Cuatro personas declararon ante la jueza penal Marcela Vargas y el fiscal Leonardo Morales, y seguirán haciéndolo hoy, por el asesinato del policía Wilson Coronel, ocurrido en un comercio de Pocitos en la madrugada del lunes pasado.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior presentó una denuncia penal para que la Justicia determine responsabilidades del dueño de la pizzería que contrató “en negro” al policía que resultó abatido durante la rapiña al local.
La denuncia no está enmarcada en la ley de responsabilidad penal del empleador, sino que es genérica, para que la Justicia determine si el empresario cometió o no algún delito.
En conferencia de prensa, tras reunirse con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y representantes de los sindicatos policiales, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, anunció además que la cartera presentará una denuncia penal cada vez que constate que un empresario contrató a un policía para tareas de seguridad privada por fuera de la normativa.
Vázquez dijo que, por otro lado, si son encontrados funcionarios desempeñando este tipo de tarea, conocidas popularmente como 223, serán sancionados con las medidas disciplinarias que correspondan.
El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a En Perspectiva que los sindicatos policiales han constatado varios casos de efectivos contratados en negro para tareas de seguridad privada.
También se ha encontrado a policías que figuran en planilla como empleados de un comercio (por ejemplo como reponedores de mercadería) pero que en realidad cumplen tareas de seguridad.
"El Ministerio no tiene exclusividad. El policía puede tener otro trabajo. El Ministerio del Interior lo que dice es que no podes tener otro trabajo vinculado a la seguridad. No lo dice el ministerio del Interior, lo dice una ley nacional. Entonces para poder contratarlo lo contratan con otra categoría" dijo Pereira.
Los sindicatos policiales y las autoridades del Ministerio del Interior acordaron reunirse la semana que viene para empezar a implementar medidas que eviten el trabajo irregular de Policía.
A la salida del encuentro Vázquez dijo que se acordó una serie de beneficios para la familia del policía abatido en la rapiña a la pizzería. Los familiares tendrán derecho a atenderse en el Hospital Policial; se buscará una solución laboral y de vivienda para la viuda, y se le asignará una pensión de $ 28.000, un derecho que corresponde tras 21 años de servicio del policía.
El rector de la Universidad de la República aclaró ayer que la resolución aprobada el martes por el Consejo Directivo Central (CDC) no descartó la modalidad de Participación Público Privada (PPP) para remodelar el Hospital de Clínicas, como trascendió en las primeras versiones de prensa.
Markarián dijo que “el CDC no resolvió suspender nada”, y agregó que “se va en camino de tomar esa resolución, pero no se resolvió”.
Un comunicado publicado en el sitio de la Udelar expresa que lo que se dispuso esta semana fue “prorrogar hasta el 8 de agosto el tratamiento de la modalidad de Participación Público-Privada (PPP) para financiar la re-funcionalización de la planta física del Hospital de Clínicas.
El CDC determinó además que se mantenga la “búsqueda de alternativas de financiamiento para llevar a cabo la totalidad del proyecto”.
Resoluciones de la Udelar de fines de 2015, ratificadas en setiembre de 2016, determinaban que “no se debían descartar a priori las diversas opciones de estudio y financiación”. También se señalaba, y sigue en consideración, que “el camino más adecuado” (en aquel momento, setiembre de 2016) parecía “ser el de la suspensión de los trámites de aplicación de la modalidad de Participación Público-Privada”.
Ahora, en la noche del martes último, el CDC decidió “encomendar al Comité por el Clínicas que elabore una propuesta de resolución (…) a ser tomada en” la sesión prevista para el próximo 8 de agosto.
La Cámara de Representantes rechazó, con 49 votos en contra y 44 a favor, la propuesta del diputado del Partido Independiente Daniel Radío de condenar los hechos ocurridos en Venezuela días atrás cuando se produjo un asalto a la Asamblea Nacional y la posible existencia de presos políticos en ese país.
La moción de Radío tuvo el apoyo del diputado escindido del Frente Amplio Gonzalo Mujica y del representante de Unidad Popular (UP), Carlos Pérez, quien, de todos modos, aclaró que levantó su mano por "cortesía parlamentaria" con su colega.
La Cámara de Diputados aprobó por 50 votos en 98 la creación de una comisión especial para legislar sobre la gestión del patrimonio público de las empresas de propiedad estatal que operan en el derecho privado.
El nacionalista Wilson Ezquerra fundamentó que "esas empresas no tienen mecanismos de contralor”. Afirmó que “el ciudadano tiene derecho a saber cómo se gasta el dinero público".
