Una mujer de 30 años aceptó irse de un boliche ubicado en pleno barrio Cordón con un hombre que había conocido allí. Era la noche del sábado para el domingo.
Horas más tarde, sobre las seis de la mañana, la Policía la encontró tirada en la calle en estado de shock. Denunciaba haber sido víctima de una violación en grupo.
El relato de la víctima, hasta ahora comprobado por la investigación, es que estaba teniendo relaciones sexuales en un apartamento cercano al boliche con este hombre, cuando de pronto entraron otros dos hombres a la habitación y la violaron.
Los tres hombres, dos mayores y un adolescente, fueron detenidos y se los dejó en libertad pero emplazados, a la espera de poder realizarles pruebas de ADN.
Los primeros médicos que asistieron a la víctima comprobaron la violación, pero ayer aún restaba que la mujer pasara por un médico forense, un aspecto que está previsto en el protocolo actual de atención a estos delitos.
Más allá de cómo sigue la investigación, el caso abre preguntas más amplias sobre cómo se trabaja con víctimas de este tipo de delitos.
La fiscal de Delitos Sexuales Sylvia Lovesio, que lidera la investigación, lamentó en emisora Del Sol que no se le pueda dar una respuesta más rápida a las víctimas.
“Actuamos con la mayor diligencia, pero la respuesta inmediata que la víctima debe tener no la tenemos, porque carecemos de las herramientas fundamentales”, dijo Lovesio, y agregó que en Uruguay los delitos sexuales “no son una prioridad en materia de políticas públicas”.
¿Cómo es hoy en día el trabajo con víctimas de estos abusos sexuales? ¿Cómo se lo puede mejorar? ¿Falta voluntad política para realizar cambios, como reclama la fiscal Lovesio?
Lo hablamos con Mariela Solari, que dirige la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación.
