Hoy se retoma la atención en oficinas públicas de la Administración Central, donde deberá cumplirse con un protocolo sanitario consensuado entre el Poder Ejecutivo y el sindicato de funcionarios .
Joselo López, dirigente de COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado), dijo a El País que se alcanzó un preacuerdo con el Ministerio de Trabajo y la Oficina de Servicio Civil en el que se establece algunas medidas para “dar garantías a los trabajadores” que se reintegran.
López dijo que entre las medidas acordadas se establece un régimen de turnos para que no se produzca aglomeraciones de funcionarios ni de usuarios; horarios flexibles que tengan el mismo objetivo; uso de tapabocas; disponibilidad de alcohol en gel y colocación de placas acrílicas en los casos en que sea necesario.
También está previsto continuar con la modalidad de teletrabajo para los funcionarios mayores de 65 años, aquellos que tengan enfermedades previas y empleadas embarazadas.
El preacuerdo desembocará luego en un protocolo general que deberá ser adaptado por cada oficina en función de su realidad edilicia y la cantidad de personas que trabajen en ese lugar.
El presidente Luis Lacalle Pou dijo anoche en rueda de prensa que la decisión de retomar la atención en las oficinas de la Administración Central se tomó luego de que ninguno de los test aleatorios realizados en el sector de la construcción evidenciara la presencia de COVID-19.
“Esto no quiere decir que no haya ningún caso en el sector, pero sí debemos decir que no hubo contagio masivo, a efectos de permitirnos seguir evaluando la apertura de otras actividades”, aseguró Lacalle Pou.
El presidente agregó que en el corto plazo se evaluará la apertura de otros ámbitos de la educación, actividades productivas y comerciales, aunque prefirió no adelantar fechas.
Respecto a la apertura de fronteras, por ejemplo, Lacalle Pou dijo: “No va a ser pronta la llegada de aerolíneas con pasajeros de turistas de otros lados del planeta".
El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que se realizó un total de 434 test a trabajadores de la Construcción. En el relevamiento, que abarcó todo el país, no se surgieron casos positivos de Coronavirus COVID-19.
El último informe epidemiológico diario del Sinae, actualizado anoche sobre la hora 21:00, indica que actualmente hay 193 personas que están cursando la enfermedad de COVID-19. Diez de ellas se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios.
De los 193 enfermos actuales, 160 están en Montevideo. El segundo departamento con mayor cantidad es Canelones con 17.
La cifra de casos positivos confirmados en el país desde el 13 de marzo es de 657. De ese total, 447 personas se recuperaron y 17 fallecieron.
De todos los casos positivos confirmados, 98 corresponden a personal de la salud. 81 de ellos ya se recuperaron, 16 están cursando la enfermedad y 1 falleció.
Los departamentos con casos confirmados al día de hoy son 7: Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro, San José y Treinta y Tres.
Ayer, lunes, fueron procesados 866 análisis, con 859 resultados negativos y 7 positivos. Teniendo en cuenta que algunos tests se repiten a la misma persona, en los hechos, el registro de ayer agregó dos nuevos pacientes de COVID-19 respecto a la cifra del día anterior.
Desde el 13 de marzo, día en que se declaró la emergencia sanitaria, se han procesado 22.805 test, con 22.051 resultados negativos y 754 positivos.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, indicó que en mayo se producirá una “reapertura ordenada de las consultas médicas en varias especialidades.
Según El País, también está pensada la reactivación de las intervenciones quirúrgicas que son coordinadas.
La integrante del Sindicato Médico (SMU) Julia Galzerano dijo a ese medio que “en principio serían algunas cirugías respetando que queden camas para CTI y (cuidados) moderados (40%) por lo que serían las menos complejas y sin duda las cirugías de día”.
Galzerano indicó que la propuesta del SMU plantea “en un segundo escalón” la reactivación de las policlínicas por especialidades.
Tiendas de ropa y otros comercios del Centro de Montevideo que habían cerrado desde la irrupción del nuevo coronavirus reabrieron ayer elevando de 25 % a 85 % la proporción de esos negocios que ya atienden al público según estimó la asociación Grupo Centro.
