Por Leonardo Costa ///
Una reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México concedió el mecanismo jurídico del amparo a cuatro personas para que puedan cultivar, poseer, transportar y consumir marihuana con fines recreativos. El fallo, promovido por integrantes de un club canábico denominado Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (conocido por la sigla Smart), puede ser considerado el primer paso para un debate profundo sobre las políticas de drogas en México y en la región.
En su momento los querellantes plantearon ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) –y no obtuvieron respuesta favorable– que se les expidiera una autorización que les permitiera, a ellos y a los socios de Smart, el consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol), en conjunto conocidos como “marihuana”.
Asimismo, solicitaron una autorización para ejercer los derechos correlativos al “autoconsumo” de marihuana, tales como la siembra, el cultivo, la cosecha, la preparación, el acondicionamiento, la posesión, el transporte, el empleo, el uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la sustancia.
Finalmente obtuvieron una respuesta a su solicitud por parte de la Suprema Corte de Justicia. Si bien la sentencia del tribunal supremo tiene un efecto concreto respecto de las personas que plantearon el amparo y no establece una autorización genérica para la comercialización del cannabis, implica sí un cambio trascendental en el paradigma de las políticas de drogas en ese país, inmerso en una lucha contra el narcotráfico de la que hasta el presente solo se pueden encontrar como resultado muertes, violencia y aumento de la criminalidad organizada. En ese escenario, este fallo es un respiro y una esperanza para que en México se revean las estrategias sobre drogas signadas por un absoluto prohibicionismo.
Citando amplia doctrina extranjera y jurisprudencia a favor de los derechos humanos, la Corte señala, en un documento que merece el mayor de los destaques por su profundidad y exquisitez liberal: “el derecho al libre desarrollo de la personalidad comporta un rechazo radical de la siempre presente tentación del paternalismo del Estado, que cree saber mejor que las personas lo que conviene a éstas y lo que deben hacer con sus vidas, de tal manera puede decirse que este derecho supone la proclamación constitucional de que, siempre que se respeten los derechos de los demás, cada ser humano es el mejor juez de sus propios intereses”. Cabe destacar que la sentencia de la Corte refiere, como experiencias legislativas, la de algunos estados de los Estados Unidos de América y, especialmente, la reciente legislación en Uruguay.
Esta noticia llega en un momento en que las Américas discuten sus políticas de drogas, terminando de a poco con el prohibicionismo imperante en décadas pasadas. Varios estados de EEUU han promulgado leyes para legalizar la posesión, el uso, la distribución y el cultivo de marihuana de manera total, incluyendo el consumo recreativo, entre ellos Oregón, Washington, Colorado y Alaska. Por su parte, en un número importante de estados el uso con fines medicinales es absolutamente libre, por ejemplo California, Hawaii, Maine, Michigan, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont, New York, entre otros.
Por su parte, a nivel de OEA, organismo que supo ser la caja de resonancia de los discursos más conservadores en las políticas de drogas, también se está analizando la necesidad de discutir sobre nuevos enfoques en la materia. Otro tanto, ha sucedido a nivel de Unasur y de Celac.
El año que viene tendrá lugar la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas, denominada Ungass. Este será un escenario formidable para la discusión y cuestionamiento de los efectos de los tratados de Viena, fundamento internacional de las convenciones anti drogas y sustento político de la guerra contra las drogas.
Con el antecedente de las legislaciones comparadas que cuestionan la legitimidad política de las convenciones internacionales, y con el telón de fondo de la decisión de la Suprema Corte mexicana, la sociedad civil organizada y quienes sustentamos la necesidad de una regulación diferente de las políticas de drogas aguardamos con mucha esperanza el inicio de un tiempo nuevo, signado por la libertad, la no criminalización de los consumos y un tratamiento de las drogas que respete los derechos humanos y los derechos sanitarios de los usuarios.
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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, martes 10.11.2015, hora 08.05
Sobre el autor
Leonardo Costa es abogado, profesor de Fiscalidad Internacional y Derecho Financiero en la Universidad Católica, profesor de Análisis Económico del Derecho en la Universidad de Montevideo y socio de Brum Costa Abogados.
