Ayer quedó habilitado el protocolo de acción de El Guardián para interceptar llamadas telefónicas y correos electrónicos mediante autorización del Poder Judicial. Sin embargo, desde la oposición se reclamó un marco legal que mejore las garantías para casos en que se habilite el espionaje de personas.
Según dijo el senador del Partido Nacional Javier García a En Perspectiva, la ley a partir de la que se regula esta actividad “tiene algunos años”, por lo que el protocolo que se difundió ayer es insuficiente y da una respuesta “muy parcial” al tema.
EN PERSPECTIVA
Miércoles 02.12.2015, hora 10.19
EMILIANO COTELO (EC) —El sistema El Guardián, del Ministerio del Interior (MI), quedó habilitado ayer para interceptar conversaciones telefónicas y correos electrónicos mediante autorización del Poder Judicial.
El protocolo de actuación fue firmado por la fiscalía de Corte, el MI, y la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El Guardián es muy potente: puede intervenir en forma simultanea el tráfico de 800 celulares y 200 teléfonos fijos, y monitorear además correos electrónicos y redes sociales.
El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, aseguró que esta tecnología va a dar más garantías porque permite centralizar la investigación de comunicaciones, que hasta ahora se realizaba en 22 modalidades diferentes, incluidas las de cada una de las jefaturas departamentales del país.
Desde que trascendió en la prensa la noticia de la compra que había realizado el MI de esta herramienta, a mediados de 2013, el asunto ha generado mucha polémica. Desde la oposición se ha planteado una serie de preocupaciones en cuanto a la utilización de esta tecnología.
Ahora que el tema se ordena, El Guardián se presenta públicamente y se pone en funcionamiento, ¿qué dice, por ejemplo, el senador del Partido Nacional Javier García? Vamos a averiguarlo.
ROMINA ANDRIOLI (RA) —¿Cómo vio el protocolo que se firmó ayer? ¿Da ahora las garantías que usted y otros dirigentes de su partido estaban reclamando?
JAVIER GARCÍA (JG) —Creo que la posibilidad de hacer escuchas telefónicas es una herramienta fundamental en la investigación del crimen. Me parece que en la medida que aumentan las posibilidades tecnológicas, con esta potencia que ustedes mencionaban -con centenares de teléfonos, correos electrónicos, etcétera- también tienen que aumentar las garantías para el individuo. El peligro es que el Estado tenga mayores posibilidades de introducirse y espiar la vida de las personas y que las personas no tengan protegidos sus derechos humanos, su intimidad, la libertad de expresión y de conciencia.
Esto que se hizo ayer es un paso, igual no es una garantía total ni nada que se le parezca. Yo estuve leyendo la reglamentación, todo el sistema opera sobre tres pilares: el software, el sistema de interceptación de datos que es El Guardián; un sistema de comunicación entre el Poder Judicial, el MI y las fiscalías, para la autorización de las interceptaciones legales; y después todo el que opera el MI, que es el procesamiento de datos. El protocolo es sobre una de las partes, pero la preocupación no es sobre lo que se hace legalmente sino sobre lo que hay posibilidades de hacer ilegalmente. Si hay una orden judicial eso es claro, hay un procedimiento, un expediente, alguien que se hace responsable. El problema es cuando existe un sistema tan poderoso que puede ser utilizado por fuera de lo que manda la justicia. El problema no es lo que es legal sino la utilización ilegal.
Ahí yo creo que tiene que haber una ley que establezca el marco regulatorio y las garantías cuando se habilita el espionaje de personas.
RA —El presidente de la SCJ ayer fue bastante tajante en ese punto, señaló que si hay una escucha hecha fuera del marco de la Constitución, de la ley y de este protocolo, se va a considerar un acto delictivo, una violación a los derechos humanos fundamentales. Por ese lado él dio las garantías, pero usted dice que no es suficiente.
JG —Yo tengo otra interpretación de lo que dijo. Él dijo: si existiera alguien que lo hiciera por fuera de la ley eso sería un delito. Lo que está diciendo es que hay posibilidades de que se haga por fuera de la ley. Coincidimos. Dice: si alguien lo hace por fuera de este protocolo lo está haciendo ilegalmente. Eso es lo que me preocupa a mí, la posibilidad de que se haga ilegalmente, justamente. Esas declaraciones del doctor Chediak demuestran que, independientemente del protocolo, hay una posibilidad de que se haga por fuera de la ley y el que lo haga está cometiendo un delito, claro, siempre que se descubra que lo está haciendo.
