Titulares

Noticias del jueves 17 de septiembre de 2020

Por

Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El PIT-CNT convocó para hoy un paro general nacional de 24 horas bajo la consigna "Por presupuesto popular, por un Uruguay en movimiento". Es el primero de estas características durante la administración Lacalle Pou.

La movilización es por más trabajo, salario, salud, educación y vivienda digna; por una renta básica y una canasta de servicios; por memoria, verdad y justicia y por más recursos para la Ley integral de violencia basada en género.

Marcelo Abdala, secretario general del PIT CNT, dijo ayer que el paro es, entre otros puntos, para reclamar que haya un Estado “proactivo” para generar trabajo mediante inversión pública.

“Es una acción que pretende lanzar un grito de que en vez de ajuste deben desarrollarse medidas a favor de las grandes mayorías del pueblo”, expresó.

En la plataforma publicada en Twitter, la central asegura que “las líneas del presupuesto presentado por el gobierno impactan directamente en el salario de las y los trabajadores, mientras se le aumenta a unos pocos privilegiados”.

El PIT CNT señala que hay más de 100 mil personas que han caído en la pobreza, cuyas necesidades deben ser atendidas mediante una renta básica y una canasta de servicios. 

La central además afirma que hay más de 110 mil trabajadores en seguro de paro y, convoca a movilizarse para evitar más despidos, una “medida que cada vez más se está tomando” por parte de las empresas. 

Por otro lado, la central pide priorizar la educación y la vivienda en el presupuesto. Además rechaza “los recortes” en la salud y la “pérdida salarial” para los trabajadores del sector.

Asimismo, el PIT CNT reclama declarar una emergencia nacional por la violencia de género, una situación que entiende “se ha agravado debido a la pandemia y, de la que el Estado debe hacerse cargo”.

Por otro lado, la central afirma que “sigue siendo necesario el grito de verdad y justicia, resultando imprescindible para la salud republicana del país terminar con la impunidad”.


Para dar a conocer la plataforma, el PIT CNT instaló puestos de información en la capital y el interior del país en los que habrá delegados sindicales explicando los reclamos y propuestas.

A la hora 12:00 habrá una conferencia de prensa en la sede de Jackson y Guaná para evaluar la medida.


PANORAMA DE LA EMERGENCIA SANITARIA

El gobierno “está muy preocupado” por la proliferación de fiestas no  autorizadas, “de una gran cantidad de personas, en los últimos días”.

La advertencia fue planteada anoche en conferencia de prensa encabezada por el secretario de presidencia Álvaro Delgado, Rodrigo Ferrés, prosecretario de la presidencia, y el ministro de Salud Pública Daniel Salinas. Los jerarcas remarcaron que las fiestas clandestinas que se realizan en medio de la pandemia, ponen “en riesgo la salud de la población”.


Las autoridades comunicaron que, en caso de que se constante la realización de fiestas en las que se pudiere poner en riesgo la salud de las personas por no cumplir con las normas establecidas, se dispondrá multas que van de las 30 a las 1.000 UR ($ 37.142 a $ 1.238.070). 

En segundo lugar se dispondrá la clausura de los establecimientos, sean públicos o privados y, por último, se realizará la denuncia penal contra los responsables de la organización de las fiestas.

Delgado dijo anoche que el gobierno nacional “va a aplicar todo el peso de la ley y va a hacer control muy severo de la situación”.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recordó que las fiestas autorizadas son aquellas que se celebran en establecimientos habilitados, con un límite de hasta 60 personas, una duración máxima de 2 horas y media (con recomendación de que sean fiestas infantiles) y el cumplimiento de todas las medidas sanitarias del protocolo correspondiente.


El secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, citó el ejemplo de Costa Rica para reafirmar la advertencia adelantada por el presidente Lacalle Pou esta semana, de que el nuevo coronavirus “está controlado hasta que se descontrola”.


Delgado recordó que el 1° de junio "Costa Rica tenía desde que empezó la pandemia 1.056 casos y Uruguay tenía 823″, mientras que el 12 de setiembre "Costa Rica tenía 53.969 casos y Uruguay 1.772, desde que empezó la pandemia".

