Entrevista con el diputado del MPP Daniel Placeres, quien solicitó la información detrás del reporte difundido por el semanario Búsqueda.
EN PERSPECTIVA
Viernes 23.03.2018, hora 8.40
EMILIANO COTELO (EC) —El reporte que ayer encendió la mecha en torno al uso de tarjetas corporativas en el Banco República (BROU) durante el período de gobierno de Jorge Batlle tuvo su origen en un pedido de acceso a la información pública realizado por el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Placeres.
El primer escándalo sobre tarjetas corporativas tuvo como centro a Ancap, y aquella denuncia terminó siendo parte importante de las razones que llevaron al fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco a pedir este lunes el procesamiento del exvicepresidente de República Raúl Sendic y otros ocho funcionarios.
El diputado Placeres realizó la solicitud al BROU y extendió el período de estudio al inmediatamente anterior a la llegada del Frente Amplio (FA) al gobierno, abarcando el período 2000-2005. Fue ahí donde encontró las irregularidades que incluyó en el informe.
Vamos a conversarlo con él.
¿Es correcta la síntesis que yo hacía recién? Se lo pregunto porque los datos se conocieron primero en Búsqueda ayer y en esa nota de Búsqueda no quedaba 100 % claro si ese informe era del BROU o lo habían elaborado ustedes en base a datos del BROU.
DANIEL PLACERES (DP) —Es correcto lo que dice al final, es un informe que se elaboró en el despacho a partir de un pedido de informes que se solicitó en julio de 2017. En octubre de 2017 nos llegó la respuesta del BROU, que nos aportó dos cajas enormes de información. A partir de ahí se hace un desglose hasta marzo, cuando tenemos terminado el informe. […] el informe tiene la información que aportó el BROU.
EC —Entonces ¿los entrecomillados recogidos en la nota de Búsqueda son del BROU o de ustedes?
DP —No, […] el informe se trabajó en el despacho, no fue un informe del BROU.
EC —Por ejemplo, dice: “En el período 2000-2005 el uso de la tarjeta no es discriminado ni sujeto a regla alguna, no obstante lo cual algunos de los rubros en los que fue usada son absolutamente rechazables”.
DP —Eso es del informe nuestro. Separamos el informe en varios artículos, el informe tiene un índice; el cuerpo central, que es “Uso y abuso de la tarjeta corporativa”, que es el más extenso, en el que hacemos un análisis en general; el segundo, que es un resumen del primero; el tercero, que es una nómina de uso de la tarjeta corporativa; el cuarto, que es el desglose cuantitativo rubro por rubro y director por director de todos los años. El informe hace un quiebre en el 2005, porque el pedido de informe se hace de 2000 a 2016, pero en noviembre de 2005 aparece la reglamentación del uso y usufructo de la tarjeta corporativa. Entonces se hace un análisis de lo anterior y uno de lo posterior.
EC —¿Por qué usted, y por lo visto otros legisladores del FA, tomaron la iniciativa de requerir información a distintos organismos públicos sobre el uso de las tarjetas corporativas abarcando gobiernos anteriores a los del FA?
DP —Primera cosa, no solo los legisladores del Frente hacen pedidos de informes, se hacen en forma general, y sobre las tarjetas corporativas la mayoría de los sectores que integran el legislativo han pedido informes, no es nuevo. Esto como dato relevante. Dentro del Frente, varios legisladores y legisladoras han solicitado informes que tienen que ver con el tema de las tarjetas corporativas, al igual que otros sectores. Lo que estamos haciendo ahora es un análisis de un período más amplio que el nuestro. Porque la pregunta es: ¿qué hacemos con el instrumento?, ¿lo arrojamos a un tacho, lo mejoramos o lo tomamos como una debilidad general de la parte institucional y vemos cómo corregirlo? Creemos que ahora, con esto que pasó, hay que acelerar el tratamiento de la ley de financiamiento de partidos políticos, que tiene media sanción y que está en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados. Nosotros hemos hablado con los compañeros del sector para plantearle al FA y al resto de los sectores políticos que tratemos de acelerar y formar una comisión que amplíe. Me parece que ahora hay organismos, no solo el legislativo, que tratan de llegar a una reglamentación porque esto es importante.
