Por Carmen Asiaín ///
Durante este año electoral hemos asistido a espectáculos públicos de decapitación de candidatos a diversos cargos electivos, una práctica que se ha viralizado en su escenario natural: las redes sociales como campo de batalla.
Varios candidatos han sido víctimas de este tipo de campaña tendiente a enmendar la plana a la voluntad popular de las urnas, para sustituir el mandato del soberano, quien a través del sufragio había elegido a alguien para ejercer un cargo por determinado período y hasta el fin del mandato, por vaya a saber cuántas voluntades disfrazadas de usuarios de las redes, con el objetivo de hacerlo renunciar.
Varios sufrieron esta forma de terrorismo ejercida a través del Sr. Pío Pío, cuyo bombardeo sólo se logró acallar en ocasiones, con la innecesaria renuncia del candidato hostigado. Luis Lacalle Pou había ya anunciado la renuncia a la banca de Senador, y lo verificó despojándose también del subsidio que le correspondía por ley. Lo mismo hizo de forma simultánea su compañera de fórmula, Beatriz Argimón, despabilando a algún dormido que creyéndose perspicaz, había piado “¿A que no saben quién es la suplente de Luis en el Senado?”, cuando ella ya había presentado su renuncia. No fueron estas dimisiones obligatorias ni necesarias, sino fruto de la decisión de estos candidatos en particular.
El Senador Mieres fue otra víctima reciente. Para defenderse, tuvo que exhibir el cúmulo de su labor parlamentaria a quienes no se habían dignado a consultar la información disponible, y además explicar lo obvio: que vive de su salario y no puede prescindir de él. Y salvó su cabeza de la guillotina, por ahora.
Lo más grave de estas presiones es que crean la apariencia de que la renuncia es un deber.
El ícono que acompaña a Twitter revela su significado: asemeja el piar de un pajarito que instantáneamente vocifera alguna novedad u opinión. Pero ojo que “twit” no sólo nos recuerda al entrañable amigo Piolín (Tweety), sino que también significa en inglés “imbécil” o “tonto”. En este contexto, esta acepción parece ser la más acertada, pues ¿existe acaso un deber jurídico, ético o siquiera de conveniencia que imponga tal renuncia?
Desde el punto de vista jurídico, no sólo no existe obligación, sino que podría considerarse exactamente lo contrario. Sólo en algunos supuestos específicos y como excepción, hay incompatibilidad entre el ejercicio del cargo público y la postulación a determinados cargos electivos. Es el caso de los Intendentes y los militares en actividad, entre otros. Pero no es la regla.
Para los legisladores, la Constitución establece que en el año electoral, las cámaras sesionarán hasta el 15 de setiembre. ¿Por qué? Por varias razones, entre ellas, liberar a los legisladores del quehacer parlamentario de estudio de proyectos, y para habilitarles la posibilidad de hacer campaña y eventualmente renovar su mandato. Subyace una valoración tanto de la actividad legislativa como de los partidos políticos, instituciones de existencia necesaria, previstas por el constituyente para canalizar la voluntad popular y sin las cuales no pueden ser electos los gobernantes. Que los representantes van a hacer campaña por su reelección, ya ha sido considerado por el constituyente.
Desde la perspectiva de los electores, la renuncia presionada y anticipada de su representante, los defrauda. El votante eligió al legislador para que actuara durante todo el período y allí lo quiere. El terrorismo twittero está conformado por cuentas (ni siquiera se sabe si son seres humanos) que no necesariamente lo votaron. Pero el candidato se ve sometido a un doble juicio: cuando es votado democráticamente y luego, por algoritmos y usuarios que pueden ser una persona o infinitos clones de la misma.
Si miramos hacia el resto del mundo, lo más frecuente es que los candidatos a cargos electivos estén además ocupando bancas de legisladores o un cargo público.
No hay norma ética que indique la renuncia tampoco. Al contrario, mantener el puesto previene el riesgo de corrupción en que podría incurrir un candidato, quien tendría que haberse procurado un capital con el que sostener a su familia de antemano, como condición sine qua non para poder postularse.
¿Qué pasaría si se adoptara el “#RenunciáCandidato” como obligación?
Desde el punto de vista económico, con repercusión política y mengua democrática, implicaría, o condenar a los candidatos y a sus familias al ayuno, o que sólo puedan postularse los muy ricos o quienes reciban fondos. No suena muy republicano.
Desde el punto de vista jurídico-político, implica favorecer a los outsiders o apolíticos -cosa que, como vimos, no se alinea con la filosofía y finalidad del constituyente-.
¿Es que se está produciendo una sustitución de los mecanismos de democracia directa y representativa, por la conminación anónima de élites virtuales que en vez de urnas usan teclados distantes? Las garantías del llamado por Justino Jiménez de Aréchaga “gobierno de opinión”, como el sufragio secreto, obligatorio, universal y representativo, cederían ante la tiranía de las redes, en una modalidad propia de un “gobierno de fuerza”.
Detrás de este sabotaje twittero hay una de dos finalidades: de parte de unos, muy conscientes y claros, sólo estrategia política para debilitar al adversario; de parte de otros, un descreimiento en el sistema político como apto para producir candidatos impolutos.
La mala noticia es que estas prácticas están siendo efectivas.
Asistimos a escenarios propios de la Revolución Francesa. Los “tribunales populares” mediante “juicios sumarísimos” cortan cabezas, sólo que el verdugo ni siquiera se muestra encapuchado, escondiéndose tras una pantalla. En todo caso, el condenado al patíbulo es decapitado de su cargo. Y todo esto, sin que existan leyes que así lo establezcan, sino al ritmo espasmódico de los “Trend topics” que arroban candidatos y cargos.
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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 11.09.2019
Sobre la autora
Carmen Asiaín nació en 1965, es abogada, profesora de Derecho Constitucional y actualmente senadora suplente por el Partido Nacional. Integra la Comisión de Ética de esa colectividad y fue presidenta del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa.
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