Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
La fiscal Sylvia Lovesio está a la espera de una orden judicial para que habilite una prueba de ADN a dos hombres mayores edad que se encuentran emplazados junto a un adolescente como presuntos autores de la violación en grupo a una mujer de 30 años el domingo en el Cordón.
Ayer, mediante una primera orden judicial, se tomó muestra de ADN al menor, que el lunes se había negado a realizarse el test voluntariamente. Los dos mayores también se negaron a ceder por iniciativa propia una muestra de ADN.
Estas órdenes judiciales demoran más de 48 horas en ser emitidas, lo que excede el plazo máximo en que una persona puede estar detenida sin ser imputada. Por eso, Lovesio liberó a los arrestados y los emplazó con restricción de acercamiento a la víctima y prohibición de salir del país. De todas maneras, Lovesio adelantó que “ni bien” tenga “los resultados de los informes y las pruebas de ADN”, estas personas serán citadas a declarar “y se va a pedir la formalización”.
En diálogo FM Del Sol, la fiscal se refirió en particular a la indignación que generó el hecho de que se tratara el caso como de “presunta violación” y explicó el procedimiento que se está siguiendo. “Hasta que no tengamos evidencia contundente para poder ir al juez de garantías a pedir que se formalice la investigación de la Fiscalía, nosotros tenemos que entender que el o los denunciados son inocentes” en la medida que no se haya probado lo contrario “en un juicio oral y público”.
De todas formas, afirmó que empatiza con los reclamos que se suscitaron en redes sociales:
Me pasa lo mismo que al resto de la gente; a nosotros, que estamos todos los días trabajando con víctimas, nos gustaría que el sistema cambiara. Es lo que reclamo todos los días: poder tener las evidencias con mucho mayor inmediatez, para poder actuar más rápido, para poder darle a la víctima una respuesta.
Lovesio dijo que es necesario "cambiar" el proceso actual por el que pasan las víctimas de ese delito para poder dar "respuesta rápida", pero lamentó que los delitos sexuales en Uruguay "no son una prioridad en materia de políticas públicas".
La mujer denunciante relató que concurrió con una amiga a un boliche donde conoció a un hombre con el que se fue a un apartamento en la calle Jackson y Guaná y que mientras mantenía relaciones sexuales con él, llegaron otros dos que entraron en la habitación y la violaron.
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