Entrevista con Carlos Díaz, secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
EN PERSPECTIVA
Martes 22.03.2016, hora 8.41
EMILIANO COTELO (EC) —La Secretaría Antilavado iniciará inspecciones masivas a casinos, inmobiliarias y estudios jurídicos en el entorno del 1º de julio.
La noticia, publicada por La Diaria, recuerda que la ley de presupuesto del año 2015 amplió los cometidos y el nombre de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Ahora, ese organismo, que es encabezado por Carlos Díaz, deberá controlar a todo el sector no financiero (o sea, inmobiliarias, empresas constructoras, casinos, escribanos y rematadores, entre otros). Hasta ahora esa potestad correspondía a la Auditoría Interna de la Nación, pero que ésta no la ejercía efectivamente, según comentó Díaz.
¿Por qué se introducen estas transformaciones? ¿Cómo se llevarán a la práctica estos controles? ¿Qué otras herramientas hay en carpeta para combatir el lavado de activos? De estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con Carlos Díaz.
Creo que es imprescindible hacer, rápidamente, una definición básica de lavado de activos.
CARLOS DÍAZ (CD) —Para hacerlo sencillo: es el por lo menos intentar darle carácter legítimo a activos obtenidos de forma ilegítima.
EC —¿Ejemplos?
CD —Por ejemplo, [activos adquiridos] a través de narcotráfico, trata de personas, estafa… En Uruguay hay un gran elenco de delitos que en nuestra jerga son llamados “precedentes” al lavado de activos.
EC —¿Desde cuándo nuestro país tiene una secretaría ocupada en el combate al lavado de activos?
CD —La secretaría está desde el año 2009.
EC —¿Y por qué ahora, con esta ley de presupuesto, se introducen estas variaciones que vamos a comentar ahora?, ¿por qué se cambian las atribuciones de la secretaría?
CD —En general lo que ha habido es un cambio en las reglas internacionales. El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, es el organismo que prácticamente está regulando la inserción de los países a las actividades económica-financiera en el mundo. A partir del año 2012 estableció nuevas recomendaciones -o exigencias, si usted quiere- que hacen que los países ya no solo deban cumplir con los aspectos normativos -me refiero a tener normas, leyes-, sino que también deban demostrar que efectivamente están cumpliendo con esas normas y leyes. Lo tienen que demostrar a través de estadísticas que cada uno tendrá que exhibir en oportunidad de la evaluación que le sea practicada por el GAFI en nuestra región.
EC —¿Estos cambios obedecen básicamente al marco internacional o también a un análisis que se había hecho dentro de Uruguay en cuanto a que los controles no eran suficientes?
CD —Las exigencias internacionales generalmente van acompasadas con las necesidades nacionales. Hay reuniones permanentes, es algo que se va siguiendo de forma permanente. La necesidad de que un país cuente con un blindaje importante en materia de prevención -que es realmente donde entra este control de los sujetos obligados no financieros- ya hace también a la necesidad del país de ponerse a salvo de capitales que tengan por detrás una serie de dolores de cabeza que están existiendo en el mundo desde hace 25 años.
Yo siempre digo: las nuevas exigencias confluyen con las necesidades del país. No hay nada que pueda molestar en el sentido de que no sea aplicable.
EC —¿A qué tipo de actividades controlaba directamente hasta ahora la secretaría?
CD —La secretaría no estaba ejerciendo un control directamente. Lo que viene sucediendo es que Uruguay ya por el año 2006, en función de sus características en cuanto a país chico con escaso lobby internacional, intentó insertarse en este mundo de las finanzas internacionales a través de grupos regionales. En el grupo que nos agrupa, que en ese entonces era GAFISUD y ahora es GAFILAT -que abarca de México hacia el sur-, Uruguay fue ocupando distintos cargos hasta llegar incluso a la presidencia de este grupo, un poco por dedicarse técnicamente al estudio de estos temas,. Ahí visualizábamos las brechas que podíamos tener en relación con estas nuevas exigencias.
