Un grupo de personas fue desalojado en Casavalle por orden de la Justicia; la última de una serie de medidas tomadas por el Gobierno en la zona de Los Palomares. El sociólogo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, hace un balance de la situación
El jueves de noche seis personas que usurpaban casas en Los Palomares de Casavalle entregaron las llaves y se retiraron. Además tuvieron que registrar un nuevo domicilio, se comprometieron a no acercarse al lugar y quedaron sometidas a una vigilancia especial.
De esa manera, cumplieron lo que habían acordado el día anterior con la Justicia para evitar la cárcel por los delitos de usurpación de vivienda y hurto de energía eléctrica y agua potable en reiteración real. Los habitantes anteriores de esas viviendas habían sido desalojados a punta de pistola por una banda de narcotraficantes, los Chingas. Incluso habían dejado atrás sus pertenencias.
El operativo policial de apoyo a la Justicia, que incluyó decenas de efectivos armados y vehículos blindados, enfrentó protestas de un grupo de vecinos.
El día anterior debió dejar otra de esas casas una mujer llamada Mónica Sosa, que además fue remitida a prisión por su condición de reincidente, mientras sigue el proceso. Mónica, una de las líderes de Los Chingas, había sido condenada en diciembre como cómplice en el delito de extorsión, por más de cien expulsiones de familias de Los Palomares. Se la había sancionado con 15 meses de libertad vigilada.
Estas actuaciones forman parte del desembarco del Gobierno nacional, la Intendencia de Montevideo y la Justicia, que se inició el 23 de junio cuando se llevó a cabo el censo de la población de Los Palomares, que venía demorado desde hacía meses. ¿Qué balance dejan hasta ahora? ¿Qué nuevos pasos están previstos? En Perspectiva lo conversó con el sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