“Acá no hay nadie curado hasta que no haya una vacuna y esta es una situación especial hasta que deja de estarlo. El dejar de estarlo en este estatus sanitario especial tiene que ver con la responsabilidad social, personal y sanitaria de todos los uruguayos", dijo el funcionario.


El monitor oficial diario reportó anoche 29 contagios nuevos de Covid-19, en una jornada en la que fueron procesados 2.046 análisis. De los nuevos contagios, 17 corresponden a Montevideo, 11 a Rivera y 1 a Maldonado.

La cantidad de personas cursando la enfermedad aumentó a 252, o sea 15 más que el día anterior. Uno de estos pacientes está en cuidados intensivos.


Los 11 contagios nuevos de Rivera según El Observador, surgieron de cinco brotes pequeños activos que hay en ese departamento; dos de ellos originados en fiestas de cumpleaños, uno en una reunión religiosa, otro en una reunión entre amigos y el restante en una reunión familiar.

"No nos llama la atención porque siempre está el riesgo de la frontera seca. Por más acuerdos que tengamos, estos brotes están a la orden del día", dijo en conferencia de prensa el ministro de Salud, Daniel Salinas y añadió: "El brote va a crecer un poco más. No es la primera, ni la segunda; es la tercera vez que pasa esta historia en Rivera", afirmó.

Rivera registra 35 de los 252 casos activos que hay actualmente en todo el país, siendo superado únicamente por Montevideo que tiene 178. Luego siguen Canelones con 28; Rocha 4; San José 3; Florida 2 y, Treinta y tres y Artigas 1 cada uno.


Varias mutualistas reclamaron al gobierno que todavía no han cobrado el dinero que el gobierno se comprometió a pagarles por los test de diagnóstico de Covid-19 que realizan a sus usuarios ante la sospecha de contagio.

Fuentes del MSP reconocieron al semanario Búsqueda que hay “demoras” en el reembolso de esos costos y atribuyeron la responsabilidad al ministerio de Economía. 

Según el mismo medio, las instituciones afectadas son Asociación Española, Casmu, Cosem y Médica Uruguaya.

En Marzo pasado el gobierno creó el Fondo Solidario Covid-19 para financiar  costos de la emergencia sanitaria, con recursos que obtuvo de impuestos adicionales a los sueldos públicos y pasividades altas, otros fondos públicos y donaciones privadas.


La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre el "impacto limitado" que tienen las pruebas de Covid-19 previas a los viajes para controlar la expansión del virus y llamó a los países a restringir los desplazamientos de personas con síntomas o exposición reciente.

La directora de la OPS, Carissa Etienne, advirtió que la región comenzó a reanudar la vida social y pública "casi normal" aún cuando la pandemia todavía "requiere importantes intervenciones" para evitar la proliferación de infecciones.

Etienne señaló que la semana pasada la región alcanzó "dos hitos sombríos: más de medio millón de muertes y casi 15 millones de casos".

Aunque consideró la reapertura inevitable en términos económicos, educativos y comerciales, puso el foco en el reinicio de los viajes, sobre todo en países dependientes del turismo.

“Cuando la gente viaja entre países, también lo hace el virus. Lo vimos en el Caribe, donde varios países que no tenían casos tuvieron picos drásticos como consecuencia de la apertura al turismo. Estamos viendo a muchos países en todas las regiones aplicar medidas para viajeros que tienen impacto limitado. Quiero enfatizar que depender de pruebas de laboratorio para viajeros es costoso, difícil de implementar y de impacto limitado en el control de la propagación internacional del virus”, dijo Etienne. 

Etienne insistió en la necesidad de que las autoridades se aseguren de que las personas enfermas de Covid-19, o sospechosas de estarlo, sean identificadas y aisladas rápidamente y sus contactos rastreados, para minimizar así la posibilidades de contagio.


VOLVEMOS AL PANORAMA POLÍTICO

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Uriarte, admitió que el presidente Luis Lacalle Pou no fue informado acerca del artículo del proyecto de ley de presupuesto que le quita a la Intendencia de Montevideo la participación en la dirección de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y la transfiere al Poder Ejecutivo.

Uriarte dijo en Radio Sarandí que la propuesta vino de la Junta Nacional de la Granja al filo del plazo que se fijó el gobierno para presentar el presupuesto en el parlamento.

