La medida de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas fue "el" tema de este jueves, unas 12 horas de toma de la planta de MontevideoGas que culminaron con un desalojo pacífico
Producción: Alejandro Rodríguez Dopico
Para el gobierno era un caso inédito. Nunca desde que se regularon las ocupaciones de los lugares de trabajo, en 2006, se había producido el “control obrero” de una empresa. Y ayer, con los hechos que se precipitaron en MontevideoGas, el desconcierto provocó que por más de 12 horas la compañía quedara bajo la dirección del sindicato de trabajadores.
La situación motivó varias llamadas y reuniones que involucraron al presidente de la República, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro del Interior, el ministro de Trabajo y Seguridad Social y el ministro de Industria, Energía y Minería, y a ejecutivos de la empresa concesionaria del servicio de gas por cañería en la capital, que pertenece a la brasileña Petrobras.
Esta larga sucesión de hechos comenzó sobre las 6 de la mañana. En ese momento una veintena de trabajadores sindicalizados de MontevideoGas se hizo presente en la planta ubicada en avenida General Flores casi José Batlle y Ordoñez, y otro grupo tomó posiciones en las oficinas de la firma, en la Plaza Independencia.
Estaban decididos a ocupar la empresa, desconociendo la sentencia que el miércoles había adoptado el juez en lo civil Hugo Rundie prohibiendo el control obrero a partir de la acción de amparo firmada por la compañía, que buscaba evitar esta medida sindical.
Tras instalar el control obrero, los gremialistas reconocieron que estaban incurriendo en desacato, pero continuaron de todos modos con la medida, según explicó ayer al mediodía, hablando con En Perspectiva, el dirigente Alejandro Acosta.
Somos conscientes que es un desacato al dictamen del señor juez, que establece en sus fundamentos que el derecho de una empresa privada –que no lo es, esto es un servicio público de una empresa estatal concesionada a 30 años- está por encima de ese mismo servicio público, del derecho de los usuarios y del derecho al trabajo. No lo compartimos. Lo respetamos, pero no lo compartimos.
El sindicato impidió, sobre las 8.30 de la mañana, el ingreso de tres gerentes que pidieron acceder para cumplir con sus tareas. Los jerarcas se retiraron y procedieron a presentar una denuncia penal por la toma de la compañía.
La Policía se presentó en dos oportunidades a lo largo de la mañana para certificar la medida sindical y dialogar con los responsables de la decisión. Dos agentes tomaron testimonio a los ocupantes y se marcharon.
También llegó hasta el lugar el secretario general del PIT CNT, Marcelo Abdala, que dialogó con trabajadores y después se trasladó a la sede de la central sindical, donde iba a reunirse de manera urgente el Secretariado Ejecutivo. Una resolución aprobada luego por el PIT CNT manifestó el “acompañamiento solidario a la resolución autónoma de los compañeros del gas” y señaló la “enorme duda sobre la pertinencia que la Justicia Civil laude en conflictos colectivos de trabajo”.
Sobre las 11 de la mañana se presentaron en la planta de MontevideoGas los diputados del Frente Amplio Gerardo Núñez y Luis Puig, integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo. Ofrecieron al sindicato que levantara la medida a cambio de la instalación de una mesa de diálogo; obtuvieron una respuesta positiva.
Desde allí mismo el diputado Puig llamó al gerente general de la empresa, Carlos Bellomo, para ofrecerle el espacio de diálogo a cambio de dejar en suspenso el despido de los 37 trabajadores anunciado días atrás.“Nos reunimos donde ustedes nos digan”, le dijo Puig a Bellomo.¿La respuesta? Un rotundo no. Según el legislador, Bellomo alegó que el sindicato estaba incurriendo en desacato al tomar el control del servicio de gas y que en esas circunstancias no había nada que dialogar.
“Quedamos a las órdenes para poder reunirnos si es posible acercar las partes”, le dijo Puig. Y la comunicación finalizó allí.
En el Ejecutivo
Mientras tanto, en el Poder Ejecutivo reinaba la incertidumbre. Y así lo reconoció el propio ministro Murro, que dijo que se enteró por los medios de comunicación, apenas despertó, que MontevideoGas había sido tomada.
A media tarde, en conferencia de prensa, Murro dio detalles de lo que fue su jornada.
En las primeras horas de la mañana, cuando ya integrantes de la oposición reclamaban a través de las redes sociales la intervención del MTSS para que solicitara al Ministerio del Interior el cese del control obrero, Murro tenía en sus manos un informe de la división jurídica de la cartera que había solicitado el día previo.
En ese escrito, explicó el ministro, se señalaba que si no existía una decisión judicial, el MTSS debía requerir que la Policía desalojara la empresa, según lo dispuesto en el decreto 165 del año 2006. ¿Por qué? Porque esa norma sólo admite “asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa”, cuando “el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país”, y esas condiciones no se daban en este episodio.
