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Noticias del miércoles 7 de setiembre de 2022

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Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

El proyecto de ley de eutanasia fue aprobado en la Comisión de Salud y Asistencia Social, de Diputados, con los votos de Cristina Lustemberg y Lucía Etcheverry, del Frente Amplio, y Nibia ReIsch, del Partido Colorado.

Alfredo de Mattos, del Partido Nacional, y Silvana Pérez Bonavita, de Cabildo Abierto, se expresaron en contra.

Los legisladores prevén votar el proyecto en el plenario de la cámara durante la primera quincena de octubre.

A pesar de que la bancada del Partido Nacional pidió postergar la votación al menos por un mes en el entendido de que el tema requería mayor tiempo de análisis, la comisión decidió seguir adelante con la iniciativa por considerarla suficientemente garantista, explicó la diputada Reisch.

"Transcurrieron muchos meses para el profundo análisis y las consultas pertinentes, por tanto desde el mes de agosto que estábamos en condiciones de votar, como lo expresó la diputada Etcheverry, postergamos la votación por un mes y ese es tiempo suficiente para poder tomar una decisión y hacer las consultas necesarias. Por tanto, cuando me plantearon desde el Partido Colorado la posibilidad de extender los plazos me pareció absolutamente inadecuado porque ya es un tema que venimos analizando desde hace mucho y en realidad, personalmente lo tomé más como una chicana para ganar tiempo que para la necesidad real en sí porque ya había sido suficientemente debatido".

La diputada cabildante Pérez Bonavita cuestionó la decisión de no postergar la votación y consideró “un atropello muy grande” que no se citara a las autoridades de Salud Pública a declarar en comisión.

"Realmente esperábamos que este tratamiento se tomara con más seriedad, con más tiempo y con más tranquilidad. No entendimos el apuro que había de parte de los partidos proponentes del mismo. Hay falencias en todo el tratamiento del proyecto, por ejemplo, no citar al MSP. Nos parecía de orden que el órgano rector debía exponer al respecto de cómo se llevaría adelante esta ley en caso de ser aprobada, y también asimismo las autoridades de ASSE. No se permitió que ninguno de ambos lugares asistieran a la Comisión de Salud".

La iniciativa surgió de un proyecto presentado por el diputado colorado Ope Pasquet en 2020, que se fusionó con otro creado por el Frente Amplio en 2021.

Ante la especulación de algunos legisladores sobre la posibilidad de un posible veto en caso de prosperar la ley de eutanasia, en el pasado mes de abril el presidente Lacalle Pou había respondido en rueda de prensa consignada por El Observador: “Conceptualmente, creo que todos somos defensores de la vida (…) Vamos a ver qué alcance tiene y después vamos a ver cuál es la posición del Poder Ejecutivo”.


Cabildo Abierto y el Frente Amplio sumaron sus votos en una sesión especial de la Cámara de Diputados para dejar sin efecto dos proyectos de inversión, uno en Río Negro y otro en Rocha, que habían sido aprobados por los respectivos intendentes, que son del Partido Nacional, y recurridos por las respectivas juntas departamentales.

La votación anuló la construcción de un hotel en la ciudad de Young y un emprendimiento urbanístico en el balneario Garzón, de Rocha.

Ayer llegaron a la Cámara de Diputados y motivaron una larga discusión dos apelaciones contra los emprendimientos referidos, que habían sido aprobado por los intendentes Omar Lafluf (Río Negro) y Alejo Umpiérrez (Rocha) pero, a su vez, habían sido recurridos por las respectivas juntas departamentales por distintos motivos.

En ambos casos se aprobó la impugnación planteada por los ediles, por 53 votos de los diputados.

Según consignó Subrayado, el Partido Nacional transmitió su disgusto al partido liderado por Guido Manini Ríos y replicó con duros discursos a sus socios políticos.

La postura de Cabildo Abierto se debió a las conclusiones de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, dijeron a El País fuentes parlamentarias.

 “Votamos a conciencia y con total libertad, sin ningún tipo de presión”, dijo durante el debate el diputado cabildante Carlos Testa.

El diputado de ese mismo partido Álvaro Perrone afirmó que se actuó “en base al respeto a las normas y defendiendo los intereses de la nación por sobre todas las cosas, sin mirar las banderas políticas”.