Por el momento, los locales implementan procedimientos propios preventivos de contagio de coronavirus. Según El Observador, se repiten patrones como el uso del tapabocas por los empleados; recipientes de alcohol en gel dispuestos sobre cada mostrador; plantillas menguadas, con parte del personal en seguro de paro y, horarios reducidos de 10 a 18 horas.
Otras precauciones varían según la tienda.
Debido a que todavía no existe un protocolo firme de medidas preventivas para el comercio en general, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, recibieron ayer a representantes de la Cámara de Comercio y Servicios.
A la salida del encuentro, el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, informó que el protocolo será definido hoy, martes.
El presidente Lacalle Pou sostuvo que la exhortación a permanecer en los domicilios sigue vigente, pero agregó que el gobierno “no desaconseja” realizar actividades al aire libre si se toma las precauciones necesarias.
Durante la conferencia de prensa de anoche con medios del interior, un periodista de Rocha le preguntó a Lacalle Pou si la estrategia del gobierno sigue siendo la misma, ya que durante el fin de semana no se observó en ese departamento a la policía pidiendo evitar aglomeraciones pese a la cantidad de gente que realizó actividades al aire libre.
"Yo quiero destacar el buen uso de la libertad de los uruguayos. La libertad responsable. Otra sería la historia si no hubieran actuado como actúan los uruguayos Obviamente cuando pasa el tiempo la gente empieza a sufrir las consecuencia de ese aislamiento y por eso el quédate en casa sigue vigente sin perjuicio de lo cual, si se toma los recaudos necesarios, si se apela al distanciamiento social que habla de la distancia, de tapabocas, de lugares al aire libre, no están desaconsejados. Obviamente no puede ser la regla. De nuevo ahí está virtud de los uruguayos de saber hacer uso de la libertad", dijo el presidente.
El Frente Amplio consideró ayer que las medidas del gobierno para atender las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria siguen siendo insuficientes.
La Mesa Política de la coalición de izquierdas se reunió ayer, un mes después de haberle entregado al presidente Luis Lacalle Pou un paquete de propuestas para enfrentar las consecuencias sociales y económicas provocadas por las medidas de distanciamiento social.
A la salida del encuentro, el senador Daniel Olesker aseguró que las situación social y económica del país “ahora es peor que hace un mes”.
"No es peor porque se haya hecho menos medidas sino porque casi que no hubo nuevas medidas desde aquel momento. Seguimos sosteniendo que además de no formar parte de un plan integral, las medidas son insuficientes. El aumento del dinero entregado a las familias de más bajos recursos a través de la tarjeta Uruguay Social y de las Asignaciones Familiares implica un gasto de 23 millones de dólares en dos meses de gasto. Nuestra propuesta de un salario básico nacional a esa misma población tendría un desembolso de 160 millones de dólares en dos meses", dijo Olesker.
En la conferencia de prensa de anoche el primer mandatario sostuvo que los principales desvelos del Poder Ejecutivo que comanda son “sanidad, alimentación y empleo”.
Lacalle Pou dijo que “está claro que el desempleo va a crecer" y agregó que el "gobierno no va a escatimar recursos en lo que hace a seguros de paro". En esta línea indicó que se estudia cómo extender el seguro de paro parcial a otras actividades.
"Una de las prioridades es que nadie se vaya a dormir con la panza vacía. Si podemos hacer eso, que es un objetivo que nos hemos trazado, el segundo paso es la generación de puestos de trabajo, mantener los que hoy se mantienen, y tratar de reanudar los que hoy están en la cuerda floja", dijo el mandatario.
La Intendencia de Montevideo (IM), el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Universidad de la República (UdelaR) acordaron salir a hacer tests aleatorios de diagnóstico de coronavirus SARS CoV-2 en asentamientos, refugios y ollas populares de la capital.
Todas las muestras tomadas serán estudiadas en el laboratorio del Hospital de Clínicas y en el Institut Pasteur.
Federico Preve, vocal del SMU, dijo a El Observador que pretenden realizar "centenas" de estos análisis por semana en el corto plazo. Determinarán una cifra más exacta de cantidad de testeos mañana, miércoles, luego de las primeras reuniones de trabajo que permitirán planear la logística de la iniciativa.