En rueda de prensa en la Expo Prado, el ministro explicó que su cartera incluyó el artículo de todas formas porque el cambio en la gobernanza hubiera sido más difícil de implementar después de la inauguración de la UAM, prevista para noviembre.

“No nos dio el tiempo como así no nos dio el tiempo para poder hablarlo con la Intendencia. Se lo expliqué y le pedí disculpas a Di Candia. Por más que estemos cerca no nos dieron los tiempos. Imagínese si no pudimos explicárselo en detalle al presidente, cuánto más al intendente”, dijo Uriarte.


Luego de las declaraciones de Uriarte, varios legisladores del Frente Amplio acusaron a Lacalle Pou de no haber leído el proyecto de ley de presupuesto.

El senador del MPP Charles Carrera escribió en su cuenta de Twitter: “¡La ley más importante de su gobierno! ¡Y el presidente Luis Lacalle Pou no la leyó! ¡Insólito!”.

El senador Mario Bergara recordó los dichos que Lacalle Pou hizo respecto de los expedientes de los Tribunales de Honor para José Nino Gavazzo y Gilberto Vázquez. “El mismo Presidente que desliza en otros temas que todo lo que pasa por presidencia está en conocimiento de los jerarcas ¿resulta que ahora no leyó ni más ni menos que el proyecto de ley de Presupuesto Nacional? Una muestra más de desprolijidad e improvisación de este gobierno”, escribió.

Ayer en la Expo Prado, un periodista le consultó a Lacalle Pou si estaba al tanto del artículo sobre la UAM, y el presidente respondió: "Todo lo que está en el Presupuesto cuenta con mi apoyo".


El expresidente Tabaré Vázquez dijo ayer que la preparación del Presupuesto de esta administración “estuvo rodeada de oscurantismo”.

En una charla a través de la plataforma Zoom con dirigentes del Frente Amplio de Durazno y San José, Vázquez expresó que la actual iniciativa presupuestal, como las de los gobiernos de los años 90, pone énfasis en los “recortes de gasto” y añadió: “Nos trae una gran preocupación porque los resultados de aquella década fueron malos”.

Según Vázquez, aquellos “malos” resultados llevaron “a que el Partido Nacional perdiera las elecciones de 1994 y a que se iniciara un camino hacia lo que fue la crisis económica, social, cultural y laboral más importante de la que tenemos referencia en la historia del país y se dio en 2002”, afirmó.


INTERNACIONAL

En Francia, más de 30 ONG, entre ellas la filial local de Greenpeace, reclamaron al presidente Emmanuel Macron que "entierre definitivamente" el acuerdo entre la UE y el Mercosur.

Las organizaciones consideran que con el acuerdo UE-Mercosur se concede "un cheque en blanco a las multinacionales para hacer disparar el comercio transatlántico entre ambas regiones, a expensas de toda consideración social y medioambiental", indicaron las ONG en la misiva.

Su efecto, agregaron, sería "desastroso" para los bosques, el clima y los derechos humanos.

La publicación de esta carta se produce antes de que el viernes un comité de expertos creado a petición del gobierno francés presente un informe de evaluación sobre los impactos de este acuerdo comercial, especialmente para el medioambiente y la salud de los consumidores.

La UE y el Mercosur firmaron el año pasado este ambicioso acuerdo de libre comercio, que debe ser ratificado por todos los parlamentos nacionales. Pero últimamente crecieron las voces discordantes entre los países europeos debido especialmente a la deforestación en la Amazonía brasileña.

El parlamento austriaco y holandés lo rechazaron en su estado actual. Otros países como Bélgica, Irlanda Y Luxemburgo mostraron sus reticencias.


En El Salvador, un tribunal ordenó la detención del expresidente Mauricio Funes por haber alcanzado en 2012 una tregua entre pandillas.

En marzo de 2012, el gobierno de Funes facilitó una tregua entre las pandillas que trajo una drástica disminución de los homicidios en el país.

En agosto de 2015 la Corte Suprema de Justicia declaró a las pandillas como "grupos terroristas".

El fiscal general ha señalado que la tregua con las pandillas fue "ilegal" porque son estructuras consideradas "terroristas".

