Por Emiliano Cotelo///
La semana pasada, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, se enfrentó a un problema recurrente en todos los gobiernos, sin distinción de color político: la autonomía de la ANEP y sus consejos desconcentrados.
La representante de los docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen), Teresita Capurro, acusó a la ministra Muñoz de “obviar la autonomía” de ese organismo en diciembre pasado, cuando el gobierno electo anunció los nombres de quienes integrarían los consejos desconcentrados, o sea Secundaria, Primaria, UTU, etcétera. Para la consejera Capurro, el Poder Ejecutivo se atribuyó “potestades que no le corresponden" porque la designación de esas autoridades debe hacerla el presidente del Codicen, previa consulta con los otros miembros de ese consejo.
La autonomía a la que refiere Capurro, consagrada en la Constitución y desarrollada en diversas leyes, ha hecho que el ministro de Educación sea una figura de poco peso (o ningún peso) a la hora de realizar reformas sistémicas. Ese ministro, pese a que representa al gobierno elegido en la urnas- no tiene ninguna influencia allí donde efectivamente se resuelve sobre los cambios estructurales, es decir: los planes de estudio, las políticas para abatir la repetición, el presupuesto, la estructura administrativa, la formación y el perfeccionamiento docente.
¿Acaso alguien recuerda al ex ministro de Educación y Cultura Ricardo Ehrlich por haber sido un actor relevante en la política educativa? Es más, desde 1985 hasta hoy, ¿usted puede mencionar a algún ministro de esa área que haya pasado a la posteridad por los cambios que imprimió en la Educación? Antonio Mercader, que ocupó esa cartera entre 2000 y 2002, dice -en cuanta oportunidad tiene- que la autonomía es excesiva y que reduce la injerencia del ministro de turno a lo que pueda hacer desde la presidencia de la Comisión Coordinadora de la Enseñanza, y allí apenas puede formular “recomendaciones”.
Esa situación le resulta incómoda a casi todos los partidos.
De hecho, en la última campaña electoral el Frente Amplio y el Partido Nacional prometieron distintos mecanismos ingeniosos para fortalecer el rol del Ministerio de Educación y Cultura.
Más atrás en el tiempo, en su segunda presidencia, Julio María Sanguinetti resolvió el trancazo despreocupándose del ministro y nombrando al frente del Codicen a Germán Rama, un hombre de su máxima confianza y de personalidad fuerte, que, en contacto directo con él, efectivamente diseñó y ejecutó la reforma que el gobierno de la época entendía conveniente.
Tabaré Vázquez, en cambio, quiere intentarlo desde el ministerio. Habiendo prometido que cambiará el ADN de la educación uruguaya y consciente de los resultados pobres que dejaron su primer gobierno y el de José Mujica, le ofrece el cargo de ministra a María Julia Muñoz, que supo ser su operadora en varias paradas importantes y complejas. Ella, por su relación con la Universidad, es una defensora de las autonomías. Pero sabe que si las respeta textualmente puede pasar al olvido, como le sucedió a tantos otros. Es más, la doctora Muñoz es consciente de que si no empuja los límites, ganarán las viejas chacras que impiden cualquier cambio dentro de la educación pública. Por eso se propone estar encima de los consejos desconcentrados y sus decisiones. En el Frente Amplio, en privado, sostienen que hará con la ANEP lo mismo que hizo con ASSE cuando fue ministra de Salud: jugar un fuerte papel de rectoría.
De forma más diplomática, el Director Nacional de Educación en el MEC, Juan Pedro Mir, dijo el lunes, aquí, En Perspectiva, que el ministerio “va a trabajar activamente (…) en la participación y la elaboración, técnica y política, del conjunto de políticas educativas” y remarcó que su dirección tiene “capacidad de articulación con Primaria y Secundaria, para poder participar y colaborar con insumos y designaciones”.
De todas formas, esa atribución no está prevista en la definición de la Dirección Nacional de Educación. Cuando se lo hice notar, respondió que ese rol “va a aparecer”. ¿Por qué? Porque, según el maestro Mir, la experiencia muestra que “hoy la autonomía no se puede leer sin la articulación”.
El propio Mir explicó que han dedicado los primeros meses del año a construir pacientemente una relación fluida entre el Poder Ejecutivo, el Codicen y los consejos desconcentrados, extendiendo ese esfuerzo incluso a la Universidad de la República. Dijo que se busca que los consejos vean al ministerio como “un aliado”. Ojalá funcione. Pero ese papel del MEC es más político que jurídico y su éxito dependerá de la buena voluntad de los distintos actores del sistema público de educación.
Por eso me pregunto: ¿No habrá llegado la hora de redefinir los roles, modificando la Constitución y las leyes? ¿Tiene sentido que cada gobierno quiera imponer su propia idea sobre las autonomías y sus alcances? ¿No sería mejor tener las reglas claras antes que andar probando formas “creativas” de incidir en órganos donde las atribuciones reales no llegan?
Dejo el tema planteado, aunque sé que por el momento no figura en la agenda.