Dos políticos de Salto declararán hoy en el Departamentos de Delitos Informáticos de la Policía por la difusión en redes sociales de una imagen del senador Leonardo De León (Lista 711) donde se lo ve en un avión con una botella de whisky marca "Chivas" sobre una mesa; De León sostiene que se trata de una foto trucada con la intención de difuamarlo.
Uno de los citados es el exdiputado colorado Leonardo Vinci, y el otro es un periodista y ex fundador de la lista 711, Pedro Rodríguez. Según El País, Rodríguez fue señalado por el propio Vinci de haber colgado la foto antes que él en su perfil de Facebook, bajo la leyenda: "Salud senador ¿Comenzó la campaña de desagravio a Raulito parece?".
El periodista fue fundador de la lista 711 en el departamento de Salto y ahora integra las filas del Partido Colorado.
La gerente general de Gas Sayago S.A, Verónica Lizarraga, puntualizó que todas las remuneraciones de esa empresa se encuentran bajo los parámetros legales. Lo hizo para corregir una versión periodística.
En una nota enviada al diario El País, y hecha llegar a todos los medios, Lizarraga señaló que la ley 19.438, que incorpora las sociedades de capitales estatales a los mecanismos de topes salariales pautados por la ley 17.566, aplica para contrataciones efectuadas con posterioridad a su promulgación, no existiendo ningún caso en estas condiciones.
Ese medio de prensa había señalado hace 5 días, que la gerenta general de Gas Sayago actúa "fuera de la ley" al percibir una remuneración mensual que supera el tope establecido por la ley 19.348, que indica que los jerarcas públicos —incluso de sociedades anónimas del Estado— no pueden ganar más que el 60% del salario del presidente de la República.
La nota del diario indicaba que, según confirmó Gas Sayago en un documento oficial al Parlamento, ella percibe el 77% del sueldo del mandatario Tabaré Vázquez.
La corrección de la gerenta al medio indica que “por otra parte, Gas Sayago S.A. (por resolución de Directorio Nº 56) y sus funcionarios individualmente mediante consentimiento escrito han adherido a un Código de Ética y Conducta que explicita entre sus principios, el cumplimiento de la ley.
INTERNACIONAL
En Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva fue condenado a los 71 años por Sérgio Moro, el juez federal que tiene a su cargo la investigación del Lava Jato, la colosal trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal Petrobras.
Moro sostuvo que Lula recibió sobornos de la constructora OAS entre 2006 y 2012 por un valor de 3,7 millones de reales, unos U$S 1.1 millones, que habría destinado a reformar y amueblar un apartamento triplex de lujo en el estado de San Pablo.
Según dice el auto de procesamiento, Lula era el “líder máximo” del esquema de corrupción descubierto en la petrolera, y que por medio de desvío de fondos y el otorgamiento de sobornos el expresidente habría financiado sus campañas políticas y las de sus aliados
La defensa de Lula dice que, al tomar su resolución, el juez despreció las pruebas de inocencia y usó el proceso para fines de persecución al ex presidente.
Esta es la primera vez que un expresidente de Brasil es condenado por corrupción en el país.
En Estados Unidos, el abogado Christopher Wray, nominado por el presidente Donald Trump para la dirección del FBI, defendió ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado el principio de imparcialidad, que proteja a esa organización de influencias político partidarias.
Wray sostuvo que "sólo hay una forma correcta” de llevar a cabo su trabajo y es con “total independencia, siguiendo las normas y jugando limpio”, y añadió que "el director del FBI no sirve al presidente, sirve a la institución, a la ley y a los estadounidenses".
De ser confirmado para ese cargo, este abogado de 50 años sustituirá a James Comey, quien fuera despedido por Trump en mayo pasado, en medio de la controversia por los presuntos vínculos de la campaña del actual presidente con Rusia, durante las elecciones de 2016.
En su comparecencia de ayer, Wray intentó alejarse de la conexión del entorno de Trump con Moscú, un hecho que involucra a Donald Trump Jr. y que investigan el Congreso y el fiscal especial, Robert Mueller.
Twitter mediante, Trump insistió en que no hubo ninguna coordinación con Rusia y aseguró ser víctima de “la mayor caza de brujas de la historia política”. Preguntado al respecto, Wray lo rechazó: “No considero que Mueller esté en una caza de brujas”, manifestó.
En Francia, el primer ministro, Edouard Philippe, anunció ayer un paquete de medidas que permitirá actuar con mayor eficiencia contra la inmigración ilegal y expulsar de forma sistemática a los solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas.