La orden de captura, remitida a la policía local y la Interpol, es "por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes en el contexto de la denominada tregua con pandillas".

Por esa misma tregua ilegal con las pandillas fue detenido a finales de julio el exministro de Defensa, general David Munguía, que guarda arresto domiciliario.

Tras ser acusado de actos de corrupción, Funes huyó a Nicaragua en 2016, donde recibió asilo y luego la ciudadanía. Al momento acumula seis órdenes de arresto.

El gobierno del actual presidente Nayib Bukele es investigado por la fiscalía luego de que el periódico digital El Faro revelara una supuesta negociación con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en la que habría ofrecido beneficios carcelarios para sus miembros presos a cambio de la reducción de homicidios.

En El Salvador, las pandillas tienen unos 70.000 miembros -más de 17.000 de ellos encarcelados- y se dedican a la extorsión y el narcotráfico, entre otras actividades ilegales.

Con 6,6 millones de habitantes, El Salvador fue en 2019 uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con 35,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. La mayoría de esas muertes fueron consecuencia de la actividad pandillera.


En Bolivia, una encuesta informó que el candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, es favorito para ganar las elecciones, incluso en primera vuelta.

Arce, quien fue ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, tiene el 29,2% de las preferencias, seguido por el expresidente Carlos Mesa con 19%.

En tercera posición está el derechista líder cívico regional Luis Fernando Camacho, con 10,4%, y le sigue la presidenta transitoria Jeanine Áñez, con 7%.

Si se tiene en cuenta solo los votos válidos (excluyendo los que contestaron que votarían en blanco, nulo o no saben), el apoyo a Arce se eleva a 40,3% frente a 26,2% de Mesa. Si ese fuera el resultado, el delfín de Morales ganaría las elecciones en primera vuelta, al superar por más de 10 puntos al segundo.

De no haber vencedor en primera vuelta, habrá un balotaje el 29 de noviembre entre los dos candidatos con mayor votación.

De manera paralela, la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció en Washington que desplegará en Bolivia una misión de observadores con 30 expertos.


La ONU acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y sus principales ministros de estar vinculados con posibles "crímenes de lesa humanidad".

Una misión de la ONU presentó un informe en el que indica que encontró "motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos". Entre ellas, menciona ejecuciones arbitrarias y uso sistemático de la tortura, que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Se trata, según el informe, de crímenes coordinados y cometidos en conformidad con las políticas de Estado con "el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno.

Sin embargo, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, aseguró que el informe está "plagado de falsedades" y que fue realizado "a distancia" y "sin rigor metodológico alguno".

Por su parte, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que el informe está "plagado de mentiras".

En cambio, para el jefe legislativo, Juan Guaidó, el informe "despeja cualquier duda" y deja claro que "Maduro es un criminal que además de respaldar el narcotráfico y terrorismo, comete delitos de lesa humanidad".


En Argentina, el presidente, Alberto Fernández, respaldó las medidas del Banco Central que buscan frenar la compra de dólares, al indicar que su país los necesita para el sector productivo.

“Así construimos esta lógica de la economía, una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar”, dijo Fernández.

El Banco Central informó el martes nuevas restricciones para la compra de dólares para frenar la sangría de reservas del Banco Central, que tiene en su tesoro 42.495 millones de dólares, según el último balance.

Una de las medidas es la aplicación de un segundo impuesto que implica un aumento de 35% en el precio de la divisa. Así, el dólar oficial cotizaba ayer a 79,55 pesos argentinos pero con la aplicación de los dos impuestos llegaba a 131,15 pesos.

Ese monto es cercano al que se venía cobrando en el mercado paralelo por el dólar blue, pero éste también aumentó su precio ayer, casi 11%. Si ambas cotizaciones se mantienen se terminaría con lo que se conoce como "el puré del dólar" (comprar dólares al precio oficial y revenderlo en el mercado informal obteniendo una ganancia) y eso frenaría la sangría de las reservas.


