Por Ricardo Lombardo ///
La actividad pública siempre está bajo sospecha.
La utilización de los fondos de todos es motivo de investigaciones periodísticas, de interpelaciones, llamados a comisiones parlamentarias, denuncias penales y hasta de rumores infundados.
Incluso muchas veces se produce la utilización política de las irregularidades presuntas o verdaderas, con fines de descalificar al adversario.
¿Por qué ocurre ese mar de descontroles, suspicacias, intrigas y acusaciones muchas veces certeras y otras malintencionadas?
La respuesta es tan obvia que llama la atención que gobierno tras gobierno, de cualquier partido, no se haya arremangado para transparentar la situación.
Es que los gastos del Estado no tienen control.
Así de simple, y así de complicado.
La Constitución establece que al Tribunal de Cuentas le compete intervenir preventivamente los gastos y pagos de los organismos estatales, vigilando la legalidad de los mismos. Y lo hace muy bien.
Pero sus informes no tienen carácter preceptivo. Es decir que, si observa alguna erogación o contrato por no cumplir o directamente contravenir las disposiciones legales, lo que hace es devolver las actuaciones al organismo correspondiente y los jerarcas de estos tienen dos caminos: aceptar lo indicado por el Tribunal, modificando la resolución original, o reiterar el gasto, o sea efectuarlo de todos modos aún a consciencia de que su decisión tiene un vicio de legalidad.
Si esto último ocurre, los antecedentes son enviados al Poder Legislativo para que este los considere.
Pero allí duermen el sueño de los justos o, mejor dicho, de los injustos. Se acaba de informar que la comisión que debe tratar esas observaciones en el Parlamento no se reúne desde 2011 y, desde 2001, lo ha hecho solamente 11 veces por más que en ese período han llegado más de 16.000 observaciones desde el Tribunal de Cuentas.
Eso quiere decir que prácticamente en los últimos 20 años, el organismo de contralor detectó 16.000 vicios de ilegalidad en resoluciones emanadas de los diversos organismos del Estado, que se dejaron pasar impunemente, sin ningún tipo de sanción ni asignación de responsabilidades.
Es probable que, en esos 16.000 casos, haya una gran mayoría con pequeños problemas de forma que no configuren irregularidades. Pero también, es válido pensar que detrás de ese inmenso papelerío, se escondan situaciones delictivas o corrupción.
¿Cómo saber eso, si el Parlamento no las ha analizado?
Imposible.
Lo que sí puede concluirse, sin ningún tipo de duda, es que este sistema no debe seguir así.
El control de legalidad no puede ser un tema de conveniencia política según las circunstancias y los protagonistas.
El Tribunal de Cuentas debería tener facultades preceptivas, es decir que sus observaciones de ilegalidad deberían impedir a los jerarcas ejecutar sus decisiones, y no como ahora que estos tienen la facultad de reiterar el gasto y realizarlas de todos modos.
Además, habría que estudiar atribuírsele funciones de enjuiciamiento y jurisdiccionales, con la finalidad de depurar la responsabilidad contable de los gestores de fondos públicos como existe por ejemplo en Francia, España e Italia.
Buena parte de las sospechas que existen sobre las actividades públicas radican en esto.
Nunca pude entender cómo nadie ha propuesto cambiar este tipo de sistema que deja al Estado sin control.
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Ricardo Lombardo para el espacio Voces en la cuarentena de En Perspectiva
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Ricardo Lombardo (1953) es contador Público, licenciado en Administración, periodista y político.
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En la foto: Torre Ejecutiva. Crédito: Pablo Vignali / adhocFotos
