El sábado pasado varias gremiales de pequeños comerciantes acordaron llevar adelante una batería de medidas contra el proceso de bancarización. En concreto, resolvieron promover una ley que regule las transacciones con débito y crédito, plantear una denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia contra las empresas emisoras de tarjetas, interponer recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Inclusión Financiera y hasta intentar que sea la ciudadanía quien resuelva el futuro de esta norma mediante un plebiscito.
¿Cuáles son sus argumentos? En la entrevista central de En Perspectiva lo conversamos con Julio Facal, asesor de la Confederación Empresarial del Uruguay.
Para el Gobierno son muy claros los beneficios que ha traído la ley de inclusión financiera:
"Está por un lado, el avance hacia la universalización en el acceso a los servicios financieros; hace 10, 15 años era imposible plantearse el desafío de que toda la población, cualquier trabajador, cualquier pasivo, cualquier comercio, por más chiquito que fuera, pudiera tener una cuenta gratuita, porque los costos operativos eran muy elevados. El avance en las tecnologías de la comunicación, el desarrollo de todos estos avances tecnológicos ha permitido ese desafío de la universalización gratuita, sin costo. Y por otro lado, ha bajado sustancialmente el costo de los aranceles, como comentábamos. Entonces sin duda este proceso vino para quedarse y la tecnología es un aliado para seguir avanzando en la inclusión y reduciendo costos a favor de las personas y de los comerciantes", dijo el asesor del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba.
Pero esta visión no es compartida por muchos pequeños comerciantes, que vienen movilizándose sobre todo por los aranceles que cobran las tarjetas y preparan una batería de medidas en contra de la Ley de Inclusión Financiera.
El sábado pasado, en la sede del Centro Comercial e Industrial de Florida, se reunieron delegados de Cambadu, de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), de la Asociación Nacional de Pequeñas y Micro Empresas (Anmype), del Centro de Industriales Panaderos, de la Cámara de Alimentos y de la Unión de Ferreteros. Allí acordaron promover una ley que regule las transacciones con tarjetas, plantear una denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia, interponer recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y hasta intentar que sea la ciudadanía quien resuelva el futuro de esta ley en un plebiscito.
¿Cuáles son las razones? En la entrevista central conversamos con el doctor Julio Facal, asesor de la CEDU.
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Aranceles que cobran emisores de tarjeta de crédito y débito en la región (datos de la Confederación Empresarial del Uruguay)