En Argentina, en una decisión sin precedentes y de consecuencias políticas e institucionales impredecibles, la mayoría oficialista del Senado aprobó ayer miércoles la remoción de los tribunales que ocupan en la actualidad los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, todos involucrados en el trámite de causas por corrupción que tienen como protagonista a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Con la oposición ausente, se aprobó por unanimidad de 41 votos. Al momento de la votación la vicepresidenta no se encontraba al frente de la sesión.

El trámite legislativo impulsado por el kirchnerismo se encuentra objetado ante la Corte Suprema por Bruglia y Bertuzzi, miembros de la Cámara Federal porteña, quienes presentaron un recurso de amparo para evitar que el Senado avanzara con el rechazo de sus traslados, realizados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.

Castelli, por su parte, anunció que resistirá la medida “con la Constitución en la mano” y mostró su confianza en que la Corte Suprema terminará dejando sin efecto la decisión adoptada por la mayoría oficialista del Senado y podrá permanecer en el tribunal en el que se decidirá la causa de los cuadernos de las coimas.

La decisión del Frente de Todos también mereció el rechazo de la oposición, que abandonó la sesión remota de la Cámara alta con fuertes críticas a Cristina Kirchner, acusándola de utilizar el Senado con el objetivo de escapar a la acción de la Justicia.


En Brasil, el cuidado del medio ambiente vuelve a ser un tema espinoso para el gobierno de Jair Bolsonaro. Liderados por Alemania, ocho países europeos hicieron un llamado para que el país tome acciones reales para combatir la creciente deforestación de la Amazonia, que según esas naciones amenaza la compra de productos provenientes de fuentes sustentables.

Los países enviaron el martes por la noche una carta al vicepresidente Hamilton Mourao, mostrando preocupación ante la posibilidad de que Brasil esté retrocediendo en la protección ambiental bajo el gobierno de Bolsonaro.

Mourao, quien lidera los esfuerzos del gobierno brasileño en un consejo para la preservación de la Amazonia, dijo que la carta forma parte de una estrategia proteccionista europea. En las últimas semanas, políticos e inversores europeos han presionado a Brasil para intensificiar la protección ambiental de la floresta, mientras la deforestación aumenta y es mencionada como un hecho que podría malograr el acuerdo de libre comercio entre los bloques Mercosur y Unión Europea.

Mourao dijo que las críticas pueden tratarse en el fondo de una barrera "no tarifaria" para frenar el ingreso de productos agrícolas brasileños a Europa. La deforestación en la amazonia brasileña creció más de 30 por ciento en los últimos 12 meses hasta julio, según datos preliminares del instituto espacial brasileño.

Ambientalistas culpan a las políticas de Bolsonaro, quien ha defendido la explotación económica de la región. Según el presidente la producción en la región es necesaria para sacar a millones de brasileños de la pobreza.

(Corresponsal Marcelo Silva de Sousa)


VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL

La Junta Departamental de Maldonado aprobó ayer por unanimidad, disminuir el salario del intendente en un 50%.

De esta forma, el sueldo del intendente de ese departamento bajará de $520.000 a  $260.000.

Si bien la resolución de la Junta disminuye el salario a la mitad, aumenta a $105.000 unas partidas que sumaban $50.000 hasta el momento.

Según El País, el intendente de Maldonado, que cobraba hasta ahora $ 450.000 “en mano”, pasará a percibir, luego de aplicados los descuentos de IRPF y Fonasa, $ 260.000 por todo concepto.

El sueldo del intendente de Maldonado era el más alto de todos los jefes comunales del país, con una remuneración líquida que superaba incluso la del presidente de la República.


Fuentes de Antel señalaron al semanario Búsqueda que la empresa reportó durante cuatro años a unos “cientos de miles” de clientes que no llegaron a ser activos y que sirvieron para justificar la cuota en el mercado de telefonía móvil.

Según esta versión, Antel hizo ese reporte con criterios propios que “se apartan” de los “reglamentarios” exigidos por la Ursec. Esto permitió “engrosar” las cifras con el fin de beneficiar a la estatal a nivel comercial, expresaron las fuentes al medio periodístico.

Los datos, dice esta crónica, se desprenden de la respuesta elaborada por Antel ante un pedido de informes realizado por el diputado blanco Martín Lema sobre la situación de clientes prepagos de Antel.