La bancada de senadores del Frente Amplio resolvió enviar un pedido de informes a Cancillería para que brinde más detalles sobre la expedición de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. A su vez, remitió a la Fiscalía un documento con consideraciones surgidas a partir de la interpelación. 

"Este tema no terminó", remarcó el senador frenteamplista Mario Bergara en torno a la entrega del documento a Marset cuando este se encontraba detenido en Dubái. 

“No fue un trámite normal, no puede decirse que se ajustó a la normativa”. Esa es la conclusión sobre la expedición del pasaporte a la que llegaron los 13 senadores de la bancada frenteamplista, según el documento que presentaron, en el que aseguran que buscan “brindar información relevante a los efectos de la investigación que de oficio dispuso la Fiscalía”.

La pregunta que “sobrevuela”, según los senadores, es: “¿En qué momento los ministros y subsecretarios de los respectivos ministerios tomaron conocimiento del caso y cuál fue el papel que tuvo cada uno en el proceso de expedición y entrega del pasaporte al narcotraficante Marset?”.

Marcan como “un hecho curioso” que al inicio de la interpelación el canciller “manifestó desconocer quién era Marset antes del mes de marzo del año actual, cuando se emitió una alerta roja internacional” de Interpol, pero al final de la interpelación agregó que “importa aclarar también que cuando decimos que no conocíamos a Marset es claro que no lo estoy diciendo en sentido literal, sino en sentido figurado, porque todos sabemos que el Marset de marzo no es el Marset de octubre. Para nuestro país y para nuestra normativa era Marset en ese entonces -y sigue siendo- un uruguayo con los mismos derechos que otros”.

Para los senadores “no queda claro, por lo tanto, si las autoridades efectivamente sabían o no sabían de la tramitación del referido pasaporte”. De hecho, la duda también la manifestaron en el pedido de informes que hacen a la cancillería.

Según el FA, también es “poco creíble afirmar” que el ministro del Interior no estaba al tanto de la situación, en particular teniendo en cuenta que existían coordinaciones entre la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) y el Comando Tripartito que abarca la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina para investigar a Marset.

Asimismo, dicen que “llama la atención” la comunicación que tuvo el abogado del narcotraficante, Alejandro Balbi, con las autoridades de la Dirección Nacional de Identificación Civil y con la subsecretaría de la cancillería, Carolina Ache. “Resulta extraño pedirle una reunión a una jerarca -de la investidura de una subsecretaria- sin expresar el motivo de la misma”, apuntan los senadores.

Otro punto que sugieren investigar es el de “las múltiples advertencias brindadas por los diplomáticos de Emiratos Árabes Unidos cuando tomaron conocimiento de la situación”, algo que también cuestionan a la cancillería, y piden tener documentación sobre todas las comunicaciones referidas al tema.

Para los senadores del FA “otro hecho llamativo que podría ser de interés para la investigación en curso es que el pasaporte de Marset quedó listo el 25 de noviembre y no se envió en valija diplomática, sino que Sebastián Marset firmó un poder, la sección consular remitió una carta de autorización, un empleado del estudio del Dr. Balbi levantó el pasaporte y se lo entregó a un familiar que había viajado a Uruguay para luego llevarlo a Dubái”.


INTERNACIONAL

La agencia de energía atómica de la ONU urgió a que se establezca una "zona de seguridad" alrededor de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por los rusos desde hace seis meses. La medida es necesaria “para evitar un desastre”.

Tras visitar la planta, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) advirtió en un informe que "la situación es insostenible" y por eso "urge tomar medidas provisorias", como "el establecimiento de una zona de seguridad nuclear" que evite la continuación de los bombardeos en la zona. 

El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, "lamentó" que el OIEA no responsabilizara a Ucrania por los bombardeos y advirtió que si estos no terminan "no hay garantía de que no haya serias consecuencias".

En cambio, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró que el informe "menciona la presencia de material militar ruso en el interior de la central nuclear", algo que Kiev llevaba tiempo denunciando. Zelenski también apuntó que si la zona de seguridad propuesta por el OIEA implica desmilitarizar "el territorio de la planta nuclear”, su gobierno puede  respaldarla.


