La posibilidad de vender dos predios contiguos al dique Mauá al concesionario que construya en esa zona una terminal, fluvio-marítima de pasajeros ha ido generando una resistencia fuerte de vecinos de la rambla sur, la crítica frontal de la Facultad de Arquitectura de la Udelar y el cuestionamiento de algunos sectores del Frente Amplio.
El proyecto de ley que autoriza la enajenación de esos padrones ingresó al Parlamento en febrero de 2017. Recién en diciembre de ese año recibió media sanción en el Senado. Y ahora, tras su aprobación en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, busca ser detenido por quienes se movilizan en contra.
El domingo, la Asamblea Departamental de Montevideo del sector frenteamplista Casa Grande aprobó una declaración en la que se sostiene que la rambla de Montevideo es “patrimonio colectivo y cultural de la nación” y que, si bien “son necesarias intervenciones mayores para mejorar las condiciones” del espacio que se pretende enajenar, la venta en las condiciones planteadas “sentaría un precedente que contradice una tradición histórica de la izquierda política, que ha hecho de la defensa de los espacios públicos y del acceso democrático a estos una seña de su identidad”.
Además, un grupo de vecinos vinculados a la arquitectura y la conservación del patrimonio creó la Asamblea Permanente Por la Rambla Sur para detener el proyecto del gobierno.
La Mesa de los Viernes con Willy Rey, Adriana Marrero, Ana Ribeiro y Juan Grompone.
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Foto en Home: Dique Mauá, padrones afectados. Créditos: Dirección Nacional de Catastro.
