Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Otorgar una vivienda, implementar planes de educación en las cárceles, dar acceso a medicamentos de alto costo… ¿son tareas de los jueces o del gobierno y los legisladores?
Una serie de fallos judiciales sobre estos asuntos han tensado la cuerda entre la justicia y la política.
Varias de estas decisiones tuvieron lugar a partir de acciones llevadas adelante por la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que tiene entre sus principales referentes al Dr. Juan Ceretta.
La última situación que generó mucha controversia se generó con las sentencias de juzgados de familia que obligaron al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a dar soluciones habitacionales a familias que habían sido desalojadas del asentamiento Nuevo Comienzo, en la zona de Santa Catalina, en Montevideo.
Este caso dio pie a debates políticos y jurídicos que hemos abordado aquí en las tertulias.
Hoy En Perspectiva les proponemos profundizar en esta discusión en diálogo con el Dr. Juan Ceretta, Docente en el Consultorio Jurídico y Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de
la República.
Destaques de la entrevista:
- "El aula es un espacio de política en el sentido más amplio del término política".
- "En las causas que nosotros patrocinamos desde la clínica no somos neutrales, tomamos partido siempre por la causa y no es una labor como se concibe habitualmente la labor del abogado, en un sentido profesional aséptico, sino que estamos contaminados por la causa".
- "Intentamos que no sea político-partidario y que las causas en general refieran a derechos humanos. En materia de derechos humanos puede haber cuestiones opinables pero en general son opinables en cuanto a la estrategia no tanto sobre la tutela de los derechos humanos".
- "Estuvimos acostumbrados durante varios años a que la discusión sobre el impacto que tienen este tipo de acciones en el gasto público era algo que estaba bastante obviado, no se transparentaba esa discusión sobre el costo de esos derechos que reclamamos".
- "Ahora se está dando esa discusión sobre cómo se debe construir el gasto y cómo pueden los ciudadanos también ser actores decisivos en el control del gasto y en exigir que muchos de los gastos, que se disponen incluso en el Parlamento, lleguen a sus destinatarios".
- "Lo que intentamos es hacer llegar la voz de muchas personas que no tiene la posibilidad de hacerse escuchar y esa voz llega a través de la Justicia cuando nos da la razón".
- "No somos otra cosa que una caja de resonancia de la voz de ciudadanos que consideran que tienen sus derechos fundamentales vulnerados y que civilizadamente hacen llegar su reclamo a la Justicia".
- "El equilibrio entre los poderes exige recíprocos controles, en este caso (Nuevo Comienzo) el Poder Judicial está ejerciendo ese rol de contralor de las políticas públicas ejecutadas por el Ejecutivo cuando en el ejercicio se vulneran derechos fundamentales".
- "Es de los controles más sanos que tiene una democracia. A veces se tiende a pensar que las políticas públicas se ejecutan solamente en el Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial ejecuta políticas públicas constantemente".
- "En cuanto al gasto, cada decisión del Poder Judicial que refiera al Estado está interfiriendo en los ministerios u órganos públicos".
- "Estoy convencido de que a los derechos humanos de la categoría de económicos, sociales y culturales se les hace un examen de impacto presupuestal que no se le hacen a ningún otro derecho humano, sobre todo de la categoría de derechos civiles y políticos".
- "A nadie se le ocurriría decir ‘vamos a suspender las elecciones porque tiene un costo monstruoso’ o ‘vamos a cerrar el Poder Judicial porque sale carísimo’, a nadie se le ocurre porque estamos hablando de derechos civiles y políticos y está bien que así sea".
- "Pero llama la atención que cuando hablamos de los derechos humanos de la mal llamada segunda categoría, como la salud o la vivienda, se empiecen a pasar una serie de exámenes presupuestales o análisis de costo-efectividad para recién tutelarla".
- "Hay políticos que todavía entienden que cuando dan una vivienda o facilitan un crédito para vivienda, son dádivas de los gobernantes".
- "Los ciudadanos están entendiendo que esas no son dádivas de los gobernantes a los que solo se retribuye con el voto sino que son derechos y si son derechos son exigibles".
- "Hay mínimos que se pueden reclamar, hay mínimos garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos se debe garantizar".
- "La conducta de ocupar un bien ajeno, si esa ocupación es pacífica, pública y con ánimo de dueño, por el código civil y la ley de ordenamiento territorial, puede hacer que es persona sea poseedor de ese inmueble y si es poseedor, se transforma incluso en propietario".