Uruguay es un país que de acuerdo a su última evaluación, que fue hecha en base a las exigencias anteriores, se encuentra muy bien. Pero cuando uno andaba por el mundo veía que para atrás estamos bien pero para adelante podíamos tener algún problema. Entonces decidimos, sin perjuicio de que teníamos una idea bastante clara de cuáles eran esas brechas, contar con el asesoramiento de técnicos internacionales y, si fuera posible, que fueran de los más duros, sobre todo los europeos.
No teníamos recursos directos y logramos convencer al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de que el problema de lavado de activos estaba estrechamente vinculado con el desarrollo, porque el BID generalmente se ocupa de cuestiones de desarrollo. El BID nos financió una consultoría que al cabo de dos años llegó a la conclusión de que el control del sector no financiero debería estar en un organismo cuya tarea sustantiva fuera el lavado de activos.
Es común que las organizaciones que tienen más de una tarea orienten sus recursos hacia las tareas sustantivas cuando están en situaciones límite, y en estos lares las situaciones límite son casi diarias. Entonces nos quedaban dos organismos -la Unidad de Acción y Análisis Financiero del Banco Central y la Secretaría Antilavado- que tuvieran como cultura de la propia organización el tema del lavado de activos. Fue un poco por eso, naturalmente ha implicado…
EC —Una precisión antes: al sistema financiero, ¿quién lo controla?
CD —Lo controla la Unidad de Acción y Análisis Financiero del Banco Central.
EC —Y al sector no financiero, en teoría, lo controlaba la Auditoría Interna de la Nación.
CD —Lo controlaba la Auditoría Interna de la Nación.
EC —Ahora es esta secretaría la que pasa a ocuparse…
CD —De ese rol, de la supervisión del sector no financiero.
EC —¿Y en qué consiste el control, qué atribuciones pasa a tener en ese sentido la secretaría?
CD —Pasa a tener atribuciones fuertes para convocar, supervisar e incluso investigar. Realmente el control consiste en que los sujetos obligados estén cumpliendo con lo que se le llama la debida diligencia.
EC —¿Qué es eso?
CD —La debida diligencia es que estén controlando que en las operaciones en las que actúan no haya un problema de fondos de origen desconocido o de beneficiarios finales no conocidos.
EC —Esa es una apreciación importante: en realidad el control lo tiene que hacer ese agente privado. Por ejemplo, la inmobiliaria o el escribano.
CD —Sí, es que no hay otra forma, así se hace en el mundo entero. Este es un tema que hemos discutido mucho en foros internacionales: no hay nadie como aquel que practica un oficio para determinar si algo le llama la atención o no, es sobre ese concepto básico que descansa el control. Bien podríamos volver a tiempos en los que el Estado trataba de regular todo lo que estaba alrededor de uno pero abarcar una casuística imposible de prever en su totalidad terminaría paralizando todas operaciones.
Las operaciones que pueden ser sospechosas para alguien de afuera, para aquel que está dentro de la operación pueden no serlo. Por ejemplo, si usted sabe o toma conocimiento de que un inmueble fue comprado por US$ 1 millón en la mañana y vendido en US$ 10.000 de tarde, le va a parecer una operación sospechosa. Pero si el interviniente sabe que lo hizo el padre, que lo compró de mañana para hacerle un obsequio a su hijo, que se va a casar, él va a establecer en el formulario de registro esa situación y no le va a parecer que sea una operación sospechosa.
Eso sucede en todos los sectores de actividad en los que el control descansa sobre el conocimiento del oficio, de la profesión, que es el que le indica si está o no frente a algo llamativo.
EC —Lo que la secretaría que usted encabeza hace, a partir de ahora, es controlar que ese privado hace los controles.
CD —Controlar que se controle, digamos.
EC —Controlar que se controle.
CD —Esos controles de cada operación se registran y deben ser conservados cinco años. Es nada más que eso.
EC —¿Y cómo estamos en Uruguay en cuanto a esos controles, estadísticamente?
