Producción: Alejandro Rodríguez Dopico, Gastón González Napoli
Viene avanzando en el Parlamento el estudio del proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC).
El texto ingresó por el Senado el jueves 23 de abril a la hora 17, y un día después comenzaron a correr los 45 días que tiene esa cámara para analizarlo y aprobarlo.
El proyecto que remitió el Poder Ejecutivo tenía 501 artículos, o sea que era bastante más amplio que el borrador que se había difundido en enero, que estaba compuesto por 457 disposiciones.
¿Por qué hablo en pasado? ¿Por qué digo que el proyecto remitido en abril tenía 501 artículos? Porque entre aquella primera versión oficial hasta la que ahora tienen a consideración los senadores hubo varios cambios, todos ellos negociados entre el Poder Ejecutivo, el Partido Nacional y sus socios de la coalición multicolor.
Y son muchas las manos que han intervenido; son tantas que hoy en día no es claro con qué tamaño llegará el proyecto a la cámara alta para su discusión en sala y posterior votación.
Sí. Es que las conversaciones son permanentes en la interna de la coalición para acordar una redacción final… y también se busca el mayor consenso posible con el Frente Amplio (FA), ahora en la oposición.
Espacios de negociación
El proceso que viene desarrollándose es bastante complejo. Conviene pasar en limpio las diferentes líneas de trabajo de trabajo que están en curso.
La primera es muy formal y tiene lugar en la comisión especial de 15 miembros que creó el Senado para discutir la iniciativa y recibir delegaciones que plantean sus pareceres.
La segunda línea de trabajo transcurre entre los partidos de la coalición, que mantienen sus propias reuniones. Este ámbito cuenta con coordinadores temáticos a efectos de recibir aportes de las colectividades oficialistas.
Una tercera línea implica el contacto del grupo anterior con los ministros del gabinete y otros jerarcas estatales, que plantean sugerencias o piden cambios al proyecto.
Y, finalmente, una cuarta línea implica el diálogo político con el FA, que votará en contra el proyecto de ley en la votación en general, pero acompañará algunos artículos en la consideración particular.
Todo este entramado de contactos y tratativas es tan amplio y tan dinámico que hace difícil conocer qué alcance tienen o terminarán teniendo algunos de los capítulos de la LUC. Y eso conlleva un desafío grande para los periodistas y los medios de comunicación que tenemos que informar a nuestro público y sentimos a menudo que la LUC se parece a una anguila resbalosa, imposible de agarrar.
Dentro de la coalición
Por ejemplo, este sábado 23 de mayo tuvo lugar una larga reunión de los socios de la coalición. Se buscaba acercar posiciones ante una situación delicada: por un lado, una serie de cambios en la redacción pedidos por legisladores en nombre de sus partidos; y, por otro, solicitudes de ministros para que lisa y llanamente se desglosaran artículos o capítulos enteros del proyecto que afectaban a sus respectivas carteras.
Esto último es relevante porque el desglose implica que esos temas se traten aparte de la LUC y por supuesto, por fuera de los plazos constitucionales acotados que marca el artículo 168 de la Constitución.
Este miércoles
La agenda prevé que este miércoles comience la votación del proyecto en la comisión, y allí -es un hecho- se presentarán sustitutivos, aditivos y quitas, según informaron miembros de la coalición multicolor a la producción de En Perspectiva.
Ministros a la carga
Veamos, en particular, lo más llamativo.
Por lo menos cuatro ministros han solicitado retirar artículos a la LUC o han propuesto cambios. ¿De quiénes hablamos? Pablo Bartol, Daniel Salinas, Irene Moreira y Omar Paganini.
Vamos por partes.
- Mides
El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, pidió retirar la semana pasada nueve artículos que abarcan las competencias de su cartera, la adecuación de competencias del Instituto Nacional de Juventud, la ampliación de las competencias del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU), la supervisión de programas prioritarios de este organismo y los ámbitos de coordinación del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), además de las disposiciones sobre la Comisión para la Discapacidad.
En una carta que Bartol dirigió al presidente de la comisión especial del Senado que analiza el proyecto, Gustavo Penadés, sugirió eliminar esos artículos tras "la extensa ronda de diálogo iniciada en el año 2019 con diferentes organizaciones sociales".
El diario El Observador recordó la semana pasada que a comienzos de mayo el secretario general de la cartera, Nicolás Martinelli, explicó que las autoridades del Mides no llegaron a tiempo para que sus recomendaciones fueran contempladas en la versión del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento.
- MSP
En segundo lugar está el ministro de Salud, Daniel Salinas, que solicitó desglosar los artículos que crean y regulan el funcionamiento de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, una oficina que se encargará del testeo de medicamentos y tratamientos médicos.