Aunque cuentan con una buena disponibilidad de tests, las tres instituciones evalúan que pueden encontrar cuellos de botella en otras partes del proyecto, como en la recolección de la muestra y su posterior análisis.
El SMU y la Udelar realizarán hoy la muestra selectiva de los lugares de Montevideo donde piensan comenzar a hacer los hisopados en fecha a determinar que será, dijo Preve, “cuanto antes, mejor”.
"La idea es sobre todo poder asistir y generar una estrategia de testeo en poblaciones de situaciones de vulnerabilidad”, explicó el dirigente del sindicato de los médicos, que ya ha venido participando con equipos de trabajo en ollas populares para "potenciar mecanismos de prevención"
La Intendencia financiará la logística y, la UdelaR, los tests, mientras que el SMU se ocupará del asesoramiento profesional y la coordinación del proyecto.
Según La Diaria, el convenio cuenta con una financiación inicial de $ 2.000.000 que la IM transferirá a la Udelar.
Gustavo Grecco, presidente del SMU, dijo a El Pais que "esto de ninguna manera significa hacer cosas en paralelo o superpuestas”, sino que “significa aportar a una política única, sanitaria del país para abatir la pandemia".
112 jueces solicitaron a la comisión directiva de la Asociación de Magistrados la realización de una asamblea extraordinaria con el objetivo de analizar el impuesto creado por el parlamento para financiar el Fondo Coronavirus.
“Los jueces estamos de acuerdo con el Fondo COVID-19. Sí creemos que es mucho lo que se nos descuenta”, dijo una jueza al diario El País.
Según la ley que contó con el respaldo de todos los partidos, los contribuyentes de este fondo serán los funcionarios de la Administración Central, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República y de los Gobiernos Departamentales, entre otros.
El mismo medio informó que los magistrados que firmaron la nota se quejan de tres cuestiones: la base de cálculo -hay salarios que tendrán recortes que oscilan entre $ 30.000 y $ 50.000-; su posible inconstitucionalidad por gravar partidas otorgadas por el Poder Judicial -por ejemplo el alquiler para jueces que deben residir en el interior del país- y, el tiempo de duración del impuesto -dos meses con posibilidad de extenderlo el Poder Ejecutivo por otros dos-.
Una magistrada relató que el Poder Judicial no estuvo inactivo durante la feria judicial sanitaria; dijo que “todos los casos urgentes fueron tramitados”; que en el interior del país, magistradas “que atienden juzgados multimaterias (civil, laboral, violencia doméstica, penal y menores) trabajaron todos los días y sin tapaboca. Hace poco la Corte dio tapabocas”, señaló esta jueza citada por El País.
Las academias de conducir marcharán pasado mañana, jueves, como medida de protesta y reclamo a la la Intendencia de Montevideo que les permita retomar la actividad suspendida desde el 13 de marzo.
Álvaro Beloqui, presidente de la Asociación Nacional de Instructores y Propietarios de Escuelas de Conducción (Andipec), Álvaro Beloqui, indicó a El País que esta situación está afectando a casi 1.000 personas en la capital del país.
INTERNACIONAL
En China, un informe interno advierte que Pekín enfrenta una ola creciente de hostilidad a raíz del brote de coronavirus que podría llevar a las relaciones con Estados Unidos a una confrontación.
El informe, presentado a principios de abril por el Ministerio de Seguridad del Estado a los principales líderes chinos, incluido el presidente Xi Jinping, concluyó que la molestia global contra China está en su punto más alto desde la represión de la Plaza Tiananmen de 1989.
Como resultado, dice que el país se enfrentará a una ola de percepciones contra China, que lidera Estados Unidos, y necesita estar preparado en el peor de los casos para una confrontación armada entre las dos potencias.
En Estados Unidos, el Senado abrió ayer para desarrollar sus primeras sesiones regulares en más de un mes, con medidas sanitarias por el nuevo coronavirus, en un contexto de ansiedad por la pandemia que deja más de 68.000 muertos en el país y millones de desempleados.
