Por Emiliano Cotelo ///
Este lunes el Ministerio del Interior nos sorprendió a todos. En una conferencia de prensa convocada especialmente se divulgó la grabación en video realizada durante el operativo de desalojo llevado a cabo el martes anterior en el edificio donde tiene su sede el Codicen. Las imágenes provenían de cámaras GoPro instaladas en los chalecos de los policías, pertenecientes al Grupo de Respuesta Táctica de la jefatura de Montevideo, que registraron todo el accionar, sin interrupciones. El ministro Eduardo Bonomi exhibió un resumen de siete minutos de duración pero al mismo tiempo entregó a los periodistas todo el material en bruto, sin editar, para que pudiera ser examinado libremente.
Casi una semana después de los hechos, las filmaciones avalaron la versión de Bonomi y otros jerarcas de gobierno en cuanto a que la desocupación se había ejecutado sin violencia, cuando, del otro lado, algunos estudiantes y personas mayores que los acompañaban venían denunciando que habían sufrido golpes y malos tratos.
La jugada fortaleció la posición del Ministerio del Interior y virtualmente desautorizó a quienes habían realizado las acusaciones, entre otras cosas porque se vio que uno de ellos también estaba grabando con su celular y, sin embargo, no había difundido su archivo. Por otro lado, la iniciativa le sirvió a la población, que pudo observar desde un punto de vista privilegiado cómo se llevaba a cabo aquella intervención tan delicada.
Una aclaración. Aunque llamó mucho la atención, este recurso de los videos policiales, en realidad, no es algo nuevo. En agosto del año pasado el propio Ministerio del Interior había informado que los agentes del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) llevarían desde entonces en su uniforme cámaras de última generación destinadas a documentar visualmente “todo el accionar policial”, generando archivos que luego serían ingresados a una base de datos. En esa ocasión las autoridades sostuvieron que la herramienta del video había sido sugerida por Lawrence Sherman, un experto estadounidense en temas de criminología durante una visita de asesoramiento al país. Y agregaron que se trataba de un mecanismo que ofrecía garantías tanto para la Policía como para los ciudadanos. Según se explicó entonces, en cada situación el funcionario debe encender la cámara una vez que desciende del vehículo y apagarla una vez que concluye su actuación.
Todo indica que, realmente, estamos ante una herramienta destinada a ofrecer mayores garantías. Yo, por lo tanto, le doy la bienvenida a esta novedad. De todos modos, luego de haber tratado este tema en nuestro programa en estos días, anoté algunas observaciones importantes que hay que incorporar al análisis, y que surgieron de mensajes de los oyentes, de las discusiones que se dieron en La Mesa y de la reflexión en el equipo de En Perspectiva.
Por ejemplo, sería bueno que estas cámaras de video también se instalaran en los uniformes de otras fuerzas del Ministerio del Interior. Pienso en particular en la Guardia Republicana que, con mucha frecuencia, aparece vinculada a episodios de abuso. Algo de eso se dio el mismo martes de la semana pasada, en algunos momentos, en el enfrentamiento con manifestantes afuera del edificio sede del Codicen. Pero también está el antecedente del mes pasado, en ocasión del traslado de 19 jóvenes del Sirpa que acabó con varios de ellos golpeados a manos de los efectivos, en un hecho que todavía está siendo investigado por la Justicia.
Pero además falta información relevante que sería bueno que el Ministerio del Interior diera a conocer. ¿Esta fue la primera vez que se emplearon las imágenes para esclarecer hechos confusos en un episodio del que participa el Grupo de Respuesta Táctica (GRT)? ¿En cuántas ocasiones se ha utilizado este sistema desde agosto del año pasado y para qué han servido los registros?
¿Existe un protocolo para el uso de estas cámaras? Si son los propios policías quienes prenden y apagan las cámaras, ¿cómo se controla que éstas no sean desconectadas en la mitad de un procedimiento? ¿Quiénes son los encargados de estudiar esas imágenes, revisar su continuidad y asegurarse de que no sean alteradas luego de una actuación que haya salido mal? ¿Hay sanciones previstas para los policías que manipulen o intenten manipular esas grabaciones?
El ministro Bonomi dijo en la conferencia de prensa del lunes que se está trabajando para construir una policía democrática y destacó que cuando se ha constatado excesos, irregularidades o corrupción protagonizados por funcionarios, ha sido el propio gobierno quien ha efectuado las denuncias. Eso está muy bien. Pero… ¿ya se han presentado denuncias de ese tipo basadas en videos de estas cámaras? Y además, como cuestionaba Daniel Supervielle en La Mesa del miércoles pasado, ¿qué ocurrirá si un día una de esas grabaciones deja en la cuerda floja al ministerio? ¿En un caso así también se organizará una conferencia de prensa para difundir los documentos gráficos?
Como todo paso adelante, la innovación en el empleo de tecnologías implica desafíos. Uno de ellos, lo dejaba planteado Gabriel Mazzarovich en esa misma tertulia del miércoles que ya mencioné, cuando destacaba que “lo que no muestren las cámaras también existe” y, por lo tanto, toda investigación debe evitar la tentación de tomar los videos como la prueba final de lo que pasó o no pasó en determinada intervención. Porque, como él decía, y aunque suene de Perogrullo, “los procedimientos policiales tienen que estar apegados a la ley, se filmen o no”.
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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 2.10.2015, hora 08.05
