El sistema para interceptar comunicaciones comenzó a funcionar al menos desde 2017, pero recientemente salió a la luz que la Suprema Corte de Justicia no recibió los informes correspondientes y que tampoco se pueden contrastar las intervenciones realizadas por las operadoras con las autorizadas por la Justicia
El Guardián, el sistema para interceptar comunicaciones que el gobierno adquirió en 2013, ya lleva más de 10 mil intervenciones desde que comenzó a funcionar en diciembre de 2017.
Mientras tanto, sigue abierta la discusión sobre las garantías que existen en torno a su uso. El tema volvió a la agenda parlamentaria esta semana.
El senador nacionalista Javier García dijo que al día de hoy “no se puede afirmar” que El Guardián no se está utilizando ilegalmente. García se basa en que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no ha recibido los informes que el Ministerio del Interior (MI) y las compañías telefónicas deberían remitirle para que se pudiera corroborar que las interceptaciones realizadas son solamente las autorizadas por magistrados.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, respondió que el senador está “poniendo en duda un instrumento que es del Estado y no del gobierno, ni de ningún partido político”.
¿Cómo se salda esta polémica? ¿Qué se puede corregir el funcionamiento del sistema de interceptación legal de comunicaciones? En Perspectiva lo conversó con el senador Javier García.
En la entrevista, García dijo que al día de hoy “no se puede afirmar” que el sistema de interceptación de comunicaciones conocido como El Guardián no se está utilizando sin autorización judicial.
De El Guardián hace tres años que está funcionando sin controles, porque los dos artículos que establecían el corazón de los controles no se cumplieron. Uno de ellos, que era el número 11 del memorando de entendimiento, establecía que la Unatec, la oficina del MI tenía que -desde que empezara a utilizar El Guardián- mandar cada tres meses un informe a la SCJ con todas las intervenciones telefónicas efectuadas. Cada tres meses. Si era cada tres meses, tiene que haber cuatro por año. Van tres años, entonces son doce informes que tendría que haber mandado el MI. No mandó ninguno al día de hoy.
Una versión dice que empezó a funcionar en mayo del 16, otra en mayo del 17. Así que de entre ocho y doce informes no vino ninguno. No fue ninguno a la SCJ, esto me lo confirmó el presidente de la SCJ hace una semana.
El artículo 12 del memorando de entendimiento preveía el otro extremo. ¿Cómo coteja usted que no hay utilización ilegal? Si usted tiene los dos extremos: por un lado la autorización judicial, todo el proceso, el pedido, etcétera; y al final lo que efectivamente la operadora, la estatal y la privada, hace. Le dan la orden y pincha. Si coinciden los dos extremos, entonces está todo normal. A ver, el juez ordenaron diez intervenciones, las operadoras realizaron diez intervenciones. Perfecto, cierra.
Pero puede suceder que la Justicia ordenó diez intervenciones, y las operadores hicieron doce. Quiere decir que hay dos que están afuera de la ley. Para tener la información completa hay que tener los dos extremos. Y ninguno de los dos extremos del circuito se tiene hasta el día de hoy.
García cuestionó particularmente el accionar del MI porque “tomó estado público” y si no “seguía funcionando sin control ninguno”.
Un sistema que tiene la potencialidad que tiene este, que se utiliza, que bien utilizado es un arma muy importante para la Justicia, estableció un sistema de controles. Y estamos hablando que tres años después, si no fuera por una investigación periodística y por la acción que llevamos en el Parlamento, ninguno de los controles se llevó adelante.
¿Por qué ahora el MI anuncia que hay que hacer una ley para obligar a las operadoras? ¿Por qué el MI esta semana se reunió con la SCJ y anuncian una reunión con las operadoras y con la Justicia para el 25 de julio? ¿Por qué se anuncia que el protocolo este del que estamos hablando hay que redactarlo de nuevo? Todo esto lo anuncian porque hubo una intervención pública, porque tomó estado público.
Si no hubiera tomado estado público por lo que dijimos recién y porque los citamos en la Comisión de Seguridad del Senado, esto seguía funcionando sin control ninguno. Esa es la realidad. Todo esto que se va a hacer ahora es porque nosotros, porque hubo una investigación periodística y denunciamos que los controles que se tenían que llevar adelante no se están llevando adelante.
Y es más, la propia Justicia, la propia SCJ, dice "nosotros no podemos descartar que se esté usando ilegalmente por la sencilla razón de que los controles establecidos para descartarlo no se llevaron adelante".
García señaló que tiene “mucho más sospechas” del uso por parte de Bonomi del sistema El Guardián, que de otros, y dijo que “no tiene pruebas, pero no puede descartarlo”.
-Se lo pregunto así, de manera bien directa: ¿existe la sospecha de que Bonomi, habiendo sido tupamaro, utilice el sistema El Guardián para llevar a cabo espionajes políticos?
-Mire, yo también se lo voy a contestar bien directo: a mí este papel lo cumpliría con Bonomi o con cualquier otro ministro, primera contestación. Segunda: mucho más con Bonomi, porque es de los que participa de aquello de que lo político está por arriba de lo jurídico, ¿vio? Él tiene esa ideología, yo no; yo creo que lo jurídico siempre está por encima de lo político.
-Pero voy a lo que le preguntaba: ¿tienen la preocupación, la inquietud, o tienen elementos para sospechar que existen efectivamente intervenciones telefónicas al margen de las actuaciones judiciales?
-No tengo pruebas para afirmar eso, tampoco puedo descartarlo. Porque no tengo los controles previstos que estaban establecidos justamente para descartar eso.
-¿Pero la preocupación viene por que puedan estar desarrollándose o porque alguien le comentó que pueden estar desarrollándose espionajes de este tipo en materia política?
-No tengo pruebas para afirmar eso. Lo que le digo, lo vuelvo a reiterar, es que no puedo descartarlo. Lo dijo antes de ayer el ministro Chediak. No podemos descartarlos, ¿por qué? Porque sería temerario descartarlo. ¿Cómo va a descartar usted algo si no tiene los elementos fácticos, la información para descartarlo? ¿Qué elementos faltan? Los que se establecieron hace cuatro años y no se cumplen, que son los informes trimestrales. Más el acuerdo con las operadoras. Así que yo no puedo afirmar que se hagan, pero tampoco puedo descartar, no puedo descartar que alguien se haga el loco. Para descartarlo tengo que tener las informaciones que se previeron hace cuatro años y que nunca se implementaron.
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Foto: Todos Hacia Adelante
Documento relacionado
Protocolo de coordinación entre la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior para el uso de El Guardián
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