CD —Estadísticamente estamos mal, no estamos lo suficientemente bien. Vale la pena decir que prácticamente en todo el mundo se está en una situación similar. Son sectores que no están acostumbrados a hacer el control, que pueden tener algunas carencias incluso en materia de formación. Pero el trabajo es precisamente juntarse con ellos y tratar de ir rápidamente al objetivo fundamental que se ha planteado la secretaría: el cumplimiento voluntario. Aquí no se trata de sancionar gente ni nada por el estilo sino de tratar que el país cuente con un blindaje, que si hay alguien en cualquier lugar del mundo dice: “Bueno, yo quiero ir a lavar dinero”, descarte a Uruguay porque encuentre allí un ambiente hostil como para hacerlo. Eso solo lo da el hecho de que sepa que hay controles que no le van a permitir realizar la operación o que, si se le permite hacerla, esa operación va a ser reportada. No hay otra forma.
EC —Para este control del control ustedes están previendo inspecciones, incluso hablan de inspecciones masivas, ¿qué es eso?
CD —Bueno, es un trabajo que se viene haciendo ya desde hace un tiempo a través de… Se ha fortalecido [a la secretaría] con importantes funcionarios que han venido de otros organismos, sobre todo de la Dirección General Impositiva, con una formación importante en materia de inteligencia fiscal, a efectos de poder hacer eso, controles masivos.
Hay que tener cuidado porque de repente nosotros en nuestra falta de experiencia generalizamos la jerga que utilizamos habitualmente. Tomamos un modelo que es del año 2003, pero que para nosotros sigue vigente, que nos brinda la posibilidad de, con un número no demasiado alto de funcionarios, realizar controles masivos. Es a eso que nos estamos refiriendo, suponemos que irá in crescendo el número de gente controlada.
Hay varias etapas. La primera es la que llamamos “validación”, la cual corre informáticamente, no interviene ni el funcionario ni menos el sujeto obligado o la persona a quien se controla. Luego hay una segunda, que es la de verificación, que es de escritorio, tampoco se sale a la calle a realizar controles. La gran mayoría de las discrepancias que puedan existir van a ser resueltas con citaciones y ese tipo de cosas. Solamente en situaciones de borde se saldrá a realizar inspecciones in situ. Todo esto con un criterio de economicidad, porque lo más caro y costoso es la inspección de campo.
EC —A partir de lo que usted mismo señalaba, de la incorporación de funcionarios, el oyente puede pensar que sigue creciendo la burocracia. ¿Qué tamaño termina teniendo esta secretaría?
CD —No [se ríe]. Son muy poquitos funcionarios, pero además no hay incorporación, precisamente lo que hay son pases en comisión, no hay una sola creación de cargos.
EC —De todos modos, ¿qué tamaño tiene la secretaría hoy?
CD —Está previsto que la secretaría llegue a tener entre 22 y 23 personas.
EC —Usted dice que buena parte del trabajo de control o inspección se realiza desde el escritorio, vía informática. ¿Puede mencionar algún ejemplo?
CD —Si, o sea, la secretaría tiene además una facultad y es que ningún organismo le puede oponer secreto y/o reserva. Esta es una facultad que tiene desde hace un tiempo, que fue pensada para cuando, a la orden del juez, se realizan investigaciones vinculadas al crimen organizado o lavado de activos. Esa facultad es la que le permite a la secretaría crear un banco de datos importante migrando bases de datos de otros organismos para manejar el principal criterio en materia de control, que es el de cobertura. O sea: la idea es que para lograr el cumplimiento voluntario todo el mundo sepa que está en esa base de datos y que en cualquier momento, o de repente nunca, puede surgir un control. Quizás no sea demasiado académico decirlo, pero es un poco saber que todos estamos en el bolillero como para ser controlados.
Todo eso funciona por un lado. Paralelamente está funcionando también un grupo en el que todos los sujetos obligados, a través de sus representantes, están trabajando permanentemente con la secretaría en cuanto al diseño de los controles y la eventualidad…
EC —¿Existe un grupo que representa a estos sectores no financieros que de algún modo coordina con la secretaría?