Pero ocurría que esta vez estaba sobre la mesa el fallo del juez Rudie y eso, según los abogados de la secretaría de Estado, colocaba la pelota en la cancha del Poder Judicial: era el magistrado quien debía ordenar al Ministerio del Interior el cumplimiento de su sentencia en la que se prohibía el control obrero.
Así lo explicó Murro:
La posición que nosotros adoptamos es: ante esta situación, donde hay una sentencia judicial, prima, es fundamental, es prioritaria, la sentencia judicial. Y no lo que existía antes de la instancia judicial, que eran las potestades que hubiera tenido el MTSS de solicitar el desalojo si se hubiera concretado el control obrero antes de la instancia judicial. El control obrero se concreta hoy, después de la instancia judicial.
Las horas pasaban y el sindicato mantenía la toma de la planta de la avenida General Flores. Entonces, Murro decidió llamar al juez Rundie y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Turell, para asesorarse sobre quién efectivamente debía solicitar la intervención policial: si era la Justicia o si era él como ministro de Trabajo.
En esas conversaciones la conclusión fue que era la Justicia quien debía requerirle al Poder Ejecutivo el desalojo de las instalaciones de MontevideoGas.
Murro optó por trasladarse al juzgado a cargo del doctor Rundie, que abría a las 12.30. Llegó a las 12:45 y a las 13.30 logró hablar con él. Era la primera vez que asistía a una sede judicial desde que integra el Poder Ejecutivo, según contó. Mientras esperaba vio llegar a directivos de MontevideoGas que presentaban un escrito solicitando al magistrado que liberara los locales de la empresa en base a su resolución de la víspera.
Cuando accedió al despacho del juez Rundie le entregó una nota en la que se ponía a disposición de la sede judicial y en la que sostenía: “dada la sentencia judicial, es clara la plena competencia del Poder Judicial en el caso”. El magistrado se retiró y unos minutos después le dio al ministro una nota en la que intimaba a los ministerios de Trabajo, Industria e Interior a cumplir con la disposición de evitar el control obrero.
Murro caminó hasta el Ministerio del Interior y, siguiendo una sugerencia del juez, le entregó en mano a Eduardo Bonomi una copia del escrito. Paralelamente, hizo llegar otra copia al ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, con quien no había podido encontrarse personalmente.
A todo esto, ya habían ocurrido otros contactos, en particular con el presidente Vázquez y con algunos directivos de la empresa tomada, que reclamaban celeridad en el desalojo de la planta.
Por otro lado, los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo regresaron al local de la avenida General Flores e insistieron ante los sindicalistas con el pedido de que depusieran la medida.
No fueron los únicos que se acercaron a ese sitio. Entre otros se hicieron ver (y escuchar) el ex dirigente tupamaro Jorge Zabalza y la líder de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites.
La Policía se hizo presente en la planta poco después de las 16.00 para notificar la intimación. Hubo idas y venidas, en las que participaron, entre otros, los mediadores enviados por el Ministerio del Interior y los dirigentes del PIT-CNT Marcelo Abdala y Joselo López.
Finalmente, sobre las 18.00 dos asambleas de trabajadores simultáneas aceptaron abandonar de manera pacífica la planta de la avenida General Flores y las oficinas ubicadas en el Centro, aunque advirtieron que sus reclamos seguían vigentes y que, si en los próximos días no se alcanzaba un acuerdo, adoptarían otras medidas de lucha. La salida de los militantes se produjo alrededor de las 18.15.
Murro sostuvo que el gobierno actuó “de acuerdo a Derecho” pero admitió que la situación inédita había generado dudas sobre cómo había que proceder.
Hemos actuado de acuerdo a Derecho. Hemos actuado respetando la resolución judicial, hemos actuando dándole prioridad a la sentencia judicial, que obviamente es más que una resolución del Ministerio. E hicimos lo que teníamos que hacer. Y a partir de eso, tanto es así que es la primera vez que como ministro que concurro a un juzgado y es la segunda vez que en 27 años de actuación pública concurro a un juzgado.
Dada la situación, decidí concurrir personalmente para ponerme a las órdenes del juez y presentarle la nota que hemos publicado. Tuvimos una muy amable conversación con el juez y a esta hora está el procedimiento que, a partir del procedimiento judicial, quien debe actuar es el Ministerio del Interior. Acabo de dialogar con el ministro Eduardo Bonomi y en estos minutos el Ministerio del Interior está actuando.
¿Cómo continúa esto? Si durante el fin de semana no se acercan las posiciones de las partes, el lunes el sindicato instalará una carpa frente a la sede del Ministerio de Industria y un par de trabajadores comenzarán una huelga de hambre.
El reclamo de fondo: que el Gobierno acuerde con Petrobras el abandono de la concesión del negocio de gas por cañería en Montevideo y que evite la concreción de los despidos que la empresa ha venido manejando.
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Foto: Presidencia (Archivo)
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