Por Emiliano Cotelo ///
Vale la pena darle una mirada a la polémica que se generó en torno a La visión de un padre sobre el conflicto en la Enseñanza, un correo electrónico de un oyente que publicamos el viernes en La audiencia opina, en nuestro sitio en Internet, EnPerspectiva.net. Es una carta firmada por Diego, el padre de una alumna de una escuela pública, que trata de exponer sus argumentos de manera ordenada pese que, notoriamente, está molesto con la sucesión de paros. En determinado momento, dice: “logran que los padres que no podemos enviar a nuestros hijos a colegios privados nos sintamos más culpables aún, por condenar a nuestros hijos desde el pique”. A partir de frases como esa, muy directas, el texto provocó un debate interesante y apasionado, con cantidad de mensajes escritos al pie de la página pero también otros en Facebook y en Twitter.
Aunque no suscribo algunos de sus extremos, yo comparto buena parte del planteo de Diego y, especialmente, su sustancia. Yo creo que los maestros, profesores y funcionarios de este sector tan importante tienen que ganar más. Lo digo desde mi propia experiencia. Yo les debo mucho a las maestras que me formaron en las escuelas 50 y 185, del barrio Colón, en la avenida Lezica, donde hice desde Jardinera hasta 6º año de Primaria. A partir de esa posición hablo.
Recuerdo bien a mis compañeros, que tenían orígenes diversos. Muchos eran de clase media, como yo, pero también había muchos otros pertenecientes a sectores más pobres y directamente marginados. Recuerdo en particular a Luis Alberto, que vivía en el cantegril ubicado sobre el arroyo Pantanoso, entre Lezica y Lanús. Luis Alberto era uno de los mejores de mi clase. Para él, que venía de una familia complicada, la educación era su gran oportunidad. De ella dependía para desarrollarse en la vida. Y no la desaprovechaba; todo lo contrario, se aferraba al estudio con alegría y dedicación.
Es probable que en las escuelas públicas de hoy haya más “Luis Albertos” que a fines de los años 60. Y, justamente, pensando en ellos, sus necesidades y sus desafíos es que me rechina la sucesión de paros y huelgas –muchos de ellos preventivos– que han tenido lugar este año. No critico el reclamo sino la forma elegida para plantearlo, que me parece dañina.
Quiero creer que esas demandas se formulan para que en el futuro los “Luis Albertos” puedan estudiar en mejores condiciones, con la profesión de maestro dignificada, en edificios confortables y contando con materiales de calidad. Pero… ¿qué pasa con el perjuicio coyuntural que esos niños padecen en todos estos días? La pérdida de horas de clase, la discontinuidad en el vínculo educador-educando, las dificultades para los padres, que seguramente trabajan y se angustian porque sus hijos quedan a la deriva buena parte del día… Para mí, todo eso es un daño irreparable que, casualmente, afecta a quienes asisten a los institutos públicos, mientras los otros niños y jóvenes, los que están inscriptos en el sector privado, prosiguen sus cursos sin interferencias.
Eso mismo siente mucha gente desde hace años. No toda la población, es cierto, pero sí buena parte de ella, incluido Tabaré Vázquez, como quedó claro con los anuncios que hizo durante la campaña electoral. Y este lunes Vázquez, que ahora ejerce la Presidencia de la República, entendió que había llegado el momento de actuar: Firmó la resolución de servicios esenciales.
Para mí, es claro que había que dar algún paso en esa dirección; para empezar el gobierno tenía que demostrar que ejerce la autoridad. Ahora, no sé si la medida elegida fue la más adecuada. Y además tengo la impresión de que si esa era la herramienta a aplicar, no se la procesó de la mejor manera.