Una investigación periodística señaló que en 2018 Fernando Porcile pasó de director de Obras de la intendencia de Tacuarembó a director de una empresa constructora que ganó varias licitaciones para esa comuna, realizadas en cumplimiento del cronograma que el propio Porcile había proyectado. 

Porcile fue director de Obras de la administración nacionalista de Tacuarembó que condujeron los intendentes Wilson Ezquerra y luego, cuando ocurrieron estos hechos, Éber Da Rosa.

La investigación de la radio La Kandela de la que hoy da cuenta Búsqueda, señala que la sociedad anónima Inamérica, bajo la dirección que asumió Porcile meses después de renunciar a la comuna, ganó al menos tres importantes licitaciones de construcción de la intendencia: el Teatro Escayola, la terminal de ómnibus de Caraguatá y la plaza San Gabriel, por todo lo cual facturó $123 millones entre 2019 y 2020.

Según la investigación periodística, el contrato original era por cerca de $ 35 millones 700 mil, pero hubo dos ampliaciones.

Los periodistas también señalaron que uno de los integrantes del equipo de la empresa es, a su vez, funcionario técnico de la dirección general de Obras de la intendencia de Tacuarembó.

El actual intendente José Omar Menéndez señaló el 28 de agosto a la Junta departamental dio argumentos a la Junta Departamental para sostener que no hubo preferencia hacia esa empresa. 

Ediles del Frente Amplio acompañados por votos de herreristas y uno de Partido Colorado consideraron que las explicaciones no fueron suficientes y pidieron que las autoridades departamentales vuelvan a ser convocadas por la Junta.


El ministerio de Industria, tras una investigación administrativa, concluyó que hay pruebas suficientes para iniciar un sumario a Nicolás Cendoya y radicar una denuncia penal contra él por un caso en el que intervino como jerarca de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) durante el gobierno del Frente Amplio.

Según El País, la indagatoria concluyó que Cendoya y también Gabriel Lombide, incurrieron “en sendas faltas disciplinarias” en el procedimiento vinculado a una radio de Palmitas, departamento de Soriano.

Cendoya enfrenta dos causas judiciales en las que fue involucrado por autoridades del actual gobierno.


Álvaro García, dirigente frenteamplista y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, escribió en Twitter: “Estoy en Melo apoyando al Frente Amplio para las departamentales. Y se ven estas cosas: un camión de la intendencia colocando carteles del Partido Nacional. Lo peor de la política”. La actual intendente de Cerro Largo, Carmen Tort, dijo ayer a radio La Voz de Melo: “No nos hacemos cargo porque no dimos la orden, no teníamos conocimiento”.

Tort anunció que abriría un expediente con la “investigación correspondiente para determinar” la identidad de “los efectivos responsables de toda esta lamentable situación”, dijo.

Según la intendente, se trata de un hecho “lamentable”, que “daña la institucionalidad de la administración”. 


La intendencia inauguró ayer la Estación Inteligente de Montevideo, en la rambla de Kibón, que brinda conexión a WiFi, cargadores USB, un área para reparar bicicletas y un dispensador de agua fría y caliente, entre otras prestaciones.

La comuna consignó que en la estación la gente podrá "hacer búsquedas interactivas en pantallas táctiles de eventos y lugares de interés en la ciudad".


ECONOMÍA Y EMPRESA

PedidosYa, la plataforma de delivery online creada en Uruguay, y que hoy pertenece a la alemana Delivery Hero, anunció un acuerdo con Glovo para comprar sus operaciones en la región. 

Según informó la empresa en un comunicado, el monto inicial de la operación es de unos US$ 201 millones, con la posibilidad de otros US$ 71 millones adicionales. Se espera que la transacción se cierre en las próximas semanas, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes. 

Este acuerdo abarca los mercados en los que opera Glovo: Panamá, Perú, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Guatemala y República Dominicana. PedidosYa está presente en Panamá y República Dominicana en donde la transición se llevará a cabo de inmediato. En el resto de los mercados Glovo continuará operando hasta marzo de 2021.

“Esta alianza consolida nuestro posicionamiento como líderes en la región y nos brinda la oportunidad de continuar fortaleciendo el servicio y beneficiando a todo el ecosistema de delivery que conforman usuarios, repartidores y los comercios que día a día confían en la plataforma. Además refuerza el   compromiso a largo plazo que tenemos en América Latina", dijo Ariel Burschtin, CEO de PedidosYa. 

