Por Emiliano Cotelo ///
El viernes próximo tendrá lugar la última sesión de la comisión investigadora sobre Ancap. Después de escuchar al actual directorio de la empresa se cerrarán cuatro meses y medio de trabajo y quedará pendiente la redacción de los informes de los delegados de los cuatro partidos políticos, que se difundirán recién en febrero.
Así que para conocer las distintas conclusiones faltan, además de estas tres jornadas de reuniones, 45 días más. De todos modos, yo creo que ya se puede responder, por lo menos, a una pregunta que ha estado en el tapete todo este tiempo: ¿Valió la pena la comisión?
Antes de que se aprobara se discutió mucho sobre la pertinencia de este grupo. Por ejemplo, sectores del oficialismo alertaban que lo que se buscaba desde la oposición era generar un “circo político”. Por ejemplo, algunos dirigentes del Partido Nacional sostenían que el plazo que imponía el Frente Amplio (FA) era demasiado corto.
Yo creo que sí valió la pena la comisión. Y cuando digo esto no aludo a las conclusiones sobre el fondo del asunto. Yo destaco, sobre todo, que gracias a la existencia de la comisión, los uruguayos hemos tenido a nuestra disposición información muy relevante sobre la evolución de Ancap, que tal vez sea la empresa más importante que tiene el país.
A fines de julio, cuando el Senado dio vía libre a esta investigación, yo dije en otro editorial:
En el caso concreto de Ancap, sus últimos balances muestran que perdió US$ 600 millones en los últimos cuatro años y que en ese período su patrimonio cayó de US$ 1.124 millones a US$ 432 millones de dólares. Y eso ocurrió en una empresa que tiene el monopolio de la refinación del petróleo y cuyos combustibles son, sin embargo, de los más caros de la región. Con esos datos, no más, cualquier ciudadano, opositor u oficialista, debería reclamar que se estudiara a fondo qué pasó, cómo se condujo esa compañía, qué fundamentos tuvieron sus planes estratégicos y de qué manera se resolvieron sus líneas de inversión.
A eso, justamente, se dedicaron los siete senadores designados. Pero la tarea no quedó encerrada en el Palacio Legislativo. A partir de lo que ocurría en la comisión, nosotros y otros periodistas que seguimos los temas políticos y económicos nos metimos en el funcionamiento de Ancap como no lo hacemos habitualmente. Y ese esfuerzo periodístico llegó después al público.
No lo hicimos solos, por supuesto. Buscando el asesoramiento adecuado, analizamos balances, revisamos lo que ha pasado con el endeudamiento, nos detuvimos en los resultados de las diferentes unidades de negocios, observamos las inversiones, comparamos los montos previstos con los que terminó mostrando la realidad, examinamos el manejo de la publicidad, etc. Además, nos concentramos en algunas resoluciones muy especiales. Y reflexionamos sobre varios dilemas que enfrentan este tipo de empresas públicas, por ejemplo en cuanto a monopolios, subsidios, impacto social y/o ambiental.
Además, los ex jerarcas explicaron las razones de sus decisiones e incluso el ex presidente José Mujica explicitó las instrucciones que les había dado a todos los directores de entes autónomos para que apretaran el acelerador al máximo en materia de inversiones, algo que no era conocido claramente hasta ahora. Como tampoco sabíamos de las tensiones que llegó a haber en el gobierno anterior entre Mujica y su equipo económico sobre la marcha de las empresas públicas y en particular Ancap.
A mí me parece que este ejercicio de transparencia ha sido muy positivo. Porque nosotros, los uruguayos, somos los accionistas de estas compañías y según cómo el sistema político las conduzca nos jugamos mucho, como sociedad y hasta como individuos (por ejemplo, en nuestros bolsillos, para ser más claro). En realidad, pensándolo bien, la rendición de cuentas detallada y en profundidad –con mucho debate- debería ser la regla, incluso con organismos públicos que andan bien.
Ahora la población tiene a su disposición mucha información sobre ANCAP, en base a la cual puede juzgar cómo se hicieron las cosas. Por supuesto, lo ideal hubiera sido que esta tarea se desarrollara de manera ordenada y pacífica, y eso no ocurrió. Dejó roces de todo tipo. Hubo, por ejemplo, un enfrentamiento muy crudo entre Mujica y Danilo Astori que ha generado preocupación dentro del FA. Pero también hubo polémicas públicas entre líderes de la oposición, por ejemplo Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry, que exhibieron estrategias distintas y se pasaron facturas con todas las letras. Y hubo intercambio de acusaciones: a quienes estuvieron al frente de Ancap se les endilgó malas gestiones y hasta delitos, y a varios representantes de la oposición en la comisión se les atribuyó la intención de perjudicar a figuras del Frente Amplio o de erosionar deliberadamente la imagen de las empresas del Estado.
Pero todo eso también es información valiosa. La gente ahora tiene ante sí, por un lado, números, datos y documentos de Ancap, y, por otro, tiene también la forma cómo se comportaron ante esta indagatoria los distintos actores políticos: los que estaban siendo controlados y los que asumieron el papel de controladores. En base a todos esos antecedentes la gente podrá evaluar a unos y a otros y, luego, hacerse su propia composición de lugar.
Obviamente, no se puede abusar de las comisiones investigadoras. Pero por algo ese instrumento está previsto en la Constitución de la República. Y el caso Ancap, para mí, es una prueba de su utilidad.
Me alegro, entonces, de que en esta ocasión todos los partidos, incluido el oficialismo, hayan logrado un acuerdo para habilitar esta posibilidad, cuando en los últimos años, ante otros pedidos, se la bloqueaba sistemáticamente.
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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, miércoles 16.12.2015, hora 08.05