La resolución, que Vázquez ordenó sin haberla discutido previamente ni con los sectores del oficialismo ni con los líderes de la oposición, provocó, por un lado, la división del propio Frente Amplio y fisuras adentro del gobierno; no era para menos, ya que un presidente de izquierda estaba limitando el derecho de huelga en la educación, algo que ningún otro jefe de Estado –de ningún partido– había hecho en nuestro país. Pero además, generó la reacción airada del PIT-CNT y, en especial, de los gremios de Primaria, Secundaria, UTU y la Universidad de la República. El conflicto se radicalizó con nuevos paros y ocupaciones, e incluso escraches a varios jerarcas de gobierno, incluyendo al propio Vázquez. Y el eje de la discusión se corrió: ya no se reclamaba por salarios o presupuesto, sino exigiendo la derogación del decreto de servicios esenciales, como condición previa para negociar cualquier otra cosa.
Fue así que el perjuicio para los alumnos, lejos de terminarse, se agravó. Mientras tanto, la esencialidad era desobedecida y quedaba en una especie de limbo. Por dos razones. Una, porque su entrada en vigor obliga a dictar una reglamentación, para la cual hay cinco días de plazo, que aún no se cumplieron. Dos, porque todos coinciden en que era muy difícil, por no decir imposible, llevarla a la práctica en este sector de actividad. Si los docentes insisten en su desobediencia, ¿a quién pone el gobierno a dictar las clases? Estas tareas no pueden ser cumplidas por soldados o policías… Por todas esas razones, la jugada de Vázquez fue de alto riesgo.
Así hemos pasado en ascuas estos últimos siete días, que se sumaron a, por lo menos, una semana previa también caracterizada por la conflictividad y las medidas gremiales distorsivas. En total medio mes durante el cual el país se ha visto alterado de manera importante con huelgas, miles de alumnos sin clases, decenas de reuniones de gobierno (de dirigentes sindicales y líderes políticos), asambleas gremiales, marchas, ocupaciones, demasiadas horas destinadas al tema en la radio y la televisión, páginas y más páginas en los diarios y semanarios.
Y hoy lunes amanecimos con la esperanza de un entendimiento pero con el panorama aún cargado de preguntas e incertidumbre. Según el acuerdo in extremis al que se llegó anoche, el gobierno afloja primero, dejando sin efecto la esencialidad, luego de lo cual las asambleas sindicales se reunirán para –teóricamente– levantar sus medidas de lucha (las de hoy se ejecutarán tal cual estaba previsto). Y, si esos dos pasos se concretan, vendrá después una nueva etapa de la negociación salarial, a partir de los nuevos ofrecimientos realizados por el Poder Ejecutivo. ¿Cuántos días llevará eso? No sabemos. Sea como sea, la cosa es tan complicada que, en caso de haya finalmente humo blanco, el convenio deberá ir en un mensaje complementario del proyecto de ley de Presupuesto, porque el plazo para presentar ese texto vence hoy a medianoche.
¡Cuánto tiempo perdido…! Ojalá sirva para algo… Teniendo en cuenta todo ese desgaste que la sociedad uruguaya ha padecido y seguirá viviendo en los próximos días, ahora yo también me pongo radical y detallo mis demandas.
Yo espero que el resultado final de esta pulseada incluya:
1) mejoras en los sueldos de maestros, profesores y funcionarios, pero que tengan en cuenta la situación económica y fiscal delicada que vive el país.
2) que esos aumentos no se resuelvan simplemente con mayor déficit fiscal, sino que surjan de un manejo inteligente del presupuesto, donde se ataquen las ineficiencias y los derroches que, sin duda, se esconden en el gasto público y que en general se patean para adelante.
3) la evolución de los sindicatos, que sean más maduros, menos impulsivos y más respetuosos de los escolares y liceales de los institutos públicos, y que asuman compromisos en cuanto a la calidad de los servicios que prestan sus integrantes, en este caso, nada menos, en la enseñanza pública;
4) (y fundamental) la determinación del Poder Ejecutivo y los consejos de la ANEP para encarar cuanto antes el problema de fondo: las reformas que la educación necesita a gritos desde hace años, y que no aparecen ni en las marchas de los gremios ni en los anuncios del gobierno.
En Primera Persona
Lunes 31.08.2015
