Foto: Municipio A, montevideo.gub.uy/
UTE anunció el martes que enviará a fiscalía los resultados de la auditoría que contrató en octubre del año pasado a la consultora PwC sobre la empresa Gas Sayago, una sociedad anónima propiedad de UTE y Ancap, que estuvo encargada de gestionar el fallido proyecto de la planta regasificadora en la anterior administración.
En rueda de prensa, la presidente de UTE, Silvia Emaldi, dijo que el emprendimiento implicó una “pérdida de 213 millones de dólares»:
Según se infiere del informe de la auditoría se llega a esta cifra de pérdida por mantener un proyecto inviable. Price no detectó documentación que acredite que UTE o Ancap hubieran aprobado un plan de negocios, ni siquiera un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto, el modelo económico financiero y el proceso de toma decisiones para la adjudicación de los principales contratos. No se entiende que un proyecto de esta magnitud pudiera llevarse adelante sin estudios de viabilidad, sensibilidad, y evaluación de los principales riesgos.
Los 213 millones de dólares de pérdida según la titular de UTE, corresponden a la financiación con 113 millones de dólares aportados por el Estado a través de UTE y Ancap, más los 100 millones que la empresa cobró por “la rescisión por incumplimiento del contrato principal”. “Se hace difícil comprender las razones por las cuales se siguió adelante, incluso cuando en el año 2015 se cobró una garantía de 100 millones de dólares por la rescisión por incumplimiento del contrato principal”. De ese ingreso de 100 millones de dólares, 20 millones fueron destinados a gastos de administración, 36 millones al pago de préstamos, 23 millones al pago de impuesto a la renta y 21 millones al pago de activo fijo, describió.
Emaldi advirtió, además, que estas no serían las cifras final de pérdidas: por un lado, Gas Sayago S.A. ha sido “demandada por 37 millones de dólares” y, por otro, se “deberá desmantelar los pilotes ubicados en el Río de la Plata”, lo que costará 8 millones de dólares más.
En contraposición a lo dicho por la presidenta de UTE, la directora en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, opinó que la empresa pagó “una auditoría cara” y recibió “un informe intrascendente” que costó 300.000 dólares. “Me siento defraudada. No lo aprobé y voté no pagarlo”, escribió en Twitter.
La directora por la oposición, citada por La diaria, señaló que el informe remitido por PWC tiene “secciones enteras que son presentaciones y no tienen nada de valoración, ni conclusiones ni recomendaciones”; “no tiene análisis; son datos recopilados que ya habían surgido” y “no aportan ningún valor agregado”, opinó.
La Tertulia de los Jueves con Martín Couto, Cecilia Eguiluz, Daniel Supervielle y Esteban Valenti.
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