Editorial

La sustentabilidad moral

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Por Juan Ceretta ///

Desde hace años, venimos litigando desde el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho contra el Fondo Nacional de Recursos a propósito de la cobertura que este brinda respecto a implantes cocleares que permiten sustituir el sentido de la audición a quienes lo han perdido definitivamente, o a quienes nacieron sin él.

Año tras año, y caso tras caso, reprochamos jurídicamente la falta de actualización de un antiguo protocolo en que basa su cobertura el FNR, de casi veinte años de antigüedad, por el que solo se financia un dispositivo, y exclusivamente a niños de entre cero y siete años.

Esta obsoleta reglamentación, deja afuera por ejemplo a quienes perdieron definitivamente la audición y necesitan el dispositivo para recuperarla, pero no nacieron sordos, es decir son post-locutivos, lo que incluso los hace mejores candidatos para la implantación, desde el momento en que ya tienen adquirido el lenguaje, y en su caso, la colocación será como "levantar la llave" y que vuelvan a oír.

A diferencia de ellos, los niños que nacen sin el sentido de la audición, reciben entre los cero y los siete años un dispositivo del FNR, pero será necesario apoyarlos para la adquisición del lenguaje.

Hace pocos días recibimos con agrado la noticia de que el FNR ampliará su cobertura sin limitación de edad, lo que permitirá acceder al implante a todos aquellos que perdieron la audición después de los siete años.

Hasta el momento, solo era posible obtener en dicho caso el dispositivo siendo activo del Banco de Previsión Social, aunque en todos los casos no hay nadie que se haga cargo del costo de la cirugía de implantación, lo que de por sí genera una primera inequidad entere quienes cuentan con recursos económicos y quienes no.

Esto último determina que en el Uruguay todo paciente que necesite un implante (salvo que cuente con recursos) deba hacer un juicio: o por el implante por no estar cubierto, o por la cirugía.

Al concretarse el anuncio del FNR, la edad ya no será un impedimento para acceder al dispositivo, resta saber si seguirán teniendo una cobertura incompleta al no cubrirse la cirugía necesaria para su colocación.

Sin embargo, y a pesar de la buena noticia que siempre significa una mayor cobertura en salud, quiero volver a la situación de los niños, a los niños que nacen sordos, a aquellos que están cubiertos desde el año 2000 por el FNR.

Quiero volver a ellos, porque el Fondo Nacional de Recursos cubre un solo implante, aunque en la inmensa mayoría de los casos la hipoacusia sea bilateral.

Caminamos con dos pies; vemos con dos ojos; y oímos con dos oídos. La audición natural del ser humano es binaural; y aunque todas las funciones mencionadas se puedan cumplir con uno solo de los órganos, sabemos que la acción más completa y natural, implica a ambos. 

Sin nuestros dos oídos es imposible adivinar de qué lado se acerca un auto y a qué distancia está. 

No se puede ubicar en el espacio ni a las voces ni a las personas o fuentes de estímulo sonoro.

Es decir, los sonidos son planos, sin relieve.

Los dos oídos del ser humano funcionan de manera coordinada para transmitir la información al cerebro. Éste es el que decodifica los estímulos enviados y los interpreta como sonido. De ahí, la expresión “el cerebro es el que oye”.

Los niños con un solo implante tienen mayores dificultades para desarrollar un correcto lenguaje. Se les torna difícil participar en conversaciones con estímulos múltiples, como una clase, y ello repercute indiscutiblemente en su desarrollo intelectual y en su inclusión social.

En nuestro país, todos los niños sordos reciben el primer implante del FNR, pero cuando nacen en familias que cuentan con recursos económicos, adquieren el segundo a su propio costo y la ciencia les permite emparejarse con los demás niños que nacieron con el sentido auditivo.

Cuando nacen en familias más humildes, solo les queda la alternativa de litigar contra el Estado, para no verse condenados desde sus primeros años a la desigualdad.

Se esgrimen habitualmente argumentos económicos o vinculados a la sustentabilidad presupuestal; pero un sistema que priva de oportunidades a los niños más humildes resulta moralmente insustentable.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 01.11.2019

Sobre el autor
Juan Ceretta nació en Montevideo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República; docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía; coordinador del Laboratorio de Casos Complejos en DDHH, y representante por el Orden Docente en el Consejo de Facultad de Derecho. Activista en Derechos Humanos. Hincha de Racing Club de Montevideo.

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