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Gas por cañería: El porqué del conflicto y cómo puede afectar al usuario la situación de las empresas

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Dirigentes del sindicato del gas llevan su decimocuarto día de huelga de hambre, aquí, a metros del estudio de En Perspectiva, en una de las esquinas frente a la Plaza Independencia.

¿Cuál es su planteo? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo puede impactar en los usuarios del servicio de gas por cañería lo que el sindicato denuncia? Les proponemos repasar los aspectos clave de este asunto.

El gas llega a nuestro país desde Argentina, a través del gasoducto Cruz del Sur. Y de hecho dependemos de las políticas que fije este país como exportador de este energético, algo que ha variado mucho en los últimos años, en materia de precio y cantidad.

El servicio de distribución de gas por cañería en Uruguay es brindado desde la década del 90 por dos empresas: Montevideo Gas en la capital y Conecta en el interior. Ambas firmas son propiedad de Petrobras, este gigante petrolero de Brasil que ha tenido numerosos problemas a raíz de los sonados casos de corrupción en el país norteño.

Los Distribuidores son titulares de la concesión de servicio público, que reciben el gas en sus redes y lo distribuyen a usuarios en su área geográfica.

El Poder Ejecutivo establece, a través de decretos del Ministerio de Industria, cuál es la tarifa máxima que las empresas distribuidoras están autorizadas a cobrar mensualmente a sus clientes.

Antecedentes

Hechas estas puntualizaciones generales sobre cómo se desarrolla el mercado del gas por cañería, cabe recordar que la situación de este sector ya tuvo notoriedad a mediados de este año, cuando tanto Conecta como Montevideo Gas, a través de Petrobras como su principal accionista, denunciaron demandas contra el Estado uruguayo por ver afectado su negocio.

Según se señaló en su momento, la demanda de ambas empresas llegaría a los U$S 100 millones.

En su alegación, Petrobras señaló que "las condiciones en que las concesiones a sus distribuidoras de gas en Uruguay se realizaron" en 1994 y 1999 "no perduraron" y que debido a "los cambios en las condiciones de las exportaciones del gas argentino para Uruguay", el precio de la importación desde Argentina se multiplicó "por ocho entre 2005 y 2015″.

Por estos motivos, argumentó la empresa, Petrobras realizó "a lo largo de los años" varias "peticiones administrativas y reuniones” con ministros y otras autoridades nacionales, en las que no hubo resultados.

Destacó que tras la interrupción en la construcción de la planta regasificadora, en mayo de este año "las condiciones de suministro de gas empeoraron", ya que "se encarecieron y los nuevos costos aún no fueron contemplados en las tarifas por el Estado uruguayo" (recordemos que es el Poder Ejecutivo el que fija la tarifa).

Al mismo tiempo fue que Uruguay "resolvió ejecutar la garantía bancaria de la concesión de la empresa Montevideo Gas, alegando incumplimiento del pago de parte del arrendamiento (canon) por el uso de los bienes concedidos".

Ahora, esa situación que alega la empresa ha tenido su impacto en los trabajadores…

El sindicato denuncia que Petrobras mandó ya a 24 trabajadores al seguro de paro y planea llegar a 55 o 60, de un total de 180 trabajadores. A su vez, según el gremio, la empresa no está reponiendo puestos de trabajo de personas que están próximas a jubilarse, y de hecho las incentiva a retirarse. Esto relataba a la producción de En Perspectiva el dirigente del sindicato, Alejandro Acosta:

"En total, entre esos dos rubros estamos hablando del 45 % de la plantilla laboral que se va a ver afectado y lamentablemente no vamos a tener gente para cumplir con los servicios. Petrobras nos plantea tercerizar parcialmente la atención telefónica de emergencias, que es un área clave en cualquier distribuidora de gas. Entendemos que esa decisión va a traer serios problemas. Tenemos las guardias de emergencia, que sólo hay dos trabajadores por guardia para cubrirlas".

Ante esta situación le consultamos a Acosta específicamente si más allá de la atención al público, se puede ver afectado el suministro del servicio de gas por cañería:

"El tema es que el suministro de gas que viene a través del gasoducto Cruz del Sur, funciona controlado por cuadrillas de trabajadores para asegurar que llegue. Si se sucede cualquier desperfecto y nosotros no tenemos la cantidad suficiente de gente para responder a eso, ahí es donde puede estar en riesgo el suministro y la atención de emergencias. Porque inevitablemente cuando vos tenés tan poco personal, te puede suceder un problema y que no tengas formas de dar la atención que establece el contrato. Entonces eso es lo que estamos viendo…. Se quiere reducir el personal de una manera tan aguda que no vamos a no poder responder ante esas situaciones de la mejor manera".

Quien controla el contrato de concesión del servicio de gas por cañería es la URSEA. Según se señala en la web del organismo, se “verifica el cumplimiento de los mismos, en particular realizando controles rutinarios sobre el nivel de odorización del gas distribuido, el cumplimiento del valor máximo del gas no registrado y fiscalizando el cumplimiento del plan de relevamiento sistemático de fugas en las redes. (…) También se realiza el análisis de responsabilidades en todos los accidentes relacionados con la distribución del gas natural, aplicando sanciones al distribuidor en los casos que corresponda”.

