La ley de inclusión financiera que el Frente Amplio impulsó y aprobó en 2014 fue ampliamente discutida por la oposición de la época y por un sector de los comerciantes. Incluso fue objeto de una recolección de firmas para someterla a un plebiscito, que llegó a reunir 200.000 adhesiones.
Pero en la ley de Urgente Consideración (LUC), votada en 2020, se incluyó un capítulo titulado “Libertad financiera” que introdujo una serie de modificaciones. Seis de esos artículos se someterán a referéndum ahora, el domingo 27 de marzo.
Entre ellos están los que eliminan la obligación de efectuar a través de una institución financiera los pagos de salarios, de honorarios profesionales y a proveedores del Estado.
También el que eleva el tope para transacciones en efectivo a un millón de Unidades Indexadas (cuando el tope anterior era de 40.000 UI).
Estos cambios, ¿suponen mayor libertad para empleadores y trabajadores, para que elijan los medios de pago que les resulten más convenientes, como plantean desde el oficialismo? ¿O, al dar mayor discrecionalidad, reducen los controles y “habilitan prácticas de dudosa legitimidad”, como sostienen desde la campaña por el Sí?
Sobre esa base giró este nuevo debate temático, el séptimo, de nuestro ciclo En Perspectiva sobre la LUC.
Participan dos diputados que nos acompañan en el estudio: Bettiana Díaz (FA) y Juan Martín Rodríguez (PN)
