Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
La Ley de Rendición de Cuentas que entró en vigencia el 1° de enero incluye entre sus 365 artículos una modificación a las penas por hurto agravado.
El numeral seis del artículo 341 del Código Penal describe entre las circunstancias agravantes de delitos de hurto cuando “se cometiera sobre cosas existentes en establecimientos públicos o que se hallaren bajo secuestro o expuestas al público, por la necesidad o costumbre o destinadas al servicio público, o de utilidad, defensa, reverencia o beneficencia públicas”.
En la Rendición de Cuentas aprobada el año pasado se establece que si se configura un delito como el del numeral seis, la pena mínima será de veinticuatro meses de prisión.
Por comparación, por la violación de domicilio, es decir el ingreso a una casa ajena contra la voluntad de quienes viven allí, el mínimo es de tres meses de prisión.
El objetivo del gobierno era combatir los robos de cables de luz y teléfono, que se habían vuelto un problema para UTE y Antel. Sin embargo, fiscales y defensores de oficio denunciaron estos días que la modificación termina afectando a una gran cantidad de hurtos en la vía pública que nada tienen que ver con aquel objetivo inicial.
La abogada Sofía Pereyra Huelmo, defensora, contó a El Observador que patrocinó a la primera persona procesada por este delito: un hombre que había intentado robar latas de pintura y herramientas.
Pereyra Huelmo dijo a ese matutino que el hurto con agravantes de ese tipo es el más común del sistema judicial, que “no tiene sentido” la modificación que se hizo y que “las cárceles van a colapsar”.
¿Por qué se realizó entonces este cambio en el Senado? ¿De dónde surge este artículo?
Hoy En Perspectiva conversamos con el senador nacionalista Jorge Gandini.
