Por Fernando Butazzoni ///
El reciente intento de apriete al periódico La Diaria por parte del comandante en jefe de la Armada es mucho más serio de lo que aparentaba en un principio. Tiene que ver con dos elementos de extrema sensibilidad en la vida democrática uruguaya: los militares y la libertad.
El incidente se asemejó a uno de los chistes de La Diaria. Fue así: en la sección de humor del matutino, titulada El Faro del Final del Mundo, el pasado miércoles 16 de noviembre se publicó una nota (disparatada, como todas la de esa sección) en la cual se afirmaba que la "Armada presentará una ley que ‘se adecue a las nuevas realidades’: dará impunidad a cualquier oficial de la Marina que robe”. Y en el copete agregaba: “El proyecto, inspirado en la Ley de Caducidad, parte de la base de que siempre es más sencillo dejar libres a militares que encarcelarlos”.
Varios días después, un abogado de la propia Armada Nacional se apersonó en la redacción del periódico para hacer formal entrega de una carta firmada por el comandante en jefe de las fuerzas navales, el almirante Leonardo Alonso, en la que intimaba al director y redactor responsable de ese medio de comunicación, Lucas Silva, a presentar pruebas de aquellas afirmaciones humorísticas –a su juicio injuriosas–, o en su defecto a rectificarse.
En la misiva, de fecha del 22 de noviembre con el logotipo de la Armada Nacional, el almirante también señalaba que se reservaba el derecho “a tomar las acciones que entienda pertinente”.
Hay un malentendido con el que se pretende minimizar el exabrupto del nauta. Se argumenta que