Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Cabildo abierto presentó esta semana un proyecto de ley que establece sanciones penales y económicas para los fiscales que incurran en “mala praxis” en el ejercicio de sus funciones.
El texto plantea una ampliación del delito de prevaricato y propone que aquellos fiscales que "intencionalmente persigan penalmente a un no culpable o a una persona a la cual no le corresponda sanción penal", serán castigados con una pena de 18 meses de prisión a siete años de penitenciaria. También se propone aplicarles una inhabilitación especial de tres años para ejercer sus funciones y que deban pagar una multa de 60 a 12.000 unidades reajustables. Las mismas penas y multas están previstas en el caso de los fiscales que oculten pruebas, a la defensa o a la víctima, de su investigación preliminar.
El proyecto abarca asimismo a los jueces. Así, se propone que aquellos que, a sabiendas, dicten una resolución injusta, sean castigados con una pena de entre diez meses de prisión a siete años de penitenciaría, con una multa de entre 40 a 12 mil unidades reajustables, con inhabilitación especial de diez meses a siete años.
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