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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) advirtió al presidente Luis Lacalle Pou a través de una carta, que no será posible instalar los tres juzgados especializados en género en el norte del país, como estaba acordado en el Presupuesto.
Según informó El Observador, la corporación comunicó que el dinero previsto no alcanza, puesto que las estimaciones de costos que había hecho la SCJ fueron insuficientes.
A esa noticia se sumó la posibilidad de que la unidad de género de la Fiscalía General de la Nación no quede funcionando de forma autónoma desde 2021. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo a Radio Carve, que el organismo no dispone de fondos para cumplir con lo que la ley le obliga.
Estas noticias generaron preocupación a nivel político y en organizaciones sociales. La prosecretaría Nacional de Género del Partido Colorado emitió una declaración en la que afirma que los recursos para combatir la violencia basada en género “no deben dejar de ser prioridad, mucho menos cuando los mismos fueron destinados en el Presupuesto Nacional votado recientemente en el Parlamento”.
Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la diputada colorada María Eugenia Roselló, se mostró sorprendida con la comunicado por la SCJ y llamó a una instancia de “diálogo y reflexión” entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
