Entrevista con el senador José Amorín Batlle (Proba, PC).
EN PERSPECTIVA
Viernes 29.07.2016, hora 8.18
EMILIANO COTELO (EC) —Conocer el saldo de las cuentas bancarias una vez al año. Saber cuánto se gasta en tarjetas de crédito, en el colegio de los niños o en el club. Estas son todas potestades que la Dirección General Impositiva (DGI) tiene o puede tener en breve y que, en general, provocan recelo entre los contribuyentes.
Como una manera de contrarrestar esas nuevas potestades del fisco, el senador José Amorín reflotó un proyecto de ley que había presentado en el año 2010 y que crea la Carta de Derechos del Contribuyente.
¿De qué se trata ese texto? ¿Cómo “protegería” a los ciudadanos?
Para averiguarlo, recibimos al senador José Amorín.
Este proyecto no es nuevo, usted lo armó en el año 2010.
JOSÉ AMORÍN (JA) —Para ser justo, ni siquiera lo armé yo, lo armaron el Colegio de Contadores y el Colegio de Abogados y fue presentado por varios senadores. Yo recogí lo que hicieron ellos.
EC —Entonces, ¿por qué no pasó nada entonces? ¿Por qué lo rescata ahora?
JA —El panorama que está planteado es que la Impositiva ha crecido en sus potestades en forma impresionante en los últimos tiempos. Y si tengo que hacer un poquito de historia, diría que en el siglo XX, para llegar hasta fines de 1990 y pico, la Impositiva recaudaba poco y había una tasa de evasión muy importante. Eso no es bueno, claramente es malo, el viejo ejemplo de los diez amigos que van a la pizzería, piden todos y tres “me llamó mi mujer”, “me olvidé de la billetera”, al final los que pagan son siete y por lo tanto pagan más. Si hay mucha gente que no paga, los que pagan tienen que pagar más. Eso está mal, es injusto y lo que tiene que hacer un Estado que funcione bien es tratar de que paguen todos los contribuyentes para distribuir la carga del Estado entre todos.
Fue así que en el año 2002 empezamos a trabajar. En mi despacho hicimos muchas reuniones con autoridades de la Impositiva, en aquel momento con Hernández, que después fue director de Rentas, para ver cómo se podía modificar eso. Y en el 2003 hicimos una ley, que fue, creo, la última reforma del Estado interesante que hubo. Se reformó la Impositiva, se dio exclusividad, se dieron mejores sueldos, la Impositiva cambió. De ahí en adelante la Impositiva empezó a tener más facultades, los funcionarios mucho más entusiasmo, tienen exclusividad, ya no tienen empresas privadas a su cargo, y la Impositiva se hace mucho más eficiente y recauda mucho más.
Junto con eso, empiezan en Uruguay una cantidad de medidas para que la Impositiva tenga más datos de los contribuyentes. Y en el mundo aparece la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), a la que hasta hace diez años nadie le daba importancia, ni sabíamos lo que era, y hoy es el Fondo Monetario de las décadas anteriores.
EC —Está buena esa comparación, ha adquirido un poder enorme.
JA —Es el club de países ricos que nos dicen lo que tenemos que hacer. O sea, aquel Fondo Monetario afectaba nuestra soberanía, esta OCDE afecta nuestra soberanía, nos dice “tienen que hacer esta ley” y la hacemos.
EC —Incluso cambiando criterios, con un fervor por recaudar en cada uno de los países que antes no existía.
JA —Con la crisis del 2008 los países ricos empiezan a ver dónde juntar plata y empiezan a aplicar el criterio de la renta mundial. Uruguay siempre aplicó –porque nos conviene– el criterio de la territorialidad, los impuestos se pagan donde se generan, entonces las inversiones extranjeras que venían pagaban impuestos acá. Estos quieren la renta mundial, y Uruguay, que históricamente tuvo el criterio de la territorialidad –con un tributarista muy conocido, que fue Valdez Costa–, cambia. De un día para el otro cambia y de un día para el otro, para justificar eso, empezamos a cobrar impuestos a los depósitos de los uruguayos en el exterior, que es nada, cero. Porque los depósitos de uruguayos en el exterior, según las estimaciones más amplias, son US$ 8.000 millones, el interés que pagan los bancos es de menos del 1 %, pero si fuera el 1 % son US$ 80 millones, por tanto el 12 % que tienen que pagar son US$ 9,6 millones de recaudación anual, o sea, nada. Pero Uruguay para justificar hace eso.
Y el Gobierno, desde mi punto de vista, cede ante las presiones de la OCDE con demasiado entusiasmo, se apura a ceder. El ejemplo más claro para mí es el tratado de información tributaria con Argentina. La OCDE primero nos dice “para salir de la lista gris tiene que hacer tratados de intercambio de información tributaria con seis países”. Y los hacemos con nadie, con países con los que no teníamos ninguna vinculación de nada, y cumplíamos con la OCDE. Pero la OCDE dice “no, ahora quiero con 12”, nos va moviendo el arco.
EC —Y además se aclaró que tenían que ser países con una vinculación relevante.
JA —Claro, después nos piden con países relevantes. Entonces afecta a Argentina, porque seguramente hay muchas inversiones de argentinos en Uruguay y el Gobierno argentino en ese momento tenía especial interés en saber qué había. Nosotros le decíamos al Gobierno: “No hagamos un convenio con Argentina, con Argentina ya tenemos muchos convenios –el Tratado del Río de la Plata, el Tratado del Río Uruguay–, expliquémosle a la OCDE que no cumplen con ningún tratado de los que tenemos, así que no podemos hacer un tratado con ellos, y seguimos permitiendo el flujo de inversión de los argentinos acá”.
Porque no es solamente evitar la evasión. Hay muchos casos en que los gobiernos, a través de la Impositiva, persiguen a quienes no piensan como ellos. El caso de Argentina era notorio, perseguían, por ejemplo, a órganos de prensa que no pensaban como ellos. Dijimos “no lo hagan”. Se hizo y notoriamente se frenó la inversión argentina, por ejemplo en Punta del Este, en Colonia. Una inversión que venía muy fuerte se frenó totalmente y se perdieron miles de puestos de trabajo.
