Por Leonardo Costa ///
El reciente escándalo de los autos Volkswagen en Estados Unidos recuerda un caso jurisprudencial tradicional de ese país que se analiza en los cursos de Análisis Económico del Derecho en las escuelas de derecho norteamericanas.
En mayo de 1968 Ford Motor decidió fabricar un coche compacto, en un esfuerzo por ganar mercados. El modelo conocido como Ford Pinto fue diseñado y desarrollado en un programa acelerado, y logró en los primeros años ventas extraordinarias. Sin embargo, en mayo de 1972, Lily Gray viajaba en un Pinto junto con Richard Grimshaw, de tan solo 13 años, cuando el coche fue chocado por otro que circulaba aproximadamente a 30 millas por hora. El impacto provocó un incendio que resultó en la muerte de Lily Gray y profundas lesiones en el caso de Richard Grimshaw. La Corte condenó a Ford a pagar a la familia de Gray la suma de US$ 560.000 y a Grimshaw US$ 2,5 millones en daños compensatorios y US$ 3,5 millones en daños punitivos.
Para evitar futuros accidentes Ford debía implementar un cambio en el diseño del Pinto, a un costo de US$ 11 por auto, con lo que evitaría las explosiones como la de 1972 y, de acuerdo con sus análisis, se podría llegar a evitar unas 180 muertes. Ford decidió no hacer el cambio en el diseño ya que entendía que el costo de implementarlo era mayor que el beneficio para la sociedad. Vale decir, que los costos de precaución eran mayores que los beneficios esperados en caso de implementar el cambio en el modelo.
Naturalmente, un análisis de costo-beneficio podía justificar económicamente la resolución de Ford. Sin embargo, desde un punto de vista ético resultaba totalmente contraria al sentido común y a una lógica humana. Adicionalmente, la decisión no tomaba en cuenta algo que hoy día resulta lapidario, como son los riesgos reputacionales frente a los consumidores, frente a vidas a humanas y frente a los inversores de las acciones en los mercados bursátiles.
El reciente caso Volkswagen claramente demuestra cómo decisiones empresariales que solo analizan los costos y beneficios –olvidándose de los consumidores, del medioambiente y de los inversores– pueden poner en riesgo a una marca de gran tradición en el mercado automotor. Como los oyentes conocen, Volkswagen se enfrenta a una crisis superlativa después de descubrirse por un ambientalista, Peter Mock, director de un grupo llamado International Council for Clean Transportation, que el fabricante había instalado un software para esquivar los controles medioambientales en 11 millones de vehículos diésel en todo el mundo.
El perjuicio que enfrenta Volkswagen implica hasta el presente una caída de US$ 29.000 millones en el valor bursátil de la empresa y una multa de US$ 18.000 millones impuesta por el gobierno de Estados Unidos. Pero el peor daño que tiene por delante la firma es el reputacional ya que directamente mintió: engaño al consumidor y a los reguladores gubernamentales con el objetivo de, supuestamente, ahorrar en el contralor de emisiones de gases de combustión.
Lo mejor del caso es que la estratagema del fabricante no se descubrió por la audacia de los controles gubernamentales, sino por la casualidad, por una parte, y, por otra, por la fuerza de la sociedad civil que controla permanentemente a la industria automotriz. A Mock le llamaba la atención que los mismos modelos de la marca que se comercializaban en Estados Unidos emitían menos gases nocivos en ese país que en Europa. Cabe destacar que en Estados Unidos los controles gubernamentales sobre la industria son más estrictos que en otros mercados. Por eso el ambientalista analizó con un equipo de técnicos las emisiones de los modelos Volkswagen Jetta y Volkswagen Passat y la BMW X5. Lo hicieron con un sistema portátil de medición de emisiones (PEMS) que se coloca en el maletero de los autos, en colaboración con la Universidad de West Virginia. Y fue este sistema el que descubrió el engaño de Volkswagen. El sistema analizó directamente las emisiones que salían del caño de escape en los autos en movimiento en la ruta desde San Diego a Seattle. Mientras que el BMW X5 pasó la prueba de carretera, el Volkswagen Jetta tenía emisiones de óxidos de nitrógeno 35 veces superiores a lo autorizado, y el Passat de 2013 las multiplicaba por 20.
Los hallazgos del estudio alertaron a la autoridad ambiental de California, que lanzó su propia investigación. Y cuando se involucró la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU (EPA), el fabricante alemán tuvo que reconocer que había instalado de forma deliberada un programa informático en varios de sus modelos diésel para esquivar los límites de emisiones de gas.
Ciertamente el caso Volkswagen aún no ha terminado de sorprender a las autoridades y a los consumidores, pero seguramente a partir de la investigación de Peter Mock el derecho civil europeo y el de daños de Estados Unidos incorporarán en sus cursos, junto al Ford Pinto, al escándalo de Volskwagen con la máxima de que aún cuando se pueda eludir los controles gubernamentales no se puede en forma segura eludir a una sociedad civil fuerte y comprometida con la sustentabilidad ambiental.
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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 28.9.2015, hora 08.05
Sobre el autor
Leonardo Costa es abogado, profesor titular de Análisis Económico del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo y socio de Brum Costa Abogados.