En conferencia de prensa, Philippe reconoció que ni Francia, ni Europa, ni ningún país, tienen la llave “para resolver el problema que supone la creciente presión migratoria”, menos dramática que hace dos años “pero todavía contundente y sin visos de frenarse en el futuro”, expresó.
El primer ministro informó que en 2016 fueron detenidos 91.000 extranjeros sin permiso de residencia, de los que 31.000 habían recibido la orden de abandonar Francia. Menos de 25.000 extranjeros habrían cumplido esta orden. "Estas cifras no son satisfactorias", subrayó.
Por otro lado, también anunció que de aquí a 2019 se crearán 7.500 nuevas plazas en alojamientos para solicitantes de asilo y otras 5.000 para refugiados, a quienes se les otorgará ese estatus en un plazo no mayor a seis meses.
En Colombia, el presidente de ese país y su par hondureño anunciaron la realización de una cumbre para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, a la que están convocados Estados Unidos, México y los países del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras.
El mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, señaló que esta reunión buscará establecer mecanismos para “fortalecer la cooperación” contra estos delitos, que deben combatirse de forma mancomunada, según declaró.
"La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es una lucha con no puede librar un solo país, tiene que ser mancomunada. Eso ya lo hemos aprendido en Colombia y ustedes lo han aprendido en Honduras, lo están aprendiendo en Centroamérica. Lo está aprendiendo Estados Unidos"
Por su parte, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, expresó su deseo de que Estados Unidos mantenga su compromiso de colaboración y apuntó que una América Central "próspera, en paz, con oportunidades, es el mejor negocio para el pueblo estadounidense".
Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, con 96.000 hectáreas sembradas, y también el mayor productor de cocaína, con 646 toneladas en 2015, según la ONU. Buena parte de esa droga atraviesa los países centroamericanos y llegan a Estados Unidos, su destino final.
En la República Democrática del Congo, Naciones Unidas denunció que el número de fosas comunes identificadas ascendió a 80, luego de que ayer se hallaran otras 38 con cadáveres de personas asesinadas durante la ola de violencia ejercida por una milicia local.
La provincia de Kasai, ubicada en el centro del país africano, es escenario de crecientes choques entre las fuerzas de seguridad y grupos tribales, que han provocado por lo menos 3.000 muertos y más de 1.300.000 personas desplazadas desde 2016.
En esa zona se encuentra desplegado un contingente de “cascos azules” uruguayos, como parte de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas que intentan contribuir a estabilizar la región.
En Venezuela, la oposición se apresta a llevar a cabo este domingo una consulta popular para que los venezolanos digan si están de acuerdo o no con el gobierno de Maduro y su convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
La votación será en varios puntos del país y en el extranjero, lo que ha sido promocionado por la coalición Mesa de la Unidad Democrática como otra forma de expresión del rechazo contra Maduro tras más de 100 días de marchas y piquetes.
Pero como en la organización de este evento no participan entidades del Estado como el Consejo Nacional Electoral, la consulta no es vinculante. Pero los opositores insisten en que todo el país está en rebeldía contra el gobierno porque hace semanas la Asamblea Nacional invocó el artículo 350 de la Constitución que faculta a cualquier venezolano a oponerse a un régimen que sea antidemocrático y que viole los derechos humanos.
Por su parte, el dirigente Leopoldo Lopez recluído en su casa por cárcel, llamó a sus seguidores a participar masivamente en la consulta. Lo hizo a través de su partido Voluntad Popular, en un esfuerzo por desmentir rumores de que el beneficio que le fue otorgado de casa por cárcel busque enfriar las protestas que sacuden a Venezuela y que han dejado casi un centenar de asesinados, la mayoría jóvenes estudiantes opositores abatidos a balazos o atropellados en piquetes. López se ha reunido con otros líderes opositores y con el ex jefe del gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, quien ha estado mediando a favor de Maduro por una salida negociada a la crisis de Venezuela.
El gobierno amenaza encarcelar y sancionar a quienes promueven la votación del domingo o participen en ella. Conatel, el organismo que rige las telecomunicaciones prohíbe a los medios de radio y TV que usen la expresión "consulta popular" y les ordenó retirar propaganda del evento, denunciaron periodístas y políticos de oposición.
Los organizadores dicen que este será el mayor acto de desobediencia civil, están convocados todos los mayores de 18 años, a los que le piden rechazar la Asamblea Constituyente de Maduro, demandar a la Fuerza Armada que se ponga al lado del pueblo, pedir poderes públicos nuevos, elecciones transparentes y un gobierno de unidad nacional.