La Unión Europea anunció nuevas exigencias y dificultades para que los rusos accedan a visas para entrar a su territorio, en la más reciente medida tomada en respuesta a la invasión de Moscú a Ucrania.

La semana pasada los países del bloque ya habían acordado suspender un acuerdo de visas firmado con Rusia y ahora la Comisión Europea formalizó nuevas medidas, que se espera que sean incorporadas rápidamente. 

Estas disponen que aumente el precio que deben pagar los rusos para ingresar a la Unión Europea, de 35 a 85 euros, y que el período de espera se extienda de 10 a 15 o incluso 45 días. 

Además, se restringirán las visas de entradas múltiples, y los solicitantes deberán proporcionar una lista más extensa de pruebas documentales para respaldar sus pedidos.

La Comisión Europea también propondrá que los países de la UE rechacen los pasaportes rusos emitidos en las regiones ocupadas de Ucrania que Moscú intenta anexar.

Algunos países de la UE que limitan con Rusia han comenzado a endurecer los controles fronterizos y piden, lisa y llanamente, una prohibición total de visas. En cambio, Francia y Alemania argumentan que los contactos continuos entre ciudadanos privados rusos y sociedades democráticas seguirían siendo valiosos.


En Estados Unidos, el FBI encontró información nuclear de un gobierno extranjero entre los documentos retirados de la residencia del expresidente Donald Trump, según informó el diario The Washington Post. 

Fuentes cercanas al allanamiento de la mansión de Trump en Mar-a-Lago, Florida, indicaron al The Washington Post que uno de los documentos ultrasecretos incautados describe las capacidades nucleares y la defensa militar de una potencia extranjera.

El nivel de confidencialidad de estos secretos era tan alto que solo el presidente y algunos miembros del gabinete podrían autorizar a otros integrantes del gobierno el acceso a ellos, y únicamente si existía la necesidad de que conocieran su contenido.

El Departamento de Justicia sostiene que esos documentos ultrasecretos "probablemente se ocultaron" para obstruir una investigación del FBI sobre el posible mal manejo de materiales clasificados por el expresidente.


En Paraguay, un periodista murió acribillado a balazos por dos desconocidos frente a la radio en la que trabajaba en la ciudad de Pedro Juan Caballero, cerca de la frontera de con Brasil.

Humberto Andrés Coronel Godoy, de 33 años, fue atacado cuando se disponía a abordar su vehículo al salir de la radio Amambay 570 AM, poco después del mediodía.

El periodista denunció semanas atrás que había recibido amenazas de muerte mediante un escrito en portugués arrojado en el patio de la vivienda de otro colega. El mensaje indicaba: "Humbertito, sabes demasiado. Borra esas cosas que sabes o serás eliminado".

En aquel momento el periodista denunció las amenazas ante las autoridades y dijo desconocer su origen. Según la policía, se le ofreció custodia, pero no la aceptó. Sin embargo, la radio en la que trabajaba sí tenía efectivos policiales permanentes, pero en el momento del ataque no estaban donde debían estar, la puerta del edificio. 

La radio Amambay 570 AM es propiedad de la familia del exalcalde de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, también asesinado en la calle en esa ciudad, en mayo. 

El Sindicato de Periodistas de Paraguay convocó a una manifestación frente al Ministerio del Interior para repudiar el crimen y exigir justicia y seguridad.


En Chile, el presidente, Gabriel Boric, anunció ayer un profundo cambio de gabinete, desprendiéndose de nombres clave que eran muy cercanos a él y designando en su lugar a figuras de centroizquierda.

"Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile, y a este no le ha faltado su dosis. Tenía que doler, y duele, pero es necesario. Es, quizás, creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar, y lo sacaremos adelante, en conjunto, con los chilenos y con Chile". 

Boric reemplazó a su jefa de gabinete Izkia Siches y cambió de ministerio a Giorgio Jackson, uno de sus más estrechos colaboradores, quien ocupaba la secretaría de Presidencia, a cargo de las relaciones con el Congreso.