Por eso le preguntamos a Acosta si, a su criterio, la URSEA no debería haber intervenido. Y él decía que sí, pero iba más allá, exigiendo la injerencia de otros organismos del Estado:

"Bueno, debería haber intervenido hace rato. Para nosotros esta empresa necesita que haya mejores controles. Pero sobre todo necesita que el Ministerio de Industria y otros actores institucionales conminen a Petrobras a desarrollar la gestión. Lo que está planteado en realidad es que no hay inversiones, no se procura incorporar más usuarios, pero por otro lado se dice que hay dificultades económicas que habilita a envíos al seguro de paro, a eliminar puesto de trabajao, a eliminar sectores".

Es más, el sindicato asegura que le propuso a Petrobras antes del conflicto un plan comercial para desarrollar el negocio:

"Nosotros como sindicato le propusimos a la empresa, al comienzo de las negociaciones, un plan comercial para incorporar unos 4.000 usuarios a través del agua caliente y cocina. La propia empresa nos dijo que si en 12 meses se lograba ese objetivo iba a incrementar su facturación en 1 millón de dólares más. Pero por algún motivo, quizás para abonar el hecho de que no quieren revertir esta situación, han descartado este tipo de planteos. Nosotros no estamos sólo en medidas de lucha, si no que le hemos propuesto a la empresa trabajar para desarrollar con un sentido lógico la cantidad de usuarios".

Los usuarios

¿Y se han perdido clientes en este contexto? Según el sindicato, en este año se aceleró la pérdida de usuarios… Y ya van unos 700 clientes menos por la pérdida de calidad en el servicio. En los últimos 8 años han sido unos 5.000 los que suspendieron el servicio. Ante esto, el sector de gas por cañería, ¿sigue teniendo futuro? Esto decía Acosta:

"Lo que vemos es que acá hay una estrategia que es mucho más allá que el conflicto laboral. Acá lo que está en riesgo es la continuidad del servicio público de gas natural, porque de seguir así con esta gestión de Petrobras, seguramente en poco tiempo nos estemos cuestionando si continúa o no el sector".

¿El precio incide también para los usuarios? Esto decía el dirigente del sindicato:

"Nosotros tenemos un gas que depende en su precio y volumen de Argentina. Eso nos condiciona. Esto fue lo que dejaron como escenario los gobiernos blancos y colorados en los años 90, cuando se sumaron a estrategia regional de que Argentina fuera la gran proveedora de gas natural a la región. Cuando nosotros decíamos que eso no tenía sustentabilidad, se negaron a escucharnos. A principios de los 2000 se empezó a vivir esa realidad de restricción del gas y elevación de los precios. Ahora, en este momento, tenemos un gas que no es el más competitivo de los energéticos muchas veces, pero tenemos otra serie de variables: la atención permanente al usuario, la comodidad… Creemos que desde ese punto de vista, tenemos un mercado que podemos desarrollar. No es el mercado que se desarrollaría con regasificadora, pero tampoco que no se puede hacer nada. Entonces, cuando el usuario ve que el precio no es tan competitivo como desearía y a su vez de que tenemos extremas dificultades para poder conectar rápidamente el gas, para poder solucionarle los trabajos que nos demandan, entonces cierra una ecuación de decir : "bueno, no me interesa tener más gas por cañería". Nosotros le hemos planteado a la empresa que eso hay que revertirlo, que hay que desarrollar planes donde nosotros de alguna manera apostemos a conservar e incrementar los usuarios con múltiples acciones. Desde el punto de vista propagandístico, de planes comerciales. Por qué no, la empresa puede incorporar calefones de gas que se puedan vender en cuotas a los usuarios, que pueda haber promociones. Eso sería estar buscando incrementar los ingresos de la empresa. Durante años no se ha hecho y ahora también se niegan a hacerlo. Entonces, creemos que Petrobras no tiene intención de gestionar la empresa. Tiene intención de irse con una tajada económica, que incluye las demandas arbitrales, etc. etc."

En este marco, si se concretara el proyecto de la regasifcadora, ¿cambiaría la realidad?

(Alejandro Acosta)Podría haber por volumen y por precio la posibilidad de una expansión rápida y consistente.

(Romina Andrioli) – ¿Es determinante para ellos si hay o no regasificadora?

(Alejandro Acosta) – Bueno, la empresa le transmitió en reunión al ministro Murro hace un par de meses y por notas al Presidente de la República, al ministro Astori y la ministro Cosse, que si hay regasificadora para ellos las distribuidoras de gas tienen que cerrar.

¿En qué están ahora las negociaciones?

Ayer se habían logrado retomar las conversaciones en el Ministerio de Trabajo, pero el sindicato denuncia que no se logró avanzar y por lo tanto los dirigente continuarán con la huelga de hambre.

De hecho, estaba previsto que a esta hora (y seguramente esté ocurriendo eso en ese momento) fuera a visitar la carpa de los dirigentes, instalados aquí frente a la Plaza Independencia, el Cardenal Daniel Sturla.

Y es algo que ya han hecho varios actores políticos, entre ellos legisladores del Frente Amplio que fueron incluso hasta la propia empresa Petrobras el viernes pasado pidiendo que se reabriera esa instancia de negociación que ayer –según el sindicato- quedó trunca.

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Producción: Romina Andrioli
Crédito foto Home: Sindicato del Gas