Desde la audiencia, se cuestiona los supuestos de una interpelación sobre el desempeño de un ministro basada en hechos puntuales, sin considerar el contexto, y sin los elementos para evaluar la gestión propiamente dicha, señala el oyente.
Escuchando y viendo la interpelación al ministro Eduardo Bonomi, y teniendo presente el discurso de los legisladores interpelantes que, según se había anunciado, tenía como propósito cuestionar la gestión del ministerio, me interesó reflexionar con respecto a cómo haría yo para evaluar la gestión de un ministerio, ya que no es posible evaluar la gestión de un funcionario –por mayor que sea su jerarquía– sin tomar en consideración toda la estructura que rodea a ese funcionario, sea ésta muy estrecha o alcance a la totalidad de la cartera.
Entendiendo por gestión el conjunto de actividades que desarrolla una organización en un determinado ámbito físico y jurídico con el propósito de lograr objetivos predeterminados, su evaluación debe estar dirigida a:
a) considerar si la naturaleza y calidad de los recursos materiales, tecnológicos y humanos empleados son apropiados,
b) juzgar la adecuación de la estrategia elegida para lograr los objetivos con los recursos disponibles,
c) evaluar la calidad de las actividades de dirección, supervisión y control de las tareas del personal y
d) evaluar en qué medida se ha logrado los objetivos.
Evaluar la gestión no significa considerar si los objetivos son o no adecuados en las circunstancias. A los objetivos se supone que los fija la autoridad máxima correspondiente y, si se pretende cuestionarlos, es necesario hacerlo en el momento pertinente ante quienes han apoderado a esa autoridad a fijarlos (en español antiguo); en este caso sería en las elecciones nacionales.
Consecuentemente, para evaluar la gestión del ministerio debería tenerse presente cuáles han sido los objetivos establecidos y los plazos en que deberían cumplirse, cuáles los recursos empleados, cuál la estrategia utilizada, cómo han sido ejercidas las funciones de dirección, supervisión y control y, finalmente, en qué medida los objetivos han sido cumplidos.
Naturalmente, para evaluar la gestión del Ministerio del Interior, como de cualquier organización, es necesario contar con muchísima información, mucha competencia y mucho tiempo. Es evidente, entonces, que la evaluación de la gestión de un ministerio no puede ser realizada en una sesión de un cuerpo parlamentario, y de hecho nunca será posible realizarla.
Entonces, ¿qué podría haber hecho el Senado de la República? Creo que podría haber solicitado al ministro que presentara al cuerpo una autoevaluación de su gestión, con la mayor cantidad de información posible, y –en base a ese documento– haber hecho un análisis crítico exhaustivo de los diferentes elementos de la gestión realizada y, eventualmente, solicitado un examen independiente sobre la veracidad de la información contenida en la autoevaluación. Tengo entendido que nuestro derecho positivo no prevé una tarea de control externo como la mencionada.
Entonces, los legisladores opositores al gobierno anuncian que harán una evaluación y, a priori, un cuestionamiento de la gestión del ministerio.
En verdad, lo que escuché de los legisladores interpelantes fue:
a) Una lista de hechos puntuales en los que, según sus informaciones, el ministerio habría tomado decisiones inapropiadas o violatorias de las normas legales y constitucionales. El senador Bordaberry mencionó varios hechos de este tipo, y cooperaron en ese sentido otros legisladores. A su turno, el equipo ministerial respondió a las críticas realizadas. Y de ahí no es posible sacar ninguna conclusión respecto a los hechos puntuales, porque no se presentan pruebas documentales ni testimoniales.
b) Datos numéricos con respecto a hechos delictivos de diversa índole. Ni el ministerio ni los legisladores interpelantes presentaron garantías de los datos presentados. En caso de existir diferencias emergentes del uso de diversas fuentes o de los criterios utilizados para clasificarlos o asignarlos a periodos, naturalmente no hay forma de establecer en qué parte se encuentra la exactitud o el error.