En lugar de Siches, al frente del Ministerio del Interior y la jefatura de gabinete designó a la politóloga Carolina Tohá, quien fuera vocera de gobierno de Michelle Bachelet y alcaldesa de Santiago. 

En la secretaría de Presidencia el lugar de Jackson pasó a la abogada Ana Lya Uriarte, otra figura cercana a Bachelet. 

El total de seis cambios no solo implica un cambio de nombres sino también de los equilibrios partidarios en el gabinete y el Comité Político, el círculo más cercano a Boric. En particular, crece la representación de lo que se conoce como el Socialismo Democrático, integrado por los partidos que en su momento conformaron la Concertación, con la excepción de la Democracia Cristiana. 

El cambio de gabinete se concretó dos días después de que 62% de la población rechazara un proyecto de reforma de la Constitución y mientras el gobierno busca abrir un nuevo proceso de redacción de una nueva carta magna.

En la tarde, Boric se reunió con los líderes del Congreso y de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, donde se acordó iniciar conversaciones para relanzar el proceso.


En Brasil, el presidente, Jair Bolsonaro, quien busca la reelección, espera hacer hoy una demostración de fuerza, con manifestaciones de sus seguidores y desfiles militares en ocasión de la celebración del bicentenario de la Independencia.

El año pasado la conmemoración en esta fecha estuvo marcado por concentraciones con consignas golpistas y con el propio Bolsonaro jurando ante sus seguidores que "solo Dios" podía sacarlo del poder.

Las encuestas de intención de voto para las elecciones del 2 de octubre lo muestran hoy detrás del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en una campaña que se perfila como la más polarizada en la historia reciente de Brasil.

El desfile militar oficial, que había sido cancelado en 2020 y 2021 debido a la pandemia, tendrá lugar en horas de la mañana en la Explanada de los Ministerios bajo un estricto control de seguridad. Se espera que asistan decenas de miles de espectadores para ver el espectáculo, que será seguido por una movilización cerca del lugar en la que está prevista la presencia de Bolsonaro.

Por la tarde, todos los focos estarán puestos en Río de Janeiro y su playa de Copacabana, a donde Bolsonaro trasladó parte del tradicional desfile militar. 

El presidente tiene previsto saludar en Río a una multitud de motociclistas que programaron una procesión y luego arengará a los manifestantes en una gran plataforma alquilada por pastores aliados de poderosas iglesias evangélicas.

Para no espantar a electores moderados, el jefe de Estado pidió a sus seguidores más entusiastas que eviten las pancartas y consignas que exigen una intervención militar para cerrar el Supremo Tribunal Federal.


En Argentina todavía no se despeja la confusión respecto de qué fue realmente lo que ocurrió en el atentado contra Cristina Kirchner. La policía detuvo a una mujer, presuntamente la pareja de Fernando Sabag Montiel, el perpetrador del atentado.

Los investigadores apuntan a que no se trató del hecho de un individuo aislado sino de un grupo organizado. Y la detención de su novia se produjo luego de que un video comprobara que había estado presente en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner el día del atentado.

Mientras tanto, crece la polémica política, porque la oposición afirma que el gobierno, con su tesis de que lo que llevó al atentado fue “el discurso del odio”, en realidad está promoviendo una política de censura a los medios de prensa y de persecución a los opositores.

Por otra parte, en el ámbito político se especula con que el kirchnerismo intentará capitalizar a su favor la corriente de simpatía hacia Cristina, y que organizará una serie de marchas y manifestaciones, con el objetivo de expresar su creencia en la inocencia de la ex presidente en la causa judicial por corrupción.

La estrategia, según afirman desde el entorno de la vicepresidente, es generar una sensación de que la opinión pública absolvió a Cristina, como forma de presionar a los jueces, que no querrán dictar una sentencia que pueda poner en riesgo la paz social.

Pero mientras tanto, hubo novedades importantes en el plano de la economía. Y también son relativamente positivas para el gobierno. La instauración de un dólar especial para los productores sojeros dio resultado, de manera que se espera recaudar unos 1.000 millones de dólares en tres días.

Esa medida ha sido muy criticada por economistas, porque supone una distorsión del esquema cambiario, que a la larga podría implicar pérdidas para el banco central, porque les compra dólares a 200 pesos a los sojeros para luego vendérselos a 140 pesos a los importadores.