Por eso creo que tiene que haber un marco legal. Actualmente se hace a partir del artículo quinto de la ley número 18.494 de lavado de activos, ese es el artículo que utiliza el juez para autorizar o decidir el espionaje a una persona. Es una ley que tiene algunos años, la tecnología ha avanzado mucho y las posibilidades de seguir avanzando son aún mayores, ilimitadas, por lo tanto me parece que hay que preservar y ser muy cuidadoso.
Este es un tema que se está discutiendo actualmente en muchos países: paralelamente a las posibilidades de la justicia de espiar la vida de personas para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, etcétera, tiene que haber un aumento de las garantías para la inmensísima mayoría de los ciudadanos, que somos personas de bien.
Este instrumento no garantiza en absoluto, desde mi punto de vista, ese marco de garantías que puede haber porque, como bien dijo Chediak ayer, puede existir gente que lo haga por afuera. Yo quiero aumentar ese marco de garantías para disminuir al mínimo la posibilidad de que haya gente que actúe fuera de la ley sea donde sea, un funcionario del MI, de una telefónica o lo que fuera.
RA —En ese sentido hay un aspecto novedoso que plantea el protocolo que es la auditoría: “El Poder Judicial y el Ministerio Público auditarán la correspondencia entre las medidas de interceptación legal dispuestas por los magistrados penales y las cumplidas por parte de las operadoras de telecomunicaciones”. ¿Usted dice que eso tampoco es suficiente?
JG —Eso está dentro del cupo de lo que se hace legalmente. Eso va a estar a la vista. A mí me preocupa aumentar las garantías para achicar al mínimo las posibilidades de que este sistema sea usado por fuera de ese protocolo para intervenir o espiar la vida de las personas.
RA —¿Y cómo se podría aumentar esas garantías? ¿Cuál entiende que podría ser la solución?
JG —Creo que tiene que haber un marco legal mucho más completo que el que existe actualmente que prevea este avance tecnológico que no tiene límites (por suerte la innovación y la tecnología también aumentan sin límite; el conocimiento en el mundo se duplica cada cinco años, mire si habrá posibilidades en el mundo tecnológico), que ampare los derechos de las personas y limite al máximo la intervención del Estado o los individuos por fuera de los marcos legales establecidos para introducirse en la vida de las personas. ¿Aumentan las posibilidades de introducirse en la vida de las personas? Entonces aumento las garantías que tiene que dar la ley para proteger a las personas y sus derechos humanos.
RA —¿Nos puede mencionar algún ejemplo que entienda que debería contemplarse específicamente?
JG —Yo cité al ministro [del Interior, Eduardo] Bonomi hace dos o tres meses en la Comisión de Seguridad por este tema y pedimos los protocolos de actuación -no las características técnicas del software porque eso tiene que estar reservado- y no hubo ninguna contestación. Los servicios de inteligencia, ¿pueden disponer de este sistema? Claro, me dijo, por supuesto. Todo ese tipo de cosas, de capacidades que aumenta el Estado, los servicios del Estado para introducirse en la vida de las personas, tienen que tener un marco legal.
Esto se está discutiendo en Estados Unidos y en Europa actualmente porque allá, con todavía muchas más posibilidades tecnológicas, las posibilidades de introducirse en la vida de las personas son aún mayores todavía. Yo creo que el artículo de la ley de lavado de activos que hoy establece el espionaje telefónico para perseguir al crimen requiere actualización.
RA —Y con este protocolo que se difundió ayer usted entiende que no es suficiente
JG —No, creo que es muy parcial, el protocolo habla sobre la posibilidad de que la justicia tenga acceso a una de las “patas” de todo este sistema, el formulario electrónico, pero no participa ni del software ni del sistema que tiene el MI para el procesamiento de datos.
RA —¿Qué es lo que piensan hacer ustedes desde su partido ahora que se conoce esta nueva noticia y que efectivamente El Guardián empieza a operar? ¿Tienen prevista alguna medida en concreto? ¿Ya lo han charlado?
JG —Como lo adelanté, creo que hay que trabajar sobre el marco legal que habilita el espionaje telefónico agregándole en vía legal, no administrativa…
RA —¿Van a presentar ustedes alguna iniciativa parlamentaria en ese sentido?
JG —Vamos a trabajar en este tema. Yo anuncié hace dos meses, cuando vino el ministro, que voy a trabajar en este tema. Obviamente que este no es un tema fácil en el Parlamento porque faltan elementos que puede tener la administración, pero creo que nadie va a dejar de ayudar para establecer un marco legal que habilite perseguir al crimen y, al mismo tiempo, proteger los derechos humanos y la vida de las personas.
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Transcripción: Andrea Martínez