Según consta en la versión taquigráfica de su comparecencia a la comisión del Senado que estudia la LUC, Salinas informó que se pide unos diez cambios.
“Se nos podrá preguntar por qué no se presentaron antes; la razón es que esas modificaciones se fueron enriqueciendo con los aportes de distintos sectores”, sostuvo el ministro.
“Queremos recoger lo mejor de cada sector y presentar una propuesta a más tardar en la Rendición de Cuentas. Tenemos un plazo de aproximadamente 40 días –se va a tratar en junio– para proponer los cambios y trabajar en una nueva redacción”, pidió el secretario de Estado.
- Mvotma
En tercer lugar ha propuesto cambios a la LUC la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira, que se centró en los artículos 500 y 501 sobre las áreas protegidas.
Esos artículos disponen que, para incorporar un predio privado al sistema, primero se deberá contar con el permiso del propietario. Si la persona no accede a tomar las medidas de protección exigidas, el Estado tendrá la posibilidad de expropiarlo. La legislación actual no tiene en cuenta el consentimiento del propietario, y tanto exjerarcas como activistas ambientalistas expresaron que esto podría significar el fin del sistema de áreas protegidas.
Pero la redacción enviada por el Poder Ejecutivo no tuvo el aval dentro de la coalición.
Según dijo el senador Gustavo Penadés a En Perspectiva, este sábado pasado se llegó a un acuerdo de nueva redacción de los artículos, siguiendo una propuesta del diputado Gerardo Amarilla, quien es señalado como futuro ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En entrevista con En Perspectiva la semana pasada, Amarilla explicó que su intención era darle más peso a los gobiernos departamentales en las decisiones vinculadas con áreas protegidas, y establecer un camino intermedio entre la ley actual y la primera propuesta de la LUC.
"Entre la expropiación y la nada, incluir una indemnización parcial por la limitación al derecho de propiedad", dijo Amarilla.
De acuerdo con la versión taquigráfica de la comparecencia de la ministra Moreira en comisión del Senado, el alcance de los procesos expropiatorios será negociado por estos días en el seno de la coalición.
- MIEM
En cuarto lugar en pedidos de cambios se encuentra el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, que anunció que el Poder Ejecutivo retiró de la LUC los artículos 267 y 268 que, entre otras cosas, disponían que Antel debía arrendar su infraestructura de redes de telecomunicaciones a prestadores privados.
El lunes 11 Paganini explicó en sala que esos artículos serán “desglosados” ya que la versión final de lo que su cartera procura es la que se incluyó en otro proyecto de ley, el que reforma la ley de Medios de Comunicación aprobada en la administración Mujica, que está a estudio de la Cámara de Diputados. Paganini había adelantado esta posibilidad una semana antes, el 4 de mayo, cuando lo entrevistamos aquí, En Perspectiva. Es más, según nuestras fuentes los artículos 267 y 268 no debieron haberse incluido en el proyecto de LUC y figuraron en él debido a un malentendido entre el MIEM y la prosecretaría de la Presidencia en los días previos al envío del texto al Parlamento.
Cambios en el momento
Otra situación heterodoxa se ha dado cuando algunos cambios en la redacción son comunicados de manera simultánea a los integrantes de la coalición oficialista y a la oposición en sesiones de comisión especial del Senado; ello queda en evidencia en las actas.
Algunas de estas novedades implican revisar conceptos esgrimidos con fuerza por autoridades de gobierno.
Por ejemplo, la semana pasada, y cuando se encontraban en sala las autoridades de la ANEP, la senadora nacionalista Graciela Bianchi presentó en comisión varias correcciones al capítulo relativo a Educación.
Una de ellas altera un concepto que expuso y defendió aquí, En Perspectiva, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, cuando se refería a la sustitución del Sistema Nacional de Educación Pública por una Coordinadora Nacional de Educación que incorpore representantes de la educación privada y de la formación militar y policial.
"Lo que nosotros estamos haciendo es volver a la vieja tradición de la Comisión Coordinadora de la Educación incluyendo a todos porque entendemos que en una instancia de coordinación como esa lo mejor es que estén todos, en lugar de incluir restricciones que claramente están motivadas por razones ideológicas", había dicho el ministro Da Silveira.
Ese criterio fue muy cuestionado por los sindicatos de la educación y por el FA, quienes argumentaron que debe haber un espacio donde las instituciones públicas puedan coordinar sus acciones de manera independiente a la enseñanza privada y a la formación policial y castrense.
Según se detalla en la versión taquigráfica del miércoles pasado, la senadora Bianchi explicó que se negoció con el MEC un cambio a la redacción y que se mantendrá ese espacio exclusivamente estatal, pero ahora bajo la nominación de Coordinadora Nacional de Educación Pública.
