Se debe al expediente Ancap, abierto hace casi dos años por una denuncia que presentaron todos los partidos de la oposición.
Repentinamente, el uso discrecional de las tarjetas de crédito corporativas volvió ayer al tapete. Y lo hizo con un gran estruendo. En este caso se trata de las tarjetas corporativas del Banco República (BROU) durante el período de gobierno del difunto presidente Jorge Batlle.
El semanario Búsqueda publicó ayer que entre los años 2000 y 2005 cuatro integrantes del directorio del BROU realizaron con sus tarjetas corporativas unas 400 compras que un informe realizado por legisladores oficialistas (con base en datos del banco) califica como “erogaciones ajenas a la función específica”.
Los ex jerarcas señalados son Daniel Cairo y Milka Barbato, del Partido Colorado, y Pablo García Pintos y Carlos Rodríguez Labruna, del Partido Nacional, cuatro de los cinco miembros de aquel directorio.
En los primeros años de aquel período, entre 2000 y 2002, la institución bancaria fue presidida por Juan Ignacio García Peluffo, sobre quien no se formulan objeciones. En 2002, en medio de la crisis bancaria y financiera, asumió en su lugar Daniel Cairo.
Desde ese momento y hasta el fin de la administración del presidente Batlle, el directorio del BROU quedó integrado por Cairo, Barbato, Dante Buonomo (colorado, que ingresó para completar la composición de cinco miembros) y los nacionalistas García Pintos y Rodríguez Labruna.
Según el informe que publicó el semanario Búsqueda, Cairo, Barbato, García Pintos y Rodríguez Labruna fueron quienes utilizaron de manera discrecional la tarjeta. En los detalles de sus consumos figuran compras en joyerías, bazares, supermercados, farmacias, artículos para el hogar, licorerías y vestimenta, entre otros rubros.
Según pudo saber En Perspectiva, el reporte fue elaborado por un equipo liderado por el diputado frenteamplista Daniel Placeres, a partir de datos suministrados por el BROU. Si bien varios legisladores oficialistas realizaron pedidos de informes a distintos organismos sobre el uso de la tarjeta corporativa, Placeres confirmó que este trabajo se desarrolló en su despacho.
El informe contabiliza casi 400 transacciones por más de 21.000 dólares “que no se corresponden con los gastos para los que se prevé” la utilización de las tarjetas institucionales del BROU. Quien aparece con la mayor cantidad de operaciones controvertidas es García Pintos, director del BROU como miembro del Partido Nacional: 181 veces por 12.029 dólares.
En cuanto a los jerarcas colorados, quien efectuó más de estos gastos fue Cairo, que ocupó en el BROU los puestos de presidente y vicepresidente. Hizo 35 compras por 1.997 dólares.
El reporte indica que en 2005, cuando el Frente Amplio alcanzó el gobierno, este tipo de gastos dejó de existir.
Según supo En Perspectiva, hasta ese año en el BROU no se regulaba el uso de las tarjetas corporativas de las jerarquías del BROU. Pero el 1 de noviembre de 2005 el directorio del BROU presidido por Fernando Calloia aprobó por unanimidad una resolución con un reglamento específico. Se prohibieron así las compras que no estuvieran vinculadas con gastos de pasajes, hoteles y restaurantes de los titulares de las tarjetas. Además, se estableció que todo gasto debía ser aprobado por el conjunto del directorio del organismo.
Un integrante de aquel directorio comentó a En Perspectiva que, al analizar los gastos del quinquenio anterior, se encontró que el uso de los plásticos tenía “relativa discrecionalidad”, lo que llevó a elaborar el reglamento.
Derivaciones
A lo largo de la mañana de ayer las autoridades partidarias fueron enterándose de la información y resolvieron tomar cartas en el asunto.
Por ejemplo, el secretario general del Partido Colorado, Adrián Peña, determinó que la conducta de Barbato y Cairo sea analizada por la Comisión de Ética de la colectividad. Según explicó Peña a En Perspectiva, ninguna de las dos personas continúan vinculadas al partido. Es más, Cairo integra el Partido de la Gente que lidera Edgardo Novick. Igualmente, como en aquel entonces representaban al Partido Colorado se los citará para que den cuenta de su comportamiento.