Delivery Hero es una de las empresas líderes en delivery online a nivel mundial.


Antes de la pandemia de Covid-19, el año pasado, más de 500.000 personas estaban en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social en Uruguay, según una investigación de CERES (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social) que desarrolló un indicador específico para medir la cantidad de personas en situación de carencia social. 

El estudio determinó que el año pasado había unas 207 mil personas que tenían ingreso superior a la línea de pobreza y por lo tanto no eran consideradas pobres, pero que vivían en condiciones similares a las de los pobres. Eso llevaba a que la pobreza, en el sentido de personas con carencias sociales, comprendiera a 516 mil personas. 

El trabajo del Ceres se realizó sobre la misma Encuesta de Hogares que utiliza el INE para determinar el nivel de pobreza, pero no se limitó a la cuestión de ingreso de personas y familias, sino que consideró otra serie de variables de calidad de vida; como si vive en hacinamiento, sin baño o sin lugar para cocinar, sin calentador de agua, ocupación laboral y educación entre otros. 

Mientras que la pobreza medida por ingreso dio una tasa de 8,8% para 2019, este concepto de pobreza por carencias sociales dio 15% para ese año, antes de que impactara la recesión económica y la crisis por la Covid-19. 

La realidad por regiones del país muestra diferencias importantes: la pobreza aparece más fuerte en el Noreste con 20,6%, seguido por Montevideo con 18,6%. Pero también la capital del país tiene realidades muy diferentes: mientras en el Municipio de Pocitos y otros barrios (Ch) la pobreza total es de 1,3%, en el de Cerro-La Teja es 30,9%, en el Casavalle-Villa Española es 31,7% y en el de Piedras Blancas-Punta Rieles es de 34,3%.


En el mercado local, el dólar bajó ayer apenas 0,02%. El interbancario fondo se operó en promedio a $42,434.

En lo que va de 2020, el dólar acumula una suba de 13,65%.

En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $ 41,25 para la compra y $ 43,65 para la venta. 

En Brasil, la divisa estadounidense bajó ayer y cerró en R$ 5,253.

En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en AR$ 75,25. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) subió fuertemente y cotizó en el entorno de los AR$ 145,00.

Por su parte, el Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1805. 


OTRAS NOTICIAS

La Justicia imputó ayer a un hombre de 38 años por el caso de las amenazas contra la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero, ocurridas en mayo de este año.

El mensaje de la amenaza salió del celular del imputado ayer, aunque él niega haberlo enviado.

Los delitos de la formalización con arresto domiciliario total y tobillera electrónica por 60 días son: Tenencia no autorizada de municiones y, violencia privada especialmente agravada en reiteración real.

El imputado es hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias que, a su vez, el lunes fue formalizado por tenencia y porte de armas en lugares públicos. 


Dos militares y un aspirante a militar fueron condenados por la Justicia, en una de las primeras aplicaciones del flamante delito de resistencia al arresto, creado por la ley de urgente consideración.

Los tres hombres, vestidos de particular, estaban escuchando música emitida desde un auto estacionado junto a la explanada municipal en la madrugada del domingo pasado, cuando una pareja de policías les pidió que bajaran el volumen, luego de que un vecino expresara quejas por el ruido.

Según la acusación de la fiscalía, los dos militares desobedecieron la orden, se resistieron a ser registrados, insultaron a los policías ostentando su condición castrense y, uno de ellos golpeó en la boca y lastimó a uno de los funcionarios.

Finalmente los agresores fueron reducidos, detenidos y condenados en juicio abreviado, a penas de seis a ocho meses de prisión sustituida por libertad a prueba.


Un joven de 24 años fue asesinado de un balazo en la cabeza en la noche del martes en el barrio Nuevo París, mientras trabajaba como delivery de una pizzería .

Fuentes del caso informaron al informativo  Subrayado que la víctima tenía un antecedente sin prisión por un delito de violación de domicilio y porte de arma en lugares públicos.

Al momento no hay personas detenidas ni testigos presenciales del hecho.

 

Foto: Wikipedia