El gobierno de Maduro afirma que se trata de un movimiento que persigue desconocer los poderes del Estado y crear una especie de gobierno paralelo que suma al país en un caos. La oposición insiste en que la consulta está contemplada en la Constitución nacional y además es promovida por un poder público independiente que es la Asamblea Nacional.
Los organizadores esperan al menos ocho millones de votantes en esta jornada, que se llevará a cabo en más un millar de centros en Venezuela y en varios países de América, Europa, Asia y Oceanía.
En Uruguay, la votación será en la calle Washington 274 de Montevideo.
(Corresponsal Omar Lugo desde Caracas)
En Argentina, el 59 % de los menores de 17 años es privado de algún tipo de derecho y el 38% es pobre según una medición de la Universidad Católica, divulgada mientras varias organizaciones sociales reclamaban una ley de emergencia alimentaria.
Esta medición muestra que entre 2010 y 2015 el índice de pobreza multidimensional bajó del 64 % al 59 %, mientras que entre 2015 y 2016, se mantuvo en el 59 %. La evolución "es muy lenta aún cuando se observa una tendencia positiva", dijo una de las autoras de la encuesta.
En los últimos años, las mejoras se registraron en el campo del saneamiento, el acceso a las nuevas tecnologías y a la información, pero el progreso fue menor en educación, mientras que en alimentación y vivienda no hubo mejoras significativas.
Los datos se dieron a conocer ayer, cuando diferentes organizaciones sociales se manifestaban en el centro de Buenos Aires para exigir una ley de emergencia alimentaria y de asistencia especial para niños con malnutrición.
PANORAMA NACIONAL
La Justicia confirmó en segunda instancia que el laboratorio Roche debe resarcir con más U$S 130.000 a un joven que tras tomar el medicamento Roaccutan, contra el acné, sufrió aplasia medular, lo que derivó en que debiera realizarse un trasplante de médula. Esta posibilidad no figuraba en la lista de posibles efectos secundarios advertidos en el prospecto del remedio.
Según el semanario Búsqueda, el Tribunal de Apelaciones Civil de 2º turno confirmó la sentencia de primera instancia de la jueza Mariana Mota que ordenó la indemnización. Esta confirmación determina que el fallo no es apelable ante la Suprema Corte.
Los ministros del Tribunal, Tabaré Sosa, Álvaro José França y Jon Pérez escribieron en la sentencia que Roche no advirtió de “la posible relación entre el uso del producto y el contraer aplasia medular”, a pesar de que “estaba en conocimiento de la denuncia de seis casos de insuficiencia de la médula” asociados con la Isotretinoina (principico activo del Roaccutan). Agregron que “la información sobre el posible vínculo existía y no era ignorada por parte del fabricante y como tal tenía la obligación de informarla en sus justos términos”.
La oposición criticó el artículo 19º del proyecto de Rendición de Cuentas, que diez años después de la destitución levanta la prohibición del reingresar a trabajar al Estado a aquellos funcionarios públicos que fueron removidos por omisión o ineptitud.
El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Alberto Scavarelli, explicó a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, que la normativa actual implica “un exceso”, porque transcurridos diez años de la destitución, las causales de ineptitud u omisión “no necesariamente se mantienen vigentes, así como tampoco las consideraciones desfavorables que dieron lugar a la destitución del funcionario en cuestión.
Según Scavarelli, “la posición doctrinaria de derechos humanos denominada ‘derecho al olvido’ dispone la necesidad de generar una oportunidad para esa persona, en este caso un funcionario público que no incurrió en un delito doloso”.
El jerarca comparó el caso con el ejemplo de un particular que corrompe a un funcionario público o actúa en contra de la función pública. La sentencia judicial le impone como máximo a ese particular, la prohibición del ingreso al Estado por diez años. “Estamos hablando de un delincuente que corrompió”, remarcó Scavarelli.
El diputado nacionalista Gustavo Penadés calificó el artículo de “inoportuno”. Dijo que sus “años de experiencia” le demuestran que “para que el Estado logre echar a alguien, realmente hay que demostrar que el individuo cometió un delito gravísimo”, y que 90% de las causales de destitución son por ineptitud física. Según Penadés, “la casuística no (le) invita a permitir que diez años después de que los funcionarios son echados por razones gravísimas, puedan reingresar a la administración pública”.
En esa misma línea, el también nacionalista Jorge Gandini consideró que el artículo es “una pésima señal para los buenos funcionarios” y que “ese es el gran tema” porque “en algún momento hay que premiar a los que cumplen, y esta es una manera de desalentarlos”.
