La semana pasada trascendió que alrededor de un centenar de indigentes pasan el día en la Facultad de Ciencias Sociales, hasta el punto de que se convirtió en un problema. ¿Pero es el único edificio público donde se da esta situación?
La preocupación por la presencia prolongada de indigentes en sus instalaciones no es patrimonio exclusivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR).
Ese fenómeno también afecta a otros centros de enseñanza, hospitales y numerosos edificios públicos y privados. Según pudo saber En Perspectiva, en varias facultades se tomaron medidas para controlar el ingreso. ¿El objetivo? Evitar la distorsión del trabajo de docentes y funcionarios y prevenir situaciones que resulten incómodas para los estudiantes.
Ciencias sociales
Nuestras averiguaciones tomaron como punto de partida la situación que fue divulgada el jueves 21 por el semanario Búsqueda: decenas de personas en situación de calle pasan buena parte del día en el interior de la Facultad de Ciencias Sociales.
Al día siguiente, durante una entrevista aquí, En Perspectiva, el decano de esa facultad, Diego Piñeiro, reconoció el problema, agregó que dentro de esa comunidad educativa existen por lo menos dos visiones sobre la forma de encararlo y explicó que por ahora ha primado el criterio de no prohibir la entrada a estas personas debido a “los principios” de “una universidad abierta”.
“Cualquier persona puede ingresar a un local de la Udelar", dijo Piñeiro a En Perspectiva. "Por ejemplo, nosotros tenemos una biblioteca pública que es abierta a todo el mundo; tenemos muchos estudiantes que vienen de otras facultades a tomar clases, y hay otra gente que viene a las conferencias que hay regularmente, etcétera. No son solamente estudiantes y profesores los que ingresan a la facultad.”
De todos modos adelantó que se buscará disminuir la cantidad de gente que ingresa: "Creo que hay que empezar restringiendo los horarios, que haya un horario menos amplio para la gente que es de afuera de la Facultad", sostuvo Piñeiro y luego profundizó en el enfoque con que se encarará ese proceso debido a las características particulares de esa facultad:
“Nosotros enseñamos en la facultad cómo trabajar con personas que están en esta situación. Y queremos enseñarlo no solo a través de los libros y de las conferencias o de las clases, sino también con lo que hacemos. Tenemos que hacer lo mismo que enseñamos. Eso no quiere decir que debamos reemplazar al Mides, quiere decir que tenemos que tener una actitud responsable frente a esta situación. Nosotros decimos que tenemos que hacer un proceso de disuasión y derivación responsable.
Estamos buscando los apoyos que nos permitan derivar a estas personas hacia otros lugares. Y creemos que dentro mismo de la facultad, a través de la Unidad de Extensión, es posible tener un proyecto específico para que estudiantes de nuestra facultad hagan una práctica con estas personas para que ambas partes salgan favorecidas: los estudiantes hacen una práctica con sus objetos de estudio específicamente y esta gente recibe una atención de este grupo de trabajo.
En particular, anunció reuniones con el Ministerio de Desarrollo Social, cuya sede está a dos cuadras, para coordinar acciones.
El rector
El rector de la Universidad de la República, Roberto Markarian, enterado del caso por el decano Piñeiro, puso en marcha una investigación para conocer qué ocurre en otras facultades.
Mientras ese relevamiento se procesa, la producción de En Perspectiva realizó una primera ronda de consultas.
Derecho
La Facultad de Derecho de la UdelaR, ubicada en 18 de Julio y Eduardo Acevedo, es una de las que tuvo que adoptar medidas porque constató que indigentes utilizaban sus baños y deambulaban por corredores y otras instalaciones. En una oportunidad debajo de una escalera se encontró vestimenta que se presume pertenecía a una de estas personas. Además, sin que esté claro quiénes fueron los responsables, ha habido robos: por ejemplo, faltaron algunos proyectores que se usan en clase y a una funcionaria le hurtaron sus pertenencias del lugar donde las había dejado.
A partir de estos inconvenientes, el centro de enseñanza dispuso que sus funcionarios controle el ingreso y egreso.
El problema es que allí el tránsito de personas es muy elevado. Facultad de Derecho tiene entre 2.000 y 3.000 alumnos, y en las horas de clase se vuelve muy difícil efectuar un monitoreo exhaustivo. “Somos muy vulnerables”, reconoció un jerarca de esa institución hablando con la producción de En Perspectiva.
En los hechos, se sigue una política de derecho de admisión que asegure que no acceda nadie que no esté vinculado a la institución. La intención es que sólo ingresen funcionarios, docentes y estudiantes.