Pero, en todo caso, el efecto de corto plazo ha sido el de descomprimir tensiones, como quedó reflejado en la caída abrupta de todos los dólares del mercado paralelo.

El ministro de economía, Sergio Massa, inició su gira por Estados Unidos también con buen pie: logró destrabar créditos pendientes de parte de organismos de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo, que comprometió la liberación de 3 mil millones de dólares antes de fin de año.

Todo un alivio para un gobierno que tiene necesidades acuciantes de reforzar las reservas del Banco Central. Massa también se reunirá con funcionarios de la administración Biden y con la plana mayor del Fondo Monetario Internacional.

Su intención, después de haber decretado un aumento de tarifas y recortes en el gasto público, es demostrar que, a diferencia de sus antecesores, él sí es un ministro cuenta con autoridad política como para llevar adelante una política de mayor austeridad fiscal y de poder cumplir con las metas comprometidas en el acuerdo stand by con el FMI.

(Corresponsal: Fernando Gutiérrez)


VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL

El presidente Lacalle Pou no está dispuesto a que los clásicos  Peñarol-Nacional se disputen sin hinchas visitantes, según allegados al mandatario citados por el diario El País.

El fiscal de Flagrancia Fernando Romano -a cargo de la investigación de los incidentes del clásico del domingo pasado en el Gran Parque Central- había manifestado, hablando con Subrayado, que le parecía “preocupante” que los controles al ingreso del estadio no hayan podido evitar el “inflable” que simulaba una gallina con los colores de Nacional en la tribuna de Peñarol, además de “banderas alusivas a algún hincha de Nacional fallecido”. Por eso, para Romano, las opciones que deberían manejar las autoridades deberían ser dos: que los clásicos se jueguen “sin parcialidad rival” o en el Estadio Centenario con las dos hinchadas.

El Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, discrepó con el fiscal Romano, argumentando que, dijo en diálogo con radio Universal, “los peores problemas” que han sucedido se dieron en el Centenario, y añadió: “No le sigo el razonamiento (al fiscal), es entregarse, es entregarle el deporte, entregarle una fiesta a un grupo de violentos cuando además se está en camino a ganársela”, sostuvo González.

Según El País, el Poder Ejecutivo también ya tiene postura asumida respecto a que las sanciones impuestas a las personas que son detectadas participando en incidentes en los partidos, deberían ser más duras.


El sociólogo Diego Rodríguez, representante del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET) en la comisión asesora del programa de control del tabaco del Ministerio de Salud Pública (MSP), opinó que un decreto reciente del Poder Ejecutivo está hecho para ir de a poco “desmantelando” el “empaquetado neutro” de cigarrillos, y que fue realizado “a medida de los reclamos de la industria tabacalera”.

Las declaraciones de Rodríguez al diario El Observador, refieren a la flexibilización de la normativa sobre empaquetado y etiquetado neutro de cigarrillos y la habilitación de la venta de de las denominadas “cajas blandas” que habían sido prohibidas por el gobierno de Tabaré Vázquez.

Un decreto aprobado por el presidente Luis Lacalle Pou el pasado viernes, modifica la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo, en lo que respecta al empaquetado y etiquetado de cigarrillos.

Estos cambios venían siendo reclamados por la industria tabacalera, bajo el argumento de que la normativa vigente fomentaba el contrabando.

Rodríguez replicó que, “si el Estado quiere evitar el contrabando, hay un protocolo para la eliminación del comercio ilícito de la OMS (Organización Mundial de la Salud) al cual Uruguay suscribió pero aún no implementa”. Según el sociólogo, ahora todo “queda al libre albedrío de lo que quiera cada empresa”. “O sea”, dijo, “unos pueden poner nailon, otros no; unos pueden usar color corcho para el producto, otros no. Eso rompe con una estandarización”, enfatizó el integrante de la comisión asesora del programa de control del tabaco del Ministerio de Salud Pública (MSP).

En una línea similar se expresó el abogado Gustavo Sóñora, director regional en Control de Tabaco para América Latina de la Union Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (The Union) quien opinó que la modificación hecha por el gobierno actual, que es una “medida de retroceso” porque deconstruye el empaquetado neutro.

