Por Emiliano Cotelo///
Hoy lunes 11 de mayo, como sucede siempre después de una votación, hay una cantidad de uruguayos felices y otros apesadumbrados.
De todos modos, independientemente de cómo les haya ido a nuestros candidatos, creo que todos coincidimos en algo: suspiramos aliviados.
Ahora que pasaron las elecciones departamentales y municipales, tanto la población, como los dirigentes políticos e incluso los gobernantes, todos, sentimos que nos sacamos de encima un peso enorme.
Acaba de completarse un ciclo electoral agotador, que formalmente empezó en junio de 2014 con las elecciones primarias de los partidos pero que, en la práctica, insumió casi dos años, si contamos también la campaña previa a las internas y, antes que eso, los preparativos de las agrupaciones para definir a sus precandidatos. Un período excesivamente largo, que distrae energías que deberían dedicarse a las gestiones de gobierno. Un proceso muy costoso, que se lleva demasiado dinero, del Estado y de los donantes, tanto ciudadanos como empresas.
Les recuerdo que este sistema nació en la reforma constitucional de 1996 y se aplicó por primera vez en 1999. Hasta aquel momento no había elecciones primarias, los comicios departamentales se realizaban simultáneamente con las elecciones nacionales y en esta última instancia no existía la posibilidad de segunda vuelta.
O sea: hasta 1999 había una sola jornada electoral, el último domingo de noviembre; y nada más.
Con la reforma de 1996 pasamos a tener tres jornadas electorales distribuidas a lo largo de un año, pero además se dejó abierta la eventualidad de una cuarta, ya que se introdujo el ballotage. Y, por si todo aquello no alcanzara, las elecciones departamentales se volvieron más complejas a partir del año 2010, cuando entraron en vigor las nuevas normas constitucionales sobre descentralización, que incorporaron una votación paralela a nivel de los municipios.
La reforma de 1996 se aprobó en plebiscito por un margen muy menor. Obtuvo el 50,5% de los votos. Hoy no conozco a nadie que defienda el sistema que se implantó en aquella consulta popular.
Todos los partidos políticos están convencidos de que hay que cambiarlo y de que esta tarea debe encararse cuanto antes, ya que requiere una nueva enmienda de la Constitución y conviene que ella se discuta y apruebe lo más lejos posible de las próximas elecciones.
Aparentemente se coincide en tres medidas elementales:
- Eliminar la instancia de las elecciones primarias simultáneas y obligatorias para todos los partidos, y que cada uno de ellos organice sus propios mecanismos para definir los candidatos únicos a presidente de la República.
- En las elecciones nacionales, eliminar la necesidad de segunda vuelta si la distancia entre los dos primeros candidatos es suficientemente amplia, aunque el más votado no alcance la mayoría absoluta.
- Y con respecto a las elecciones departamentales, sacarlas del mes de mayo del primer año de gobierno. De todos modos, en este punto luego las opiniones se dividen en torno a la fecha donde se reubicarían los comicios departamentales. Unos proponen que vuelvan a ser simultáneos con las elecciones nacionales, como eran antes, aunque habilitando el voto cruzado. Otros entienden saludable que la votación departamental conserve este espacio propio que ganó últimamente, y por eso plantean que se ubique a mitad del período de gobierno.
Me pregunto si, efectivamente, los partidos serán capaces de alcanzar un acuerdo amplio y convencido sobre estos temas a corto plazo. Me preocupa que esta enmienda constitucional, relativa a lo electoral, termine bloqueada porque algunos grupos o partidos quieran inscribirla en una reforma constitucional más amplia, lo que conduciría a una negociación mucho más espesa y quizás imposible.
En cualquier caso, me parece, también son necesarias otras reformas. Menciono algunas: la creación de un sistema de auditoría real –y no simbólico- sobre los ingresos y los gastos de los partidos en sus campañas; un acortamiento significativo de las campañas publicitarias con controles fuertes y sanciones severas a quienes violen los límites establecidos; la prohibición de la publicidad oficial en los meses previos a las elecciones. Estas disposiciones no necesitan de una reforma constitucional. Pueden implementarse, simplemente, por la vía de la ley. Todo depende de que en el Parlamento se consigan las mayorías. Y lo deseable sería que ese apoyo fuera lo más amplio posible, abarcando a todo el espectro político.