Peña dijo lo siguiente a En Perspectiva: "Es el ámbito donde las personas podrán, en caso que así se establezca, presentar los descargos, la documentación y podrán hacer las declaraciones pertinentes. Me parece que también es importante. Acá se trata de dos personas que hoy no integran la colectividad. Uno es suplente de Novick, del Partido de la Gente, en la Corte Electoral, y por otro lado, la doctora Barbato no es ni convencional ni siquiera afiliada al partido. Bueno, son designaciones hechas por el Partido Colorado y va a haber que estudiar todo esto y ver si hay acciones para tomar o no".
Pero la polémica no se agotó allí. Los dos ex directores blancos realizaron declaraciones periodísticas que complicaron aún más el panorama.
Lo más detonante corrió por cuenta de Pablo García Pintos que, en una entrevista con Radio Sarandí, dijo que usaba la tarjeta corporativa, entre otras cosas, para pagar aportes económicos exigidos por el Partido Nacional a sus representantes en cargos políticos y de particular confianza. ¿Cómo? Mediante la extracción de dinero en efectivo en la institución bancaria.
Esta confesión hizo saltar las alarmas en el Partido Nacional. El diputado Pablo Iturralde pidió al presidente del Honorable Directorio, Luis Alberto Heber, que cite de inmediato a ese organismo para tratar el caso y lo derive a la Comisión de Ética, lo que finalmente ocurrió en horas de la tarde.
Iturralde dijo a En Perspectiva que entiende necesario aclarar el episodio y sancionar a García Pintos en caso que se concluya que su conducta no fue la adecuada. Es más, sostiene que se puede llegar a reclamar la restitución del dinero al Banco República.
Así habló Iturralde: “Es insólito pensar que alguien esté retirando dineros públicos para pagar los aportes. No le voy a preguntar de dónde sacó a cada uno que venga a pagarme el aporte. Me parece insólito y me parece absolutamente fuera de lugar. No puedo creerlo y creo que tenemos la obligación de reclamarle la devolución de todos esos temas al Estado uruguayo”.
Según las averiguaciones que hizo En Perspectiva, los legisladores y jerarcas nacionalistas deben aportar el 5% de sus ingresos nominales a la colectividad para solventar su estructura y funcionamiento. Por aquel entonces, cuando el directorio era presidido por Luis Alberto Lacalle, un cobrador se trasladaba mes a mes hasta las oficinas de los jerarcas para recibir las contribuciones.
En ningún caso se interrogaba sobre la procedencia del dinero, y en la actualidad tampoco se hace, según reconocieron parlamentarios del Partido Nacional a En Perspectiva.
Por otra parte, las autoridades blancas resolvieron ayer que se analizará las compras que figuran en los estados de cuenta de los dos ex directores nacionalistas del BROU. Uno de ellos, Rodríguez Labruna, explicó ayer que eran básicamente “regalos de casamiento”. En declaraciones a Radio Carve, el exjerarca relató que cuando ingresó al directorio al BROU se quedó “sorprendido” porque “a las 24 horas tenía el despacho lleno de regalos: licores, vinos, telas, carne, lo que fuere”. “Empresarios que trabajaban con el banco me lo regalaban como una forma de vincularse. Y hay todas esas circunstancias de las que es muy difícil evadirse”.
Después, según contaron Rodríguez Labruna y García Pintos, muchos de esos empresarios clientes del BROU los invitaban a los casamientos de sus hijos, y ellos se enfrentaban a la obligación protocolar de participar en los regalos colectivos.
Iturralde fue muy crítico con el uso de la tarjeta corporativa para comprar obsequios: “Hay una clara confesión del mal uso de las tarjetas en sus propias declaraciones en la prensa de hoy, y por tanto no habría demasiado para investigar. No dije de hacer la denuncia penal porque notoriamente esto ya está prescripto, dados los años que pasaron. Pero si existiera la posibilidad de que no hubieran prescripto, deberíamos denunciarlos a la Justicia”.
El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, informó por Twitter que los antecedentes de este caso fueron remitidos a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos para que estudie la eventual comisión de delitos y si éstos proscribieron o si pueden ser perseguidos penalmente.
El delito de peculado -el que le tipificó el fiscal Luis Pacheco a Raúl Sendic por el uso de la tarjeta corporativa de ANCAP- tiene una pena máxima de unos seis años y prescribe en diez, por lo que ninguno de los directores mencionados podría ser juzgado por esa figura.
Pero si se entendiera que están en juego el fraude o el abuso de funciones, los delitos también habrían prescripto a los diez años.
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Producción: Alejandro Rodríguez y Gastón González Napoli