Según El Observador, el decreto fue aprobado sin contar con la opinión de la comisión asesora para el control de tabaco del Ministerio de Salud Pública.


La Asociación de Funcionarios del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (AFUL) denunció mediante comunicado que “al menos desde el mes de mayo pasado hasta la actualidad, los controles en algunos alimentos se redujeron en más del 50%. 

Según el gremio, un decreto de este año que entró en vigencia el 14 de junio pasado, “habilita los controles aleatorios y reduce los ingresos económicos del LATU”; añade que “la comisión creada por este decreto aún no se ha expedido para determinar cómo y cuáles productos se verán afectados”.

“Es falsa la afirmación de que los controles se siguen haciendo exactamente como se estaban haciendo”, afirmó el sindicato, a modo de desmentido de “declaraciones públicas vertidas por el presidente del LATU” en ese sentido.

Como ejemplo, el gremio señala que “ya no se realizan los mismos tipos de ensayos microbiológicos a un mismo producto, se redujeron los controles de toxinas en granos y en productos panificados. A nivel nutricional, disminuyeron los controles a los etiquetados de octógonos, afectando la seguridad nutricional del consumidor y por lo tanto su salud. Se han reducido los controles en las harinas fortificadas con hierro, de relevante importancia para asegurar fuentes de nutrientes mínimas en la población”, afirma el gremio.

Tras enumerar otros que considera “recortes muy importantes (que) comprometen la sustentabilidad del laboratorio incluso a corto plazo”, la Asociación de Funcionarios del LATU expresa que está “en defensa” de sus “fuentes laborales”, y agrega: “No conocemos argumentos válidos para estas medidas, ni tampoco sabemos qué rumbo pretenden las autoridades para el laboratorio. Las medidas del gobierno colisionan con la función y misión originarias del LATU”

El sindicato  reclama “revertir estas medidas que”, dice, “son beneficiosas para unos pocos y perjudican a la inmensa mayoría”.


La gestión de la intendenta Carolina Cosse es aprobada por el  52% de los montevideanos y desaprobada por el 27%, según encuesta de la Consultora Cifra realizada entre el 4 y el 14 de agosto y publicada ayer.

Uno de cada 10 no aprueba ni desaprueba y otro tanto no opina sobre cómo se está desempeñando la Intendenta.

Cifra señala que “en las últimas dos mediciones las opiniones se han estabilizado: algo más de la mitad de los montevideanos tienen juicios positivos sobre el desempeño de Cosse y algo más de un cuarto juicios negativos”.

La consultora explica que “los más satisfechos son los residentes de nivel medio alto, seguidos de los de nivel medio bajo. También entre los montevideanos de nivel más bajo la mayoría está satisfecha, pero hay muchos que aún “están esperando a ver qué pasa”, no tienen opinión o dicen que no están satisfechos ni insatisfechos. En el segmento de nivel más alto, en cambio, las opiniones están muy divididas, y es el grupo en el que se registra una proporción más alta de juicios negativos, 42%”.

Por posición política, aprueban la gestión de Cosse 8 de cada 10 frenteamplistas, mientras que entre los votantes de la coalición multicolor, 6 de cada 10 la desaprueban.

“En resumen”, dice Cifra, “esta medición muestra que Cosse logró frenar el descenso de las aprobaciones que se estaba registrando desde el inicio de su mandato y la gestión de la intendencia cuenta con el apoyo de la mayoría de los montevideanos. Los juicios negativos se mantienen en poco más de un cuarto de la población, pero un quinto aún no tiene claro si la Intendenta está cumpliendo con sus expectativas”.


ECONOMÍA Y EMPRESA

​​La empresa Lobraus presentó un nuevo proyecto de depósito logístico y cuestionó duramente a la Administración Nacional de Puertos. 

La firma ya tiene depósito en funcionamiento, para el cual le demoró una década la aprobación y luego de ser otorgada el área para la construcción, debió cambiarse de lugar. 

El nuevo depósito que planea construir contará con 8.000 metros cuadrados y tendrá una inversión de US$ 18 millones. 

