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Interior recibió nuevas denuncias de extorsiones y amenazas al realizar censo en Los Palomares

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Con el liderazgo del Ministerio del Interior, un equipo multidisciplinario realizó un censo de Los Palomares en Casavalle. En Perspectiva conversó con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Interior, Gustavo Leal, que estuvo al frente de estas actuaciones

Leal aclaró que no está definido que se vaya a demoler Los Palomares. "La idea, con esa firmeza, es algo un poco liviano en cuanto a la viabilidad de un día para el otro", señaló el sociólogo del Ministerio del Interior. Los Palomares, en San Martín y Aparicio Saravia, tiene 540 viviendas en menos de cuatro hectáreas, por lo tanto, la Leal reiteró que la demolición no es tan sencilla. Habló de la necesidad de "un shock urbano".

Esa zona tiene problemas edilicios varios, con muchos agregados irregulares y cuestiones de papeles y de propiedad muy difusos. A eso se suman los temas de inseguridad, sobre todo con los narcotraficantes que extorsionaron y expulsaron gente de sus casas. Leal señaló que el objetivo del censo era empadronar a los habitantes de la zona, y que eso se logró. La meta siguiente era ingresar a las viviendas para inspeccionar: "En función de eso se va a diagramar una estrategia de cómo intervenir. No necesariamente implica que hay que demoler las 30 viviendas".

Este censo estaba en carpeta desde tiempo atrás; en una entrevista polémica que brindó a El Observador, el director de Policía Nacional Mario Layera lo indicó como algo que se anunciaba, se demoraba y no se llevaba a cabo. Según Leal, la decisión surgió de Presidencia luego de las declaraciones de Layera, aunque prefirió no hablar de un vínculo entre esa entrevista y el accionar del Gobierno.

Y en cuanto a los crímenes de extorsión que salieron a la luz con el Operativo Mirador realizado en diciembre, ¿en qué está el barrio? ¿Hubo denuncias de familias que hayan vuelto a ser amenazadas? "Sí, se recibieron", contestó Leal. "El problema está planteado en otra dimensión de la que estaba planteada en diciembre, pero es un proceso extorsivo que todavía tiene coletazos. Hay gente que fue expulsada de sus hogares, donde ahora hay otras personas viviendo. Estos grupos criminales tienen una capacidad de generar relevos, en algunos casos liderados por algunas de las personas que a través de estos acuerdos quedaron libres, entonces cuando se instalan este tipo de situaciones hay que tener una estrategia consistente, permanente y contundente".

Leal agregó que las políticas públicas que se generen en Los Palomares no beneficiarán a quienes se vincularon con estos procesos de desalojo forzoso.

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