Producción: Rodrigo Abelenda
En una decisión fulminante, el presidente Luis Lacalle Pou le solicitó el martes la renuncia al presidente de Antel, Guillermo Iglesias, por haber firmado una resolución de directorio en la que se presupuestó a 857 empleados que habían sido contratados en la administración anterior.
La salida del ingeniero Iglesias, que había asumido hacía apenas dos meses, “aceleró” ayer la renuncia de Gustavo Delgado, integrante nacionalista del directorio de la empresa que venía del período anterior, que iba a ser nombrado en la Ursec (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones). Delgado, que pertenece a Alianza Nacional, optó por dejar su cargo ahora para “allanarle el camino” al presidente para que designe a las nuevas autoridades, dijeron a En Perspectiva fuentes políticas.
Hasta esta semana el directorio de Antel funcionaba con Iglesias, Delgado y el ingeniero Daniel Fuentes, que pertenece al Frente Amplio (FA) y también provenía del quinquenio previo.
Ahora Lacalle Pou deberá enviar al Senado las venias para un nuevo presidente (que -se anticipa- será alguien de su estricta confianza política) y los otros dos directores, que, según supo En Perspectiva, serán Robert Bouvier (sugerido por el sector Ciudadanos, del Partido Colorado) y Nicolás Cendoya (hasta hora director de la Ursec, sugerido por el FA). Fuentes cesará en su cargo una vez que la cámara alta dé su aval para las nuevas autoridades.
El mar de fondo
La razón principal para que Lacalle Pou decidiera la remoción de Iglesias es que la resolución de presupuestacion de funcionarios contradijo los lineamientos sobre austeridad fiscal definidos por el Poder Ejecutivo. Pero además pesaron otros factores: la medida no fue consultada con el gobierno; algunas declaraciones públicas de Iglesias no fueron bien vistas en la Torre Ejecutiva; y el hecho de que Iglesias no era un jerarca de confianza del presidente Luis Lacalle Pou.
Choque de resoluciones
La resolución de directorio de Antel, que estaba vigente desde el 1º de mayo, invoca el decreto 345/018 en el que se aprueba el presupuesto operativo de la empresa para el año 2019 y que en su artículo 40 dice que el directorio “podrá presupuestar a los funcionarios contratados en régimen de función pública que cuenten con una antigüedad mayor a tres años”. El texto declara que es “conveniente” a los intereses de la administración “que todo el personal permanente esté bajo el mismo régimen e incorporado plenamente a la carrera administrativa” y añade que la presupuestación se realiza sin instancia administrativa previa.
¿Qué son los contratos en régimen de función pública?
En estos contratos los empleados no son titulares de cargos sino de funciones y se incorporan al ente mediante partidas destinadas a contrataciones. Son funcionarios públicos y se rigen por las normas estatutarias, salvo en aquello que no les sea aplicable, precisamente por su condición de contratados.
La disposición, que se votó el 7 de mayo pero se conoció recién este martes cuando circuló en redes sociales y fue denunciada en Twitter por el ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Conrado Hughes, fue “observada por inconveniente” por el presidente Lacalle Pou, que además “exhortó” a Antel a dejarla sin efecto.
En una nota firmada por el presidente y el ministro de Industria, Energía y Minería Omar Paganini se señala que «la situación de elevado déficit fiscal, así como la presión tributaria que pesa sobre la población derivadas del excesivo gasto público, compromete las bases de crecimiento de largo plazo, generando distorsiones que imponen la necesidad de implementar políticas destinadas a racionalizar el gasto público».
Ese texto recuerda que el Poder Ejecutivo emitió un decreto el 11 de marzo pasado en el que se topea el gasto de las dependencias de la administración central en el 85% de lo ejecutado en el año 2019, y se exhorta a las empresas públicas y a otros organismos a tomar medidas similares, para que contribuyan a la disminución del déficit fiscal.
En el documento se cita el artículo 197 de la Constitución que «confiere al Poder Ejecutivo cuando considere inconveniente la gestión o los actos de los directorios de los servicios descentralizados, la potestad (poder-deber) de hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados».
Además, se señala que le corresponde al Poder Ejecutivo la conducción superior de la política económica, financiera y comercial» y que «la descentralización funcional o por servicios se encuentra confirmada por dos sistemas orgánicos» (uno primario y otro secundario) y que «el Poder Ejecutivo es el primario, por tanto en una situación de preeminencia institucional en la que debe ejercer potestades de control sobre el secundario».
¿Aumento del gasto?
En el gobierno entendieron que la resolución de Antel incumplía la línea de austeridad fiscal marcada por el nuevo Gobierno.
Sin embargo, la presupuestación no implicaba un aumento de gasto inmediato para Antel, según confirmaron fuentes de la empresa a En Perspectiva.
Los informantes explicaron que los funcionarios en cuestión ya estaban contratados por Antel y recibiendo un sueldo que no iba a verse modificado. Según las fuentes, la presupuestación solamente les permitía acceder a una carrera administrativa dentro de la empresa.