En caso de haber algún evento que implique la asistencia de personas ajenas a la facultad, se notifica a los funcionarios que llevan a cabo el control para que permitan su circulación.
Pero es una decisión inflexible en cuanto a que no se permite el ingreso de indigentes al interior del centro de estudios. Ni siquiera para hacer uso de las instalaciones sanitarias, que, de acuerdo a lo que se aclaró, están únicamente al servicio de los usuarios genuinos de la Facultad.
El Clínicas
En otras sedes de la UdelaR tomaron medidas parecidas. Y cuando se observa la intención ingresar de una persona en situación de calle, se busca persuadirla y se le indica que la entrada no está permitida.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, en hospitales estatales.
La directora del Hospital de Clínicas, Graciela Ubach, explicó a En Perspectiva que el acceso de indigentes nunca fue un problema para ese establecimiento, como sí lo fue el tránsito de personas que vandalizaban o robaban dentro del centro.
El problema se terminó hace años con la instalación de un sistema de videovigilancia y guardias de una empresa tercerizada. Este mismo personal es el que está autorizado a impedir el ingreso de indigentes, salvo que busquen atención médica.
Biblioteca Nacional
Fuera del ámbito universitario, un edificio público que ha tenido que lidiar con problemas de este estilo es la Biblioteca Nacional (BN).
Tiempo atrás (cuando su director era el escritor Carlos Liscano, de 2010 a 2015) se resolvió colocar una reja para separar la puerta principal de la escalinata que da a la vereda. Por aquel entonces, el problema era que muchos indigentes elegían ese lugar para sentarse y, en las noches, para dormir.
Más adelante, hace tres años, al inicio de la gestión de la actual directora, Esther Pailós, se puso en marcha un plan para mejorar la seguridad.
Pailós relató a En Perspectiva que el ingreso de personas en situación de calle era habitual: se las encontraba en los baños y en alguna sala de lectura. En ocasiones, su presencia no generaba ningún problema, pero en otras hubo episodios complicados que alteraron la armonía del lugar.
Por esa razón se implementó un plan de seguridad que, entre otras medidas, implicó un mayor rigor en la aprobación de los ingresos y la colocación de cámaras de videovigilancia de alta definición.
La funcionaria enfatizó que la infraestructura de la biblioteca –como las salas de lectura y los baños- debe estar en condiciones para que la utilicen de manera exclusiva los usuarios del servicio y los trabajadores del lugar.
“Realmente, a la Biblioteca entran sólo personas que vienen a hacer uso de cualquiera de los servicios de la Biblioteca", dijo Pailós. "Las personas que no indican con qué razón vienen, lógicamente se les dice que es un lugar solamente para utilizar los servicios que la Biblioteca brinda. Por eso, no es que masivamente entra gente. Eso está muy cuidado”.
Esta medida se aplica, también, para la sala José Pedro Varela, un ámbito de estudio ubicado a metros de la puerta de acceso. A ella no se puede asistir con libros prestados por la biblioteca pero cuenta con mesas, sillas, servicio de wi-fi y enchufes para conectar celulares y computadoras. La idea es que sea empleada como lugar de lectura y estudio. En caso de constatar que una persona no la utiliza para esos fines, los empleados de seguridad se encargan de retirarla.
Pailós detalló que junto a la empresa tercerizada de seguridad se eliminó el tránsito de los indigentes hacia el interior de la BN. De todos modos, enfatizó que se procede “siempre en un clima pacífico y tratando de ayudar” a esos hombres y mujeres.
Mejor no hablar
En otras instituciones la recorrida de En Perspectiva también detectó que había sido necesario tomar medidas, aunque varios de los funcionarios consultados prefirieron no hacerlas públicas. ¿Por qué? Para que no queden expuestas las debilidades que –reconocen- tienen los controles y para no generar una difusión que termine alentando, de alguna manera, a que otras personas en situación de calle intenten llegar a sus locales.
Un docente de Facultad de Arquitectura de UdelaR y otro de Facultad de Ciencias Económicas subrayaron que no siempre es sencillo fiscalizar todas las puertas de acceso y por ende no se llega a cumplir la meta de que solo ingrese quien debe hacerlo.
Pero en cuanto a los criterios que se aplican, a diferencia de lo que ocurre en la Facultad de Ciencias Sociales, se considera que si bien se trata de edificios estatales, su uso es exclusivo de quienes asisten para dar clase, tomar clase o trabajar en las instalaciones.
***
Producción: Alejandro Rodríguez
***
Crédito foto: Wikimedia Commons / Andrea Mazza
