Entrevista con el politólogo Daniel Chasquetti sobre el pedido de procesamiento contra Raúl Sendic.
EN PERSPECTIVA
Martes 20.03.2018, hora 8.41
EMILIANO COTELO (EC) —El fiscal Luis Pacheco pidió este lunes el procesamiento sin prisión del exvicepresidente de la República Raúl Sendic y de otros ocho exfuncionarios de Ancap a raíz de las denuncias que se habían presentado por la gestión del ente entre los años 2010 y 2015.
El pedido del fiscal comprende al expresidente de Ancap José Coya y a los exdirectores frenteamplistas Germán Riet y Juan Gómez, pero asimismo a uno de los integrantes del directorio en representación de la oposición, Juan Justo Amaro, del Partido Colorado (PC). A su vez, los gerentes Manuel González, de ALUR; Luis Romero, que fue gerente de la División Pórtland; Eduardo Goldsztejn, jefe de mantenimiento de la División Marítima, y Ricardo Lemes, integrante de la Jefatura de Operaciones Marítimas, también están comprendidos, aunque con diferentes delitos.
En el caso particular de Raúl Sendic, se le tipifica el delito de peculado por su uso de las tarjetas corporativas de Ancap y por dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos por la ley a raíz de la vinculación que Ancap estableció con dos empresas, Trafigura y Exor.
¿Cómo hay que leer esta noticia? ¿Qué impacto tiene en el tablero político de nuestro país?
Vamos a conversar con el politólogo Daniel Chasquetti, integrante de las Mesas de Análisis Políticos de En Perspectiva.
Te pido una primera consideración para después ir charlando punto por punto.
DANIEL CHASQUETTI (DC) —Esta noticia puede analizarse desde múltiples perspectivas. La primera que me animaría a desarrollar es cómo impacta en el funcionamiento de nuestra democracia. Respecto a esto yo diría que hay dos lecturas, una mala, pesimista, y otra un poco más optimista.
La lectura pesimista es que el dictamen del fiscal confirma las denuncias que se habían presentado, esto alcanza a dirigentes políticos de primer nivel, como nuestro exvicepresidente, alcanza a más de un partido, y muestra que también un conjunto de servidores públicos que se desempeñaban en funciones de alto nivel, en gerencias, se comportaron de manera indebida, tomaron decisiones de manera improvisada, cuesta creer que algunas cosas se hayan hecho. Todo esto daña mucho la confiabilidad o la confianza del público en el sistema político, esto. Es una bomba que todos sabíamos que iba a estallar, lo estábamos esperando, el año pasado pensábamos que el dictamen se conocería a fin de año, pero se extendió y ahora en marzo lo tenemos sobre la mesa.
EC —Fueron dos años de actuaciones judiciales.
DC —Exacto. Yo sé que algunos no están contentos porque esperaban más, otros tal vez estén preocupados porque esperaban menos, pero lo cierto es que el dictamen está ahí, hay nueve acusados, hay argumentos, la jueza va a trabajar con el dictamen y es probable que tengamos condenas. Hay que esperar.
Y la lectura optimista podría venir por el lado de que la noticia es que las instituciones funcionan, están funcionando, y eso es lo bueno para la democracia. Recién el senador Delgado hizo una breve historia: esto comenzó con denuncias, luego una investigadora, más tarde la presentación de las 22 denuncias que luego se agruparon en seis ante la justicia, el trabajo de la justicia y finalmente el resultado que hoy tenemos. Desde esa perspectiva tenemos una democracia funcionando y esto es una señal muy fuerte para quienes hoy ejercen cargos públicos, una señal que dice que hay que hacer las cosas bien, que no se puede improvisar, que hay que hacer las cosas de acuerdo a la regla. Algunos dirán que acá nadie se enriqueció, dato sobre el cual no se ha hablado mucho…
