La demolición de viviendas en el complejo de Los Palomares, en Casavalle, comenzó ayer y comenzó este martes. El sociólogo Gustavo Leal, del Ministerio del Interior, profundizó en el tema.
Hace una semana, el área ministerial que dirige Leal, Convivencia y Seguridad Ciudadana, realizó un censo en Los Palomares que determinó cuáles viviendas serían derrumbadas. La zona era de muy difícil acceso para la Policía, además de adolecer de problemas edilicios varios -los riesgos por la precarización fueron parte de lo que se censó recientemente-. El operativo demolió dos viviendas y abrió en esta primera jornada una calle que originalmente iba a atravesar la Unidad Misiones, como también se llama al complejo, pero que había quedado inaccesible para vehículos por la construcción irregular de una escalera.
En entrevista con En Perspectiva, Leal explicó que en conjunto con la Intendencia de Montevideo se está ya realizando una pavimentación y un ensanche. Se colocarán veredas y un espacio público donde estaba antes esta escalera, y se podrá conectar esta calle con la Av. San Martín.
"Por la situación de inestabilidad que hay acá, nos parece más prudente en vez de hacer anuncios de lo que se va a hacer, hacerlo", dijo Leal sobre cómo se está desarrollando el proceso con los vecinos. Aclaró que sí se habló con los que viven en las construcciones que se intervendrán. Se demolerán seis viviendas en total; Leal aclaró, de nuevo, que hablar de "vivienda" es difícil en Los Palomares, dada la cantidad de anexos que se han instalado. El foco está en sitios que fueron incendiados en el marco de un conflicto con narcotraficantes.
El origen de este proceso está justamente en ese grupo de criminales que expulsó a algunos vecinos de la zona. "Los principales responsables están presos, condenados por extorsión, pero han quedado secuelas", dijo Leal. "Esta intervención tiene que ver con terminar de reinstaurar la cultura de la legalidad".
En cuanto a la condición irregular de la propiedad en Los Palomares, la intervención de Interior pretende llevar al barrio hacia esa misma legalidad tanto en este ámbito como en el de los servicios. Según contó Leal, los vecinos no pagan ni la luz ni el agua. "Esa laguna alentó a ciertos grupos criminales a intentar zonas de control, fruto de que la propiedad, la legitimidad y la cultura de la legalidad es muy débil", explicó el sociólogo.
***
