Entrevista con el contador Enrique Canon, director nacional de Aduanas.
Carol Milkewitz/EnPerspectiva.net
EN PERSPECTIVA
Martes 02.08.2016, hora 8.25
EMILIANO COTELO (EC) —¿Corre peligro el proceso de modernización de la Aduana?
El viernes se conoció una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que anula el Decreto de Reestructura Organizativa de la Dirección Nacional de Aduanas, aprobado en julio de 2013.
Desmontar esa reestructura, que forma parte de un plan de modernización financiado por un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y que ese organismo internacional ha calificado como un “modelo” para la región, implicará la caída de 70 puestos de trabajo y una rebaja salarial para 543 empleados del organismo.
Sin embargo, la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) recibió la noticia como una victoria, porque hacía años venía denunciando que la reforma “lesionaba la carrera administrativa” de los empleados de esa institución.
¿Qué consecuencias tendrá la anulación de esta reestructura que se concretará el 16 de agosto? ¿Qué costos tuvo todo el proceso que ahora cae? ¿Cuáles son las alternativas?
Vamos a conversarlo con el contador Enrique Canon, director nacional de Aduanas.
Usted fue un impulsor de esta reforma que ahora en principio cae. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, pero, primero, en qué contexto surgió y por qué se consideraba necesario el proceso de modernización.
ENRIQUE CANON (ECa) —En el año 2006, yo todavía no estaba en la Aduana ni soñaba con ser director de Aduanas, cuando el Consejo de Ministros aprobó una especie de hoja de ruta sobre la modernización de la Aduana. Se inspiraba –se inspira, porque sigue pendiente– en las mejores prácticas aduaneras del continente y del mundo. Y señaló, con relación al desarrollo del comercio internacional –el último código era del 87–, los gaps o las brechas entre la Aduana existente y la que precisaba el Uruguay, un país abierto al mundo, con un desarrollo incipiente pero ahora exponencial de su comercio exterior. Se identificaron cuatro brechas –la normativa, la de recursos humanos, la de procesos y procedimientos y la tecnológica– que había que llenar para que la Aduana se convirtiera en un organismo que hiciera un control eficiente, no solo que facilitara el comercio –la Aduana siempre tiene que controlar, pero puede hacerlo de modo eficiente o de modo ineficiente–, y que a su vez eso aportara competitividad al país. Ahí nació, de la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y técnicos extranjeros que nos ayudaron, la hoja de ruta que luego yo tomé en el 2010 cuando fui designado director de Aduanas y que impulso con mucha convicción.
EC —Este proceso de modernización de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) tiene una cantidad de proyectos. Incluye 60 proyectos. ¿Podríamos resumirlos?
ECa —Los puedo listar: la reestructura organizacional (la que acaba de caer o caerá el 16 de agosto); incentivos por desempeño; precinto electrónico; documento aduanero digital; sistema LUCIA (su donación y actualización, la donación a la aduana de Colombia); sistema integrado de inteligencia aduanera (gestión de riesgo moderna); memorando de ética (hecho con 11 agremiaciones de agentes de comercio exterior); pago electrónico; gestión del cambio; gestión por resultados; ventanilla única de comercio exterior; inversiones en infraestructura (de US$ 10 millones, no atendida por más de 50 años); Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay (recientemente aprobado); acceso Maciel al Puerto de Montevideo (automatizando el ingreso a puerto); operador económico calificado; acuerdos de reconocimiento mutuo con otras aduanas; ingreso de nuevos funcionarios; Comité de Mejora Continua; cuadro de mando integral; sede regional de vigilancia y capacitación. Ahí hay 23 puntos, más o menos.
EC —El viernes una nota de El Observador informó sobre el fallo del TCA y advirtió que caía una reforma en la que se habían invertido US$ 22 millones, obtenidos por un préstamo del BID. Sin embargo, a las pocas horas la DNA aclaró que esa suma –que en realidad es más, son US$ 23.506.841– fue lo que se destinó al proceso global de modernización del organismo, mientras que la anulación refiere solo a uno de los proyectos. ¿Podemos aclarar este punto? Porque acá radicó una de las principales preocupaciones, por lo menos en las primeras horas cuando circuló la noticia.
ECa —Hubo mucha confusión, aportada por falacias, mentiras, verdades a medias. Pero la verdad siempre resplandece.
En infraestructuras se invirtieron US$ 10,8 millones; en equipamiento informático, US$ 3 millones; en el Sistema Uruguay Tránsito Seguro, el precinto electrónico, US$ 1,5 millones –ahí ya estamos en unos US$ 15, US$ 16 millones–, y el resto en distintos proyectos de menor entidad. Uno de ellos es el decreto de reestructura, en el cual trabajaron durante un año y medio o dos técnicos de mucha valía, y otro es el decreto de incentivo por desempeño, que es un hijo menor.
EC —Esos componentes son los que en principio caen con la sentencia del TCA.
ECa —El incentivo por desempeño no, solo el decreto de reestructura de 2013, in tótum.