CD —Si, un grupo que coordina, que está testeando qué es lo que está pasando sobre la realidad y, [evaluando] si es necesario cambiar alguna norma que pueda resultar inadecuada para determinado sector de actividad. No podemos perder de vista que nosotros somos funcionarios públicos y, como bien decía usted, burócratas, en el buen sentido de la palabra, el del deber, y que no conocemos en profundidad las características de cada sector. Qué mejor forma de conocerla que convocar a aquellos que están trabajando en esos sectores.
La verdad es que no hemos tenido ningún tipo de problema, estamos trabajando con ellos, ya desde principio de año empezamos a trabajar, incluso en enero, y esperamos que las cosas salgan lo mejor posible.
EC —¿Hay cambios normativos previstos ya?
CD —No, no hay nuevos cambios normativos. La normativa es adecuada en relación con la gente que hoy está considerada como sujeto obligado.
Sí hay, dentro de ese paquete de nuevas exigencias del GAFI, una serie de cambios normativos por hacer que se pretenden hacer este año. Estas surgirían de una comisión que ya empezó a funcionar y que está integrada por representantes de los tres poderes: la secretaría, la Unidad de Acción y Análisis Financiero del Banco Central, la Prosecretaría de Presidencia, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Este último lo hace a través de la Comisión Especial de legislación sobre crimen organizado y lavado de activos, compuesta por los tres partidos, que forma parte y concurre a esa comisión de modificaciones, que se verá qué es lo que decide o propone como cambios, o qué cambios toma.
EC —¿Para ustedes hay alguno que haya que implementar a la brevedad?
CD —Hay uno que viene desde hace bastante tiempo y es la inclusión del delito fiscal como delito precedente.
EC —¿Qué quiere decir que un delito es precedente de lavado de activos?
CD —El lavado de activos no existe por sí mismo. Usted puede andar con millones de dólares, pero si no se demuestra que el origen de ese dinero es delictivo no se puede tipificar la figura de lavado. O sea, no está en Uruguay ni en la mayoría de los países del mundo la defraudación tributaria como un delito precedente. Se podría… cualquier persona podría…
EC —Defraudación tributaria, el dinero que alguien hace defraudando al Estado en el pago de los impuestos. Ese dinero después hay que formalizarlo de alguna manera, ahí hay un lavado de activos. ¿Qué es lo que está faltando desde el punto de vista legal?
CD —Incluirlo en el elenco de delitos precedentes. Yo hice toda mi carrera en la administración tributaria, hoy por hoy usted puede no pagar ningún impuesto, puede tener penas corporales y estar preso, pero si usted no tiene ningún bien a nombre suyo -yo he visto casos de separaciones de bienes teniendo los bienes a nombre de la esposa- los bienes no se pueden tocar y el Estado no puede hacerse de esos bienes. Esa situación persiste al día de hoy, pero frente al caso de aplicar la figura de lavado de activos, si fuera precedente del lavado de activos, caería, porque estaríamos frene a un caso de lavado.
También quiero decir que esta es una de las nuevas exigencias más duras pero en las que menos quiere transar el GAFI.
La otra exigencia un poco fuerte tiene que ver con el beneficiario final y tendría que ver con que las sociedades no podrían tener como accionistas a otras sociedades.
EC —Sin embargo ocurre con frecuencia que una sociedad es propietaria de otra.
CD —Que a su vez tiene como propietaria a otra sociedad. Es una especie de muñecas rusas: uno saca una y aparece otra. Eso ya no es bien visto en el mundo actual en el GAFI. Naturalmente lo que hay que identificar es a la persona física, directamente, así lo establecen las normas, que es la que está considerada como beneficiaria final de todo el entramado.
Si usted me pregunta por cambios sustanciales, diría que esos son los dos más importantes, capaz que se me escapa algo. Nosotros concurrimos a esa comisión, la coordinamos, es cierto, pero simplemente desde el punto de vista administrativo, somos un miembro más. Esas son un poco las inquietudes que llevamos, que son las que recogemos del GAFI. También se va a encontrar usted allí con jueces que de repente proponen aspectos procesales; yo no tengo formación jurídica y ni siquiera los puedo valorar, pero descuento que deben ser pertinentes.
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Transcripción: Andrea Martínez