Como se puede apreciar, lo que se escuchó en la interpelación no tiene nada que ver con lo que anteriormente expusimos como procedimiento de evaluación de una gestión.
Los hechos puntuales presentados como violaciones de normas, sean o no reales, no afectan en mi opinión la calidad de la gestión ya que una buena gestión no es la que no viola ninguna norma sino aquella que logra sus objetivos dentro del marco normativo correspondiente.
Los datos numéricos con respecto a delitos no son generalmente producto de la gestión (deficitaria) del ministerio. En la interpelación se habló principalmente de homicidios. Estos pueden ser el resultado de muy diferentes circunstancias: pueden ocurrir como resultado de una rapiña, motivados por enemistades personales, por incidentes callejeros, por incidentes en competencias deportivas, por conflictos familiares, por asuntos sentimentales, por ajuste de cuentas entre bandas de delincuentes (que naturalmente hacen justicia por mano propia porque no pueden acudir a la Justicia), etc. Para evitar que se produzcan la mayoría de los homicidios, sería necesario que la policía estuviera presente en los lugares y en los precisos momentos en que ellos se producen. Obviamente, no es posible.
Lo que sí es responsabilidad del Ministerio del Interior es detener y llevar a la Justicia a los delincuentes y, en menor medida, prevenir que no se produzcan algunos delitos como rapiñas, por ejemplo. No se habló en la interpelación de la eficacia del ministerio en detener a delincuentes o prevenir rapiñas. Es posible pensar que en ese aspecto, no hay falta de satisfacción.
Entonces, la evaluación de la gestión se encara por la cantidad de homicidios cometidos que, como hemos dicho, el Ministerio no tiene la mínima posibilidad de evitar en la mayoría de los casos. Lo que le corresponde es detener a los homicidas y llevarlos a la Justicia. De ello no se habló en la interpelación.
Lo expresado es lo que en la interpelación se relacionó con el Ministerio del Interior, hasta que mi atención pudo estar asociada a la misma. Si los legisladores quedaron fatigados después de doce horas de intercambiar ofensas, yo me retiré de la computadora mucho antes, ya hastiado de tanta superficialidad y falta de respeto a la ciudadanía.
Me parece increíble que en nuestro país se pierda el tiempo y se lo haga perder a tanta gente con un propósito no identificado explícitamente (por lo que se pueden hacer diferentes presunciones).
No quiero referirme a ningún legislador en particular pero, en algunos casos, parecía que el expositor se había preparado un ayuda memoria para hablar durante un buen rato aunque no pudiera decir nada de interés. No obstante, el tiempo se insumía con expresiones altisonantes y gestos prefabricados repasando el ayuda memoria con temas de la mayor diversidad. En algún caso, la presidente del cuerpo tuvo que solicitar que se centrara en el tema. Y en algunos casos, todavía el cuerpo autorizó una extensión en el tiempo utilizado. ¿Esto no es incumplir con la responsabilidad asignada por sus electores?
¿Es razonable que treinta y un legisladores, sus asistentes, el equipo de interpelados y sus asistentes en el Palacio y en el ministerio, los funcionarios de la Cámara, los periodistas presentes, los operadores de los medios de comunicación y la gente que, como yo, tiene interés en saber lo que pasa, hayamos estado tantas horas perdiendo el tiempo?
Yo creo que los legisladores deberían reflexionar si el gasto que ocasionan por razones inexplicables no es mayor que lo que gastan con las tarjetas corporativas aquellos que las utilizan. Claro que nadie se ocupa de este gasto ya que está dentro del Presupuesto que los mismos legisladores proponen y aprueban, y es necesario para que viva la democracia.
Sería bueno que algún día a alguien se le ocurra proponer hacer ahorros en los gastos del Parlamento. Seguro que habría muchas posibilidades de bajar el gasto público.
Diego Nelson Sosa
Vía correo electrónico
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