EC —Yo le preguntaba por qué los pedidos de informes sobre uso de tarjetas corporativas antes de los gobiernos del FA. La lectura que aparece de inmediato es: el FA quiso responder con una medida espejo, teniendo en cuenta lo caro que le estaba costando al oficialismo el caso Sendic, todo el énfasis que se estaba poniendo en el uso que Sendic había hecho de la tarjeta corporativa de Ancap. Como que ustedes quisieron mostrar que eso no era algo extraño en la política uruguaya, que también blancos y colorados habían hecho lo mismo. ¿Esa fue la intención?
DP —No, para nada. Cuando a alguien se lo acusa de algo y pasa determinada situación, creo que debemos tomar un período más amplio para hacer un análisis mucho más objetivo. Acá el objetivo no es poner la lupa en el otro a partir de lo que pasó con alguien de la fuerza política FA, el hecho es analizar porque globalmente, a nivel general, no teníamos el dato anterior, yo no lo tenía. Entonces decimos: analicemos un período mucho más amplio que el nuestro para verificar que realmente el error no parte solo de un sector. Esto demuestra que hay un error, que el sistema tiene que hacer una autocrítica, que hay que corregirlo rápidamente y reglamentar cosas que no están, que se empiezan a reglamentar a partir de determinado período.
EC —¿Cuánto juega el hecho de que usted mismo ha estado en la picota, usted mismo ha estado en el banquillo de los acusados, por ejemplo por negocios con Venezuela o por los créditos del Fondes a Envidrio? ¿Cuánto pesa eso?
DP —A mí no me pesa nada. Usted me conoce, usted me llevó a su programa un día y tuvimos una charla larga. A mí no me pesa nada eso. La verdad, hoy lo decía en otro medio de prensa, en la figura mía no están ni el odio ni el revanchismo. Yo vine acá y tengo un instrumento como el pedido de informes. Quizás la pregunta no me la tenga que hacer a mí, quizás haya que hacérsela a otros actores políticos, preguntar qué pasó que antes no se pedía esto. Este es mi primer período acá [en Diputados] y me parece interesante este detalle, es una información que la opinión pública tiene que conocer y analizar. A partir del 2008 tenemos una ley de acceso a la información, cualquier persona física puede solicitarle a cualquier institución la información que requiera y puede hacerla pública. Me parece que eso ha mejorado el caudal de información. A mí, a Daniel Placeres, por estar en la picota no me pesa nada. Si yo me detuviera por estar en la picota en lo que me toca personalmente, no avanzamos.
EC —Pero ¿por qué eligió el BROU en particular para averiguar sobre el uso de las tarjetas corporativas?
DP —Es un error que sale en la prensa. Yo no elegí el BROU, yo hice un pedido de informes a tres instituciones, el Banco Hipotecario del Uruguay (bhu), el BROU y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que era donde me interesaba saber qué pasaba con la tarjeta corporativa. La CND, por un tema de derecho público-privado, no me puede responder como legislador, entonces voy a ampliar el pedido de informes por la ley 18.381, de acceso a la información. Pero como legislador sí me amparé en los pedidos de informes al BHU y al BROU. Por el BHU, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) ya me ratificó que los directores no tienen uso de tarjeta corporativa. Y quien me dio la información de que sí tenía fue el BROU, de los tres organismos a los que les pedí. Sectores de la oposición pidieron informes sobre el uso de las tarjetas corporativas a UTE, a Antel. A mí se me ocurrió por este lado.
EC —¿Tenía alguna pista de estos comportamientos de estos directores blancos y colorados?
DP —Hay alguna pista. No solo por eso pedí, porque más que nada en CND tengo una pista.
EC —Le había llegado información.
DP —¿Sabe por qué tenía una pista, ya que he estado tanto en la picota? He estado en la picota por los fondos púbicos. Y tenía una pista… yo hice un pedido de informes mucho antes, en febrero de 2017, sobre el uso de los préstamos del BROU para actividades privadas. Había un [encare] enorme de dinero que se iba de 1995 a 2006. Yo pedí del 1995 a 2016 y separamos el trabajo 1995 al 2006 y 2007 al 2016. Hasta el 95 no se contó con datos sistematizados de solicitudes de préstamo, habían prestado pero los préstamos no estaban sistematizados en la base informática del banco. A partir del 95 surge la información. Una pregunta que uno se debe hacer es qué pasó en 85-95. A partir de ahí tenía una [pesquisa], porque cuando surge esto de las tarjetas corporativas nos preocupamos preguntando qué pasó con las tarjetas corporativas o las decisiones de las direcciones.
