenazas y violencia hacia las parejas de los reclusos. La cárcel no monitorea permanentemente los celulares. Cuando recibe una denuncia o tiene indicios de alguna actividad delictiva el caso se remite al Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario que puede solicitar a la Fiscalía la interceptación del celular.
Si se prueba un delito la persona puede ser expulsada de la cárcel de Punta Rieles, que tiene un régimen de seguridad media.
Según Parodi, en países nórdicos como Suecia y Finlandia los reclusos tienen acceso a celular. “La lógica es integrarlos a la vida sin ser ingenuos”, dijo.
“Si se piensa que no hay nada que hacer con los reclusos, hay que eliminar el celular. Es una cuestión ideológica. Pero si partimos de la base de que hay que bajar la reincidencia para aportar a la seguridad, hay que poner todo arriba de la mesa. Históricamente estuvieron encerrados. No hemos avanzado. Hace 200 años se le niega el celular ¿se ha avanzado? Posiblemente si se permite el uso de celular, pase algo. Pero ahora sin el celular, también está pasando” finalizó Parodi.
Petit opinó que los celulares suponen un tema complejo, ya que pueden jugar un rol positivo o negativo según el contexto. “Cuando hay caos, hasta un escarbadientes es peligroso”, dijo Petit a En Perspectiva. Según él, tanto los teléfonos como otros elementos tecnológicos pueden tener un valor educativo y de integración, siempre y cuando el sistema donde estén insertos sea sólido.
Petit manejó una condición que también comentó Gadea en su declaración original: que se implementen sistemas para auditar los celulares y comprobar que no se los esté empleando con fines delictivos.
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Foto principal: Unidad Nº1 de Punta de Rieles. Crédito: Presidencia
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