Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS
Esta semana la fiscalía de Delitos Complejos está tomando declaración a varios jerarcas del gobierno en la causa donde se investiga presuntos ilícitos en el acuerdo firmado por el gobierno con la empresa belga Katoen Natie, que incluyó la extensión hasta el año 2081 de la concesión a la firma TCP de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo.
El capital accionario de TCP se distribuye entre Katoen Natie, con 80%, y la Administración Nacional de Puertos (ANP), con 20%.
El martes declaró el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, que suministró asesoramiento legal en la negociación, y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que firmó el acuerdo porque en aquel momento era titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas.
En sus testimonios, tanto Heber como Ferrés subrayaron “la situación ilegal e irregular” en base a la cual, dijeron, la empresa Montecon desarrolló su actividad en el puerto de Montevideo durante los gobiernos del Frente Amplio, lo que perjudicó la operativa de TCP.
Heber también apuntó que Montecon pagaba una tarifa de almacenamiento con permisos que se renovaban cada 90 días y, sin embargo, “tenía contratos con empresas navieras a uno o dos años” para operar en carga y descarga de contenedores en los muelles públicos; agregó que Montecon movía el 60% de los contenedores en los muelles públicos, mientras que Katoen Natie/TCP operaba el 40% de los contenedores en la terminal especializada.
En declaraciones a la prensa, Ferrés dijo que puso en conocimiento al fiscal de esas presuntas irregularidades.
"Las administraciones anteriores permitieron durante más de diez años en desmedro del Estado Uruguayo, que es parte y dueño de TCP, la instalación en forma irregular de una terminal de contenedores. Y eso no solo es irregular si no una vergüenza. Y eso vinimos a decirle al fiscal".
En su comparecencia, según El País, Ferrés señaló que cuando estudió el tema “vio un desequilibrio” porque no estaba frente a dos empresas que hubieran ganado licitaciones y eran ambas concesionarias. “Yo veía que una (Katoen Natie) sí cumplía con la Ley de Puertos y otra (Montecon) que no. Entonces para mí eso ya era un vicio jurídico. Y para mí eso era un riesgo sustancial en un futuro arbitraje en Washington que iniciara la compañía belga”, testificó el prosecretario de Presidencia ante el fiscal.
Ayer el senador frenteamplista Charles Carrera, uno de los impulsores de la denuncia penal, dijo a Radio Sarandí que "lo que hicieron Heber y Ferrés fue la típica de cambiar el rol de pasar de acusado a acusador".
Carrera remarcó que los jerarcas declararon en calidad de indagados y no presentaron ninguna denuncia de manera formal. "Ellos en esta negociación, que nosotros calificamos como ilegal, inconstitucional e inconveniente, ellos entregaron el patrimonio uruguayo a cambio de nada. Acá no hay ninguna negociación que beneficie al país".
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