Por Emiliano Cotelo ///
En diciembre, en medio del vértigo de fin de año, la Junta Departamental de Montevideo aprobó, sin grandes polémicas, el decreto que habilita y regula el “transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratado a través de plataformas electrónicas”.
Un mes después, en enero, la Intendencia abrió el registro en el que deben inscribirse las empresas que decidan operar legalmente. La primera en hacerlo fue Cabify, una multinacional de origen español, que fue la última en llegar al Uruguay. La semana pasada recibimos En Perspectiva a su gerente general, Manuel Gros. Cuando le pregunté qué opinión tenía de la reglamentación, contestó que en su compañía la consideran “un ejemplo” para la región. Y agregó otra observación que me impresionó: dijo que aquí la solución había sido “bastante rápida” ya que en otros países, como Chile, llevan cuatro años discutiendo qué hacer con Uber y similares.
Buena noticia
Un elogio como ese merece atención. No lo dice un jerarca de la Intendencia de Montevideo (IM) ni tampoco un dirigente del Frente Amplio. Lo declara alguien que está adentro del negocio pero al mismo tiempo puede evaluar con la distancia que le aporta la experiencia de su firma en Iberoamérica.
En un editorial de noviembre de 2015 sobre este tema yo comenté que las autoridades debieron haberse preparado para encarar un fenómeno que era evidente se vendría porque ya llevaba años en otras ciudades del mundo. Eso es cierto. También es cierto que Uber ingresó de facto y con prepotencia y que desde la “familia” del taxi reaccionaron con amenazas y agresiones físicas hacia los nuevos choferes. Es cierto que la intendencia “patinó” con algunas modalidades de inspección y sanción que ensayó. Es cierto que se vivieron 12 meses de incertidumbre y polémica política.
Pero, por lo visto, el gobierno departamental de Montevideo aprendió sobre la marcha y, de atrás, terminó encontrando en un tiempo razonable una salida que los operadores no sólo aceptan sino además valoran.
¿Cuál es el panorama actual? En el registro de la IM, además de Cabify, ya se anotó EasyGo; mientras tanto, Uber, el líder del sector, está preparando su inscripción para los próximos días. Por otro lado, el escándalo promovido por la Patronal del Taxi y algunos sindicalistas del sector parece haberse apagado. En suma, 15 meses después de la irrupción de Uber, la capital ha visto enriquecida la oferta del transporte público con un sistema nuevo de automóviles llegado de la mano de las nuevas tecnologías de la información que en algún momento temimos que terminara prohibido o admitido pero asfixiado, un sistema que sacude el statu-quo para bien: al basarse en los teléfonos móviles con GPS facilita la obtención del vehículo en el sitio donde está el usuario, elimina el dinero en efectivo a la hora del pago, permite a los clientes evaluar a los conductores, se realiza en automóviles de modelos recientes y bien cuidados, y abre una oportunidad de trabajo a tiempo parcial para muchos hombres y mujeres.
Parece que avanzamos; es una buena noticia y hay que destacarlo.
Lo que falta
De todos modos, hay mucho que hacer todavía.
Por ejemplo, resta conocer cómo regulan esta materia las otras intendencias, que tienen autonomía. ¿Seguirán el modelo de la capital o probarán otros esquemas? Canelones, por citar un caso, está yendo por su propio camino, asimilando los autos que operan con las plataformas a los remises, y exigiéndoles que obtengan y paguen el permiso correspondiente.
Pero incluso si nos limitamos a Montevideo aparecen varias asignaturas pendientes:
- La mejora definitiva del servicio de taxis a partir de los anuncios que hizo el año pasado el intendente Daniel Martínez sobre qué tipo de autos se aceptaría, las exigencias en torno a la higiene de los vehículos, la vestimenta y el comportamiento de los taxistas, sobre todo el trato a los pasajeros, etcétera, aspectos que la comuna dejó venirse abajo durante años, olvidándose de su responsabilidad como regulador y dejando abandonado al usuario y sus derechos.
- La eliminación, de una buena vez, del uso de billetes y monedas en los taxis, lo que dará seguridad a los choferes y permitirá desterrar la mampara, tan incómoda y peligrosa para los pasajeros.
- Conocer el destino de los nuevos ingresos que la intendencia obtiene a partir de la reglamentación de las apps: $ 1,45 por kilómetro recorrido. Según el decreto, lo recaudado por ese canon no va a la caja general de la comuna, sino que debe aplicarse a mejoras en materia de “movilidad” en Montevideo. Eso es, en principio, bienvenido. Pero hay que bajarlo a tierra y para eso falta la reglamentación correspondiente.
- Estudiar el impacto real en el sistema de Uber, EasyGo y Cabify, sobre el cual ha habido mucho pronóstico apocalíptico. Concretamente, ¿estas empresas traen una caída en la cantidad de viajes de los taxis y/o remises?, ¿empobrecen o dejan sin trabajo a los empleados que se desempeñaban en estos servicios hasta el año 2015? El tamaño de Montevideo facilita que este diagnóstico se efectúe con cierta facilidad. Y si eso se hace podremos contar con datos serios sobre el resultado de este cambio para luego, eventualmente, diseñar alternativas para los perjudicados.
- Seguir de cerca cómo funciona la relación “laboral” entre los conductores de los nuevos autos, que en realidad son empresas unipersonales, y las compañías que operan las apps. Ya existen gremios que agrupan a estos trabajadores y que están planteando reclamos y condiciones.
En realidad, esta última discusión es, a su vez, transitoria, porque también va a ser atropellada por el avance tecnológico. Uber, por ejemplo, ya viene probando en su casa matriz sus vehículos autónomos (o sea, sin chofer), con lo cual en el horizonte aparece un nuevo riesgo de pérdida de puestos de trabajo (y no sólo en el transporte de personas en vehículos tipo sedán; también en los ómnibus de todo tipo y hasta en los camiones de carga).
Un enfoque más global
Y este es un buen punto para saltar del transporte a un enfoque más global. Las nuevas tecnologías están cambiando la producción y los servicios de varias maneras al mismo tiempo. Hasta ahora yo me ocupé hoy de una de ellas: lo que algunos llaman “economía colaborativa basada en internet”. Pero otra tendencia que viene “al galope” es la robotización, combinada con el big data y la inteligencia artificial. Amazon ya está experimentando con un supermercado sin cajas, ni cajeros ni reponedores humanos. Restoranes de comida rápida vienen poniendo en marcha sistemas automatizados para recibir los pedidos de sus clientes, cobrarles y entregarles.
¿Qué reflexión están realizando en Uruguay el sistema político, los sindicatos y las cámaras empresariales sobre esos desafíos que no van a tardar en llegarnos? Lo de las apps de transporte de pasajeros, aparentemente, pudimos digerirlo en unos meses con una reglamentación bien pensada. El impacto de la robotización tendrá otra profundidad: por un lado expulsará a miles y miles de personas con escasa formación, y al mismo generará oportunidades interesantes de empleo calificado y muy calificado. ¿Cómo asimilar ese escenario que se viene? La respuesta no es obvia, como quedó de manifiesto en La Mesa del Futuro que organizamos En Perspectiva en diciembre de 2016. Pero es claro que una de las claves estará en la capacitación que reciban los adolescentes y los niños de hoy. Entonces, pregunto: ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para discutir y, sobre todo, ejecutar esta parte de la reforma educativa que el Uruguay se debe?
***
Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 10.02.2017, hora 08.05