En la misma línea se pronunció el presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) Gabriel Molina, que explicó que estos funcionarios no fueron presupuestados en 2019 porque era un año electoral:
Acá no hay ningún gasto. No hay ninguna inyección de personal que venga de afuera de golpe, son compañeros que ya estaban trabajando en Antel, que pasaron todos los procesos que en Antel tienen los compañeros que entran bajo la situación de tercerización de la mano de obra, después pasaban a contrato a término. Ustedes recordarán que nosotros nos movilizamos para regularizar más de mil compañeros en el año 2008, 2009. Se creó la figura del contrato a término. Y luego, por concurso, pasar del contrato a función pública, que es un paso a la presupuestación. Pero gastos no hay. Estaban trabajando en Antel y todos en áreas importantes y estratégicas de la empresa; no son 857 ñoquis, como hay otros tantos ñoquis en todas las empresas públicas que han entrado por las tarjetitas que tenían por algún vínculo político.
El gobierno sostiene, en cambio, que la resolución firmada por Iglesias implica en los hechos aumentar la plantilla de funcionarios públicos, lo que se aparta de la austeridad fiscal.
Pero también pesaron otras razones.
La principal: que Iglesias no consultó con el Poder Ejecutivo antes de resolver esta presupuestación.
Según fuentes de Antel consultadas por En Perspectiva, la resolución fue “acompañada” por el directorio ya que los otros dos miembros dieron por hecho que Iglesias había discutido y acordado el caso con las autoridades nacionales.
Las fuentes señalaron que la presupuestación de estos funcionarios es un procedimiento de “rutina” que se hace año a año, ya que es una condición prevista en el presupuesto operativo (citado en la resolución) y en los convenios colectivo firmados con Sutel. Fue “un punto más” en el orden del día de la sesión de directorio, dijeron los informantes.
Sin embargo, luego de que Lacalle Pou le pidiera la renuncia a Iglesias, en la empresa cayeron a cuenta de que el asunto no había sido coordinado con el Poder Ejecutivo. De hecho, según pudo saber En Perspectiva, jerarcas de primera línea del gobierno se enteraron de la resolución de Antel a través del tweet de Conrado Hughes.
Más razones
La forma en la que el gobierno se enteró de la resolución vino a deteriorar la relación con Iglesias, que había empezado con tropezones.
Fuente políticas dijeron a En Perspectiva que las primeras declaraciones públicas de Iglesias al frente de Antel no cayeron bien en el Poder Ejecutivo, en momentos en los que se está impulsando cambios en el giro de los negocios de la empresa, como quedó anotado en el proyecto de Ley de Urgente Consideración y en el proyecto de nueva ley de medios de comunicación.
Particularmente, hubo reparos con una entrevista que Iglesias brindó a Búsqueda en la que opinó que “Antel es un milagro de las telecomunicaciones”. En ese reportaje Iglesias dijo que “está a cargo de un organismo que es un ejemplo en la región” y agregó: “Nos miran y nos comparan en todos los rankings de telecomunicaciones del planeta con Corea, países avanzados de Europa, Estados Unidos, y eso me hincha el pecho. Cuando lo vemos desde acá capaz que no lo sentimos en el estómago. Eso es parte de la emoción que sentí cuando me dieron este cargo de tan alta responsabilidad”.
Pero además, Iglesias no era un jerarca de confianza de Lacalle Pou. Según El Observador, no fue elegido por el presidente sino recomendado por el ministro de Industria, Omar Paganini, también blanco.
Iglesias no tiene filiación política conocida; es un técnico que ha realizado su carrera en Antel. Se había desempeñado como asesor de Andrés Tolosa, presidente del ente durante la última administración frenteamplista. Además fue gerente del Área Internacional entre 2003 y 2010, y gerente del Área de Desarrollo de Negocios Internacionales entre 2012 y 2014.
Técnicos vs políticos
Esta crisis vino a reabrir una vieja polémica: la de técnicos o políticos. Cuenta Búsqueda hoy que apenas se conocio la remoción de Iglesias se disparó una cadena de reacciones entre integrantes del gobierno y que el comentario general, casi unánime, fue que a Iglesias le faltó “cintura polítca” para manejar esta situación. La nota agrega que un ministro escribió en un grupo de Whatsapp que Iglesias habido sido “mal designado” y que lo ocurrido era “una prueba más” de que los técnicos no encajan en cargos de “sensibilidad política” como el que él ocupaba. Indica el artículo que varios legisladores blancos comentaban ayer en el Parlamento que a un político no se le habría pasado por la cabeza la idea de presupuestar a 856 empleados públicos en estos momentos de emergencia cuando se reclama austeridad.
Improvisación
Otro debate político fue planteado desde la oposición. El senador del FA Charles Carrera declaró: “Lamentablemente estamos viendo un gobierno bastante caótico. No puede ser que una administración que recién empieza y [a la cual] le votamos la venia de forma urgente [para este cargo] tenga hoy a Antel sin directorio”.
¿Y los funcionarios involucrados?
Ahora bien, independientemente de estas polémicas, ¿qué pasa con los 857 funcionarios que habían sido presupuestados y ahora perderían esa condición?
Fuentes de Antel explicaron que en ese ente los contratos en régimen de función pública se renuevan año a año de manera automática, independientemente de la presupuestación.
De todas formas, los informantes explicaron que la empresa se expone a juicios laborales por esta decisión del gobierno, ya que las personas contratadas realizan las mismas tareas que un funcionario público pero no pueden acceder a la carrera administrativa.
De hecho, el Sutel se reúne hoy con sus asesores legales para evaluar los pasos a seguir, según informó Molina.
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Foto: Ricardo Antúnez, adhocfotos.