El presidente de la compañía, el brasileño Renato Ferreira, relató el periplo de Lobraus desde que se instaló en Uruguay en 2003. “No es posible que un organismo como la ANP bloquee todos los negocios del puerto de Montevideo. Se necesita una ANP nueva, del siglo XXI. Los tiempos han cambiado y se precisa un organismo evolucionado”, sostuvo. “Seguimos creyendo en Uruguay. Lo único que queremos es que nos dejen trabajar en paz”, concluyó Ferreira.

Otra de las quejas de Ferreira es que Lobraus no tiene un permiso permanente para utilizar áreas públicas del puerto de Montevideo para mover contenedores. Accede a contratos precarios de uso que se vencen y deben renovarse cada dos meses. “Es burocrático”, expuso. Sin embargo –aclara la crónica de El Observador- esa es la manera en la que trabaja el resto de los operadores portuarios de contenedores que utilizan las áreas públicas.


En el mercado local, el dólar subió ayer 0,16%. El interbancario fondo se operó en promedio a $40,781.

En lo que va del año 2022, el dólar lleva una baja acumulada de 8,76% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2021)

En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $39,60 para la compra y $42,00 para la venta. 

En Brasil, la divisa estadounidense subió ayer y cerró en R$5,222.

En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en AR$ 140,56. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) subió y cotizó en el entorno de los AR$ 276,00

Por su parte, el Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 0,9908.


OTRAS NOTICIAS

La Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) y la gremial de accionistas minoristas que trabajan como choferes de la empresa realizan un paro desde ayer, martes, por tiempo indeterminado.

El sindicato reclama por pagos fuera de fecha de la empresa y que la misma debe el medio aguinaldo de diciembre, así como licencias.

Hoy habrá una asamblea en la terminal Río Branco, y una movilización.


Un operativo de la Policía de Paraguay realizado en una estancia en aquel país, propiedad de un uruguayo, frenó un tráfico de cocaína en gran escala hacia territorio nacional, según dijeron las autoridades en Asunción.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay informó ayer que en el procedimiento se logró la incautación de 440 kilos de cocaína dispuestos para viajar en un avión de matrícula boliviana, presuntamente con destino a Uruguay.

Según la investigación del fiscal Isaac Ferreira, en el campo había una pista de aterrizaje y el predio habría sido utilizado para que los aviones cargaran combustible y luego seguir viaje a Uruguay.

El procedimiento, según La diaria, se concretó en la estancia denominada “Tacuarembó”, un predio ubicado en la localidad de Arazapé, en el departamento de Misiones, que pertenece a una familia de uruguayos, de apellido Silva, y que había sido arrendado a la firma Agroalianza SA, representada por el empresario arrocero Ignacio Esteban Heisecke Vargas.

En el operativo fueron detenidas cinco personas -dos bolivianos y tres paraguayos-  La información que pudo recabar la fiscalía paraguaya en los ocho meses de investigación, indica que se realizaban vuelos semanales entre Bolivia y Uruguay.

En rueda de prensa, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo ayer que la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) -de Uruguay- desconocía la investigación que estaban llevando adelante la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Drogas de Paraguay.

"No hay un operativo nacional que estuviera advertido de la posible presencia de esta avioneta, pero por supuesto nos interesa y vamos a ahondar en esta información de modo tal de saber si hay otros viajes que quizá no los tengamos registrados y que por ahí estén tirando drogas".

El ministro expresó que, a raíz de la información difundida por los medios paraguayos, desde su cartera se comunicaron con las autoridades del Senad para requerir más información y conocer, dijo, “si hay otros viajes que no tenemos registrados”.


DEPORTE

Athletico Paranaense se clasificó finalista de la Copa Libertadores tras eliminar anoche al bicampeón, Palmeiras.

El gol decisivo lo anotó el uruguayo David Terans con un disparo desde fuera del área en el minuto 85.

Anoche:

PALMEIRAS 2 – ATHLETICO PARANAENSE 2

En el partido de ida había ganado el Paranaense 1-0.


El otro finalista surgirá esta noche en Río de Janeiro.

Hoy:

FLAMENGO – VÉLEZ

Hora 21:30

Estadio Maracaná (Río de Janeiro)

En el partido de ida, Flamengo goleó 4-0.