Los legisladores, que tienen la recomendación, pero no la obligación, de usar mascarillas, deben abordar debates sobre cómo hacer frente al avance del virus y cómo mitigar su impacto a la economía.
El Senado, compuesto por 100 representantes y controlado por los republicanos, no sesionaba de forma plena desde el 25 de marzo ya que 49 parlamentarios tienen más de 65 años y por lo tanto forman parte del grupo de riesgo.
La cámara baja, de 435 miembros y que está controlada por los demócratas, optó por no sesionar todavía.
En Perú, la líder opositora Keiko Fujimori salió de la cárcel ayer tras tres meses encerrada por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht en virtud de un fallo de un tribunal de apelaciones.
Previo a su salida, Keiko, de 44 años, anunció en Twitter que al llegar a su casa en el este de Lima se hará la prueba del coronavirus antes de reunirse con sus dos hijas.
Un tribunal de apelaciones concedió a Fujimori el jueves la libertad bajo fianza de 20.000 dólares, pero le prohibió convivir con su marido, el estadounidense Mark Vito Villanella, debido a que ambos están en investigación en la misma causa.
En Venezuela, dos estadounidenses fueron capturados ayer por una fallida "invasión" por mar que ha dejado 15 detenidos, dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, caso por el cual la Fiscalía acusó al líder opositor Juan Guaidó de contratar a "mercenarios".
En un despliegue militar y policial por las costas venezolanas fueron arrestados "dos estadounidenses miembros de la seguridad" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró Maduro ante el alto mando de la Fuerza Armada en una alocución televisada.
Son Luke Denman, de 34 años, y Airan Berry, de 41, según el gobernante chavista, quien mostró sus pasaportes y demás documentos por la televisora estatal VTV.
No se ha confirmado que, como denuncia Maduro, pertenezcan al equipo de seguridad de Trump.
Tras dos arrestos el domingo, 13 personas fueron detenidas ayer, precisó el presidente venezolano.
Más temprano, la Fiscalía acusó a Guaidó de contratar a "mercenarios" con fondos de Venezuela bloqueados por sanciones de Washington, a fin de emprender el intento de "invasión".
En Argentina, la Corte Suprema de Justicia bonaerense empezó a analizar el recurso contra las resoluciones judiciales que habilitaron excarcelaciones a detenidos en el marco del coronavirus y se dispone a poner un freno a las liberaciones masivas. Este expediente se abrió a raíz del planteo que realizó el fiscal bonaerense ante ese tribunal, Carlos Altuve.
El funcionario judicial, con la presentación ante la Corte, buscaba frenar el habeas corpus colectivo que impulsó el juez Víctor Violini y que fue la llave para las prisiones domiciliarias y moderaciones de penas a presos en la Provincia. En el escrito, Altuve consideró que el fallo de Violini es de una "extrema gravedad institucional con una ostensible falta de argumentación".
Tras recibir la presentación de Altuve, el pronunciamiento respecto a la cuestión de fondo ocurrirá antes de diez días. Según anticiparon fuentes judiciales, tendrá un carácter “ordenador”, pero pondrá un freno definitivo a las salidas masivas de presos.
En Brasil, a medida que el coronavirus continúa expandiendo su impacto en el país, que poco a poco se convierte en uno de los grandes polos mundiales de la enfermedad, surgen algunos indicadores del impacto del presidente Jair Bolsonaro y su conducta frente a la crisis.
Un estudio de la universidad de Cambridge y la Fundación Getulio Vargas publicado ayer apunta que los actos y discursos del presidente contra el distanciamiento social pueden haber provocado un 10% del total de muertes y contagios en el gigante sudamericano. La insistencia del mandatario en poner fin a las cuarentena habría impactado principalmente en los municipios donde tiene más seguidores.
Brasil registró ayer 296 muertes y el total llegó a 7321, mientras que los contagios pasaron los 107 mil.
El estudio analizó el impacto en 255 municipios brasileños de las actitudes del presidente el 15 de marzo, cuando el presidente subestimó la pandemia y saludo a manifestantes progobierno en frente al palacio del Planalto en Brasilia.
Los investigadores consideraron cantidad de votos que tuvo el derechista, casos de contagio y muertos y además utilizó datos de monitoramiento de celulares para registrar la presencia de aglomeraciones.
Además, en Brasilia puede estar preparándose una nueva bomba que amenaza con sacudir la política brasileña. El ex ministro de Justicia, Sérgio Moro, pidió a través de su defensa al Supremo Tribunal que haga público su testimonio con acusaciones contra Bolsonaro. Moro declaró por más de 8 horas el sábado, en la investigación por una supuesta interferencia política del derechista en la Policía Federal. La decisión está en manos del juez de la Corte, Celso de Mello, quien levantando el secreto de sumario podrá provocar un nuevo tembladeral.
(Corresponsal Marcelo Silva de Sousa)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
La comisión especial del Senado encargada de estudiar el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) enviado por el presidente Luis Lacalle Pou al Parlamento hace dos semanas, comenzó a funcionar formalmente ayer, cuando recibió a los ministros de Interior, Jorge Larrañaga y, de Defensa, Javier García.
Según El País, los partidos que componen la coalición multicolor se pusieron de acuerdo en aumentar la pena por agravio a la autoridad policial, que pasará a ser de tres a 18 meses de prisión y no 12 como estaba planteado inicialmente.
Como agravio, en este caso, se entiende la actitud de obstaculizar, menospreciar, agraviar, atentar, arrojar objetos, amenazar o insultar a un funcionario policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas. El texto señala que no será castigada la manifestación de mera discrepancia.
Larrañaga expresó en conferencia de prensa luego de su exposición ante los legisladores, que ayer quedaron plasmadas las “distintas visiones” que tiene el oficialismo con el Frente Amplio (FA) porque, a su juicio, la izquierda parte “de una concepción errada; de una visión ideológica” con la que se mira a la Policía y al delito, que fue la que llevó al “fracaso”, según el ministro.
Varias legisladoras del Frente Amplio criticaron al presidente Lacalle Pou, que dijo ayer ante la pregunta de un locutor de una radio de Paysandú, que el gobierno tiene “una agenda provida” y que “hay que tener una política de desestímulo de los abortos”.
Durante la conferencia de prensa, Víctor Hugo Acosta, de radio Felicidad de Paysandú, le preguntó al presidente “como hombre de fé”, “qué puede hacer al respecto” para que no haya 10.000 niños que no nacen en este país”. Acosta es operador, locutor e informativista y se define en su cuenta de twitter como “predicador del evangelio”.
Luego de la pregunta, Lacalle Pou respondió que el Poder Ejecutivo tiene una “agenda provida” y remarcó la necesidad de mejorar el régimen de adopciones, masificar los anticonceptivos y brindar educación sexual a temprana edad.
“Un niño que no ha nacido tiene derechos. Esa es la visión del presidente de la República y la protección. Simplemente cuando una sociedad ha decidido en el Parlamento y luego con la posibilidad de ser refrendado, plebiscitado en la opinión pública esa ley y no tuvo las voluntades que debió tener, esa es una ley vigente. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos una agenda provida, que estoy seguro que todos los que estamos acá la compartimos sin perjuicio de lo que hayamos votado en la ley conocida como la interrupción voluntaria del embarazo”, dijo Lacalle Pou.
Ayer en su cuenta de twitter, la senadora frenteamplista Carolina Cosse sostuvo que “el presidente está dando muy malas señales”.
“Primero señala la violencia de género como daño colateral; luego que el gobierno es pro vida, una definición perniciosa. Todos somos partidarios de la vida. El gobierno debe garantizar el ejercicio de los derechos”, escribió Cosse.
La diputada Cristina Lustemberg, también del Frente Amplio, sostuvo que “una política de desestímulo al aborto legal será una propuesta regresiva en términos de derechos sobre un asunto laudado por la sociedad uruguaya, que pone en duda el pilar de laicidad del Estado, por eso”, afirmó la legisladora, “decimos muy fuerte y claro: los derechos no se tocan”.
ECONOMÍA Y EMPRESA
Las solicitudes de exportación de bienes totalizaron en abril US$ 594 millones, lo que implicó una caída de 19,4% respecto al mismo mes del año pasado, según el informe elaborado por la Unión de Exportadores del Uruguay, que no incluye lo vendido al exterior desde zonas francas.
“La caída de abril se explica por las bajas generalizadas, que incluyen a China, Estados Unidos, Europa y los países de la región, ante la situación de paralización derivada del COVID-19”, sostiene el reporte de la Unión de Exportadores. Hubo caídas en las ventas de carne, madera, plásticos, animales vivos, grasas y aceites, cueros, pescados y lana, entre otros.
Si se considera el primer cuatrimestre, la baja fue de 11,3% respecto al mismo período de 2019, con un monto exportado de US$ 2.097 millones.
En el año móvil cerrado en abril las ventas al exterior sumaron US$ 7.332 millones.
Otro dato: según el instituto Uruguay XXI, las exportaciones desde zonas francas cayeron 22,7% en el mes de abril y 14,8% en el cuatrimestre.
A partir de esta jornada, monotributistas y pequeños empresarios de industria y comercio podrán cobrar el primer pago del seguro por cese de actividad anunciado por el gobierno.
Se trata de un préstamo blando, de $ 12.000 pesos por mes, que alcanza a 67.360 personas y que se reintegrará a la Agencia Nacional para el Desarrollo (ANDE) a partir de julio en 24 cuotas consecutivas en UI.
Los beneficiarios podrán concurrir a las redes de cobranza con su cédula de identidad y RUT de la empresa para hacer efectivo el cobro del préstamo. Previamente se puede consultar en la web del BPS para saber si corresponde el beneficio dispuesto por el Poder Ejecutivo.
Además, a partir de esta jornada también podrán cobrar el subsidio por cese de actividad los monotributistas registrados en el Ministerio de Desarrollo Social.
El pago se efectuará a 9.656 empresas y corresponde a 10.430 personas que podrán hacerse del dinero a través de las redes de cobranzas.
La prestación se abonará por los meses de abril y mayo, y no deberá ser reintegrada.
En el mercado local, el dólar comenzó la semana subiendo 1,15%. El interbancario fondo se operó en promedio a $42,744.
El Banco Central de Uruguay (BCU) no intervino ayer en el mercado.
En lo que va del año, el dólar lleva una suba acumulada de 14,48% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2019).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $ 41,65 para la compra y $ 43,85 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y se ubicó en R$ 5,581
En tanto, en Argentina, el dólar oficial subió y se situó en AR$ 66,93 mientras que el paralelo (o Blue) también aumentó y cotizó en AR$ 120,00.
El Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0906.
OTRAS NOTICIAS
La Justicia formalizó con 120 días de prisión preventiva a la espera del juicio, al hombre que se mantuvo atrincherado junto a sus tres hijos (todos niños) desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo en un apartamento del barrio Palermo, luego de que presuntamente golpeó a su esposa.
El hombre está imputado de dos delitos de violencia doméstica agravados, uno contra la mujer y otro contra los menores de edad.
Según el texto del pedido fiscal de formalización, el imputado y su esposa estaban juntos hace 16 años y tienen los tres hijos que padecieron esta situación.
El relato fiscal también señala que el hombre, en los primeros momentos del hecho y tras diálogo con la policía a través de la puerta cerrada, accedió a dejar salir a la mujer, que se encontraba en estado de shock y con golpes en el rosto.
El certificado del médico forense que revisó a la mujer, según Montevideo Portal, reportó diversas lesiones como arañazos, hematomas y esquimosis, lo que comprobaría que el sujeto efectuó puñetazos, patadas, entre otras agresiones físicas.
Delincuentes hicieron un boquete desde una casa abandonada e ingresaron a tres locales y se llevaron $24.000, un arma y un chaleco antibalas que estaban en un cofre de seguridad.
Según Subrayado, los ladrones accedieron desde un edificio que antes fue instituto de enseñanza musical; subieron al primer piso y, desde allí, accedieron a la oficina de un servicio de acompañantes y de una óptica.
Foto: Fachada del ministerio de Economía. Crédito: Presidencia de la República
