Foto: Ricardo Antúnez, adhocFOTOS
Una vieja polémica por las Asignaciones Familiares volvió a instalarse en la agenda política.
La semana pasada, el Ministerio de Desarrollo Social anunció que a partir del jueves, 4 de agosto, iba a suspender unas 11.500 Asignaciones Familiares a beneficiarios cuyos hijos no están concurriendo a la escuela, a los liceos o a UTU.
Luego de conocerse la medida, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, salió a la prensa a mostrar su preocupación. Argimón pidió una reunión con autoridades de la ANEP y del BPS para conocer qué ocurre con esos niños y esas familias después de que se les interrumpe la asignación.
El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, por su lado, fue enfático en remarcar que “no va a haber marcha atrás en la decisión”.
"El mensaje que damos, si hacemos la vista gorda, es hipotecar el futuro de esos menores", alegó el ministro. "Yo no estoy dispuesto a hipotecarlo. Prefiero adoptar una medida antipática, tomando acciones proactivas para que se regularice cuanto antes y se levante la suspensión, que dar una señal de que no es lo mismo que vayan a los centros educativos o que no vayan", continuó.
Si bien el corte de esta prestación en estos casos está previsto por ley, ya en el gobierno del Frente Amplio había discrepancias entre autoridades sobre si aplicar o no esta medida.
¿Cómo se implementa esta suspensión de las Asignaciones Familiares?
¿Qué efectividad tiene esta medida?
Conversamos En Perspectiva con el economista Antonio Manzi, Director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social.
Destaques de la entrevista:
- "Por la situación extraordinaria que estábamos viviendo y porque no estaban las escuelas funcionando en situación regular, en 2020 no se podían aplicar estos controles y también en el primer semestre de 2021, que fue el pico más grave, no se llevó adelante por esta razón".
- "La oferta educativa está funcionando normalmente, entonces no tenemos instrumentos para no aplicar esto. En lo que respecta a la parte económica, para los hogares que están en situación de extrema vulnerabilidad económica, en caso de que estén dentro de este universo de estar suspendidos y que no regularicen su situación, igual cuentan con el apoyo de la tarjeta Uruguay Social. Ahí no se le quita porque es una transferencia sin contraprestación pero sí está focalizada, tanto en el tema vulnerabilidad como la posibilidad de utilizarla en productos de primera necesidad".
- "Desde el aviso hasta que se efectivizó la suspensión, se pasó de "11.500 a 10.790″ usuarios a suspender, "no es un impacto muy grande. Ahí creemos que, más allá del comunicado que pueda brindar BPS, tenemos que tomar medidas más proactivas de contactarnos directamente con las familias y ahí el BPS está trabajando para indicarles directamente a través de un sms o un mail. Nosotros desde el ministerio, lo que estamos haciendo desde el sistema de atención ciudadana es poner un sistema de notificaciones. Si la persona se acerca a una oficina, llama al 0800 del Mides, o está en un programa que está haciendo acompañado, le avisa al técnico que está trabajando con esa familia para que pueda ir a regularizar su situación".
- "El 77% de los alumnos en esta situación tienen más de 13 años".
- "Las razones por las que los jóvenes dejan de ir al liceo son multifactoriales. Por temas económicos, por cuidados en el hogar, desinterés, etc".
- "Estas 10.792 personas que van a ser suspendidas representan menos del 3% de todo el universo de beneficiarios. Entonces, más allá de que tal vez con estas personas no podamos revincular al sistema educativo al total, la señal para todos los demás es que sí, este control se está aplicando".
- "También es importante apoyar a aquellos que sí están haciendo un esfuerzo importante para poder enviar a sus hijos a los centros educativos".