El diputado Iván Posada, del Partido Independiente, coincidió con los legisladores blancos y adelantó que su formación política votará negativamente el levantamiento de la prohibición de ingreso a los destituidos por omisión o ineptitud.
El frenteamplista Alfredo Asti, en cambio, aceptó la fundamentación del derecho al olvido, remarcando que con los diez años, por lo menos, fuera de la administración para el funcionario destituido, “el desincentivo a ser inepto u omiso, está marcado”.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
La producción industrial aumentó en mayo 2,2% en relación a igual mes del año pasado, sin considerar la refinería de La Teja que está en una parada técnica por mantenimiento.
Si se toma en cuenta esta industria de Ancap, la producción en el quinto mes del año se retrajo 16%.
El “núcleo industrial”, que además de excluir la actividad de la refinería, deja también afuera las ramas de fabricación de celulosa y producción de alimentos diverso, creció en mayo casi 9% (la mayor suba desde setiembre de 2016) y 3% en el período enero- mayo, siempre considerando la comparación interanual.
Según el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte, con estos datos, la industria manufacturera parece retomar una recuperación gradual, pero con menos puestos de trabajo como forma de mejorar la productividad y recuperar competitividad, dado que Uruguay continúa caro en dólares.
El dólar bajó por cuarta vez consecutiva; ayer descendió 0,41 %. El interbancario fondo se operó en promedio a $28.717.
En pizarra del Banco República, la divisa estadounidense cerró a $ 28,13 para la compra y $ 29,33 para la venta.
El billete verde bajó en la región. En Brasil se ubicó en R$ 3,208; mientras que en Argentina finalizo a AR$ 17,27..
Por su parte, el Euro bajó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1411.
OTRAS NOTICIAS
La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) presentó un informe preliminar semestral sobre siniestros de tránsito. La cantidad de personas fallecidas por este motivo, de enero a junio de este año, registra un aumento de 10 % respecto de igual lapso de 2016.
El titular de la Unasev, Gerardo Barrios, dijo que estas cifras preocupan,
En el primer semestre de este año hubo 239 fallecidos, es decir, 22 más que en el mismo período de 2016. "Es una especie de alerta", indicó Barrios, pero destacó que la tendencia 2011-2017 sigue siendo decreciente.
En 10 departamentos del país hubo un incremento en la cifra de fallecidos por siniestros de tránsito; en ocho hubo un descenso, y solo en Flores se registró la misma cantidad.
Según los reportes, desde 2013 se venía registrando un descenso anual en la cantidad de fallecidos. Esta es la primera vez en cuatro años que subió.
El informe revela también un aumento de 1,2% en la cantidad de lesionados, que en este último semestre fueron 13.875.
Consultado sobre la posibilidad de modificar la normativa que aprobó la reducción a cero de la tasa máxima de alcohol en sangre permitida para los conductores, Barrios dijo que al Gobierno lo “guía el interés nacional y lo avala una ley que ha dado resultados positivos”.
El jerarca explicó que antes de 2008, cuando había lesionados y fallecidos en siniestros de tránsito, las espirometrías positivas alcanzaban un promedio de 37 %, mientras que ahora ese indicador cae a una media de 13 %. En tanto, en los casos en que hubo únicamente lesionados, la incidencia del alcohol era de tres y cuatro veces mayor.
“La tasa de espirometrías positivas este año es de tan solo 6,7 % en promedio, lo cual es un dato muy estimulante”, precisó Barrios.
DEPORTE
Nacional y Rosario Central acordaron la transferencia del volante Santiago Romero, de 27 años, al equipo argentino.
Rosario Central pagará U$S 200.000 a Nacional para contar con los servicios de Romero y, si decide comprar su ficha, el costo será de U$S 1.500.000.
Atenas quedó como único líder del Metropolitano de Básquetbol porque Sayago, que lo igualaba en puntaje, fue sancionado con la quita de 2 puntos.
La sanción, que incluye además cuatro cierres de canchas se debió a salivazos al árbitro Álvaro Labiuza cuando se suspendió el partido de la 9ª faltando un minuto y diez segundos, y Cordón ganaba por 6 puntos.
A causa de la humedad, anoche se jugaron solo dos de los seis partidos previstos de la 1ª fecha de la 2ª rueda.
TABARÉ 70 – COLÓN 65
SAYAGO 84 – AURIBLANCO 79
Suspendidos por humedad antes del inicio o pocos minutos después de iniciados:
MARNE – 25 DE AGOSTO
VERDIRROJO – UNIÓN ATLÉTICA
CAPITOL – STOCKOLMO
MIRAMAR – CORDÓN