De todos modos, aparte, se creará, tal como establece la versión original del proyecto, una coordinación que incorpore a los otros actores del sistema educativo.
El presidente de la ANEP, Robert Silva, dijo en una conferencia de prensa después de esa comparecencia que ve “con muy buenos ojos” el cambio presentado: "Porque los que estamos en esto y el ciudadano sabe que es sumamente necesario, el niño, el estudiante, el joven, es el mismo desde que ingresa a la educación de tres años con nosotros en la administración, o antes, desde la primera infancia, hasta que culmina el ciclo obligatorio y luego continúa en los niveles terciarios o universitarios. Así que es una cuestión necesaria y lo vemos con muy buenos ojos".
Seguridad
Los cambios al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se extienden a otros capítulos, prácticamente a todo el texto de urgente consideración.
Y donde más se advierten es en los capítulos penales y procesales, que aún hoy están en proceso de ajuste.
Por ejemplo, en materia penal se cuestiona desde el interior de la coalición la duplicación de penas a los adolescentes infractores, que podrían pasar a enfrentar 10 años de prisión por delitos gravísimos, como el homicidio.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, defendió el texto original en el Parlamento y en varias apariciones públicas, pero desde el propio Partido Nacional surgieron voces de discrepancia. Una de ellas la de la vicepresidente Beatriz Argimón. Otra, la del senador Jorge Gandini. Pero también la directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Rosanna De Olivera, integrante de Cabildo Abierto, dejó constancia en actas de su rechazo. “Este tema nos preocupa porque, por ejemplo, aquellos adolescentes que ingresan con 17 años permanecerían en el instituto hasta los 27 años. Esa edad excede desde todo punto de vista la propuesta actual del Inisa en cuanto a su funcionamiento y a sus instalaciones”, sostuvo De Olivera. “Con respecto al tiempo máximo, creemos que quizás podría evaluarse alguna otra opción”, afirmó, hablando ante los senadoress.
¿Cuál será la redacción final del capítulo sobre seguridad ciudadana?
Todavía no hay consenso, pero sí se acercaron posturas en la reunión del último sábado. Según dijo el senador Penadés a En Perspectiva, el tema minoridad infractora quedó cerrado. Se aumenta las penas a delitos gravísimos, pero hubo retoques para que las penas no sean más duras para los menores que para los adultos. De todas formas, el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, adelantó al diario El Observador que él no votará este artículo.
En este capítulo de Seguridad ciudadana el punto principal que resta resolver es el relativo a la “auto evasión”. ¿A qué se refiere esto? En la redacción del proyecto de LUC que ingresó al Parlamento se introduce como un delito nuevo la fuga de una persona detenida o presa, y se la castiga con pena de seis meses de prisión a cuatro de penitenciaría. En el Código Penal vigente la auto evasión está penada únicamente si existe violencia. El caso paradigmático que impulsa a la creación del nuevo delito es el de Rocco Morabito, el mafioso italiano que se escapó de Cárcel Central el año pasado sin que hubiera en el medio ni un rasguño ni una gota de sangre.
Por cuestiones filosóficas, por entender que la tendencia y el ansia de libertad son inherentes al ser humano, no hay acuerdo todavía en el interior de la coalición. Concretamente, la senadora nacionalista Carmen Asiaín no votaría este artículo, y sin su apoyo no se lo podrá aprobar en la comisión que estudia la ley.
Ancap
En cuanto a otro artículo clave, el que pretendía eliminar el monopolio de Ancap en la importación y refinación de combustibles, la coalición acordó el viernes retirarlo de la ley. Recordemos que este punto fue defendido por Luis Lacalle Pou durante su campaña a la Presidencia, pero no estuvo incluido en el Compromiso por el país, firmado por los líderes de la coalición multicolor antes del balotaje.
En cambio, se facultará al Poder Ejecutivo a buscar los mecanismos que permitan a Ancap ajustar el precio de los refinados en puerta de refinería en base al precio de paridad de importación. Se prevé que el procedimiento tenga como base un informe de la Ursea, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, a quien se encomendará que realice una revisión integral de su método de cálculo.
Además, se plantea instalar una comisión de expertos que estudiará en profundidad todo lo relacionado con el mercado de combustibles: el refinado, exportación e importación de petróleo y sus derivados, la cadena de comercialización interna de combustibles, los aspectos regulatorios, los tributos y subsidios, la rentabilidad y “aporte de valor” de la refinería de La Teja.
¿Entonces?
Así está, a grandes rasgos, el proyecto de LUC cuando acaban de cumplirse 30 de los 45 días de plazo que tiene para ser tramitado en la primera cámara del Parlamento.
La coalición oficialista aspira acordar una redacción que, una vez votada en el Senado, no vuelva a ser modificada luego en la Cámara de Diputados. ¿Lo logrará?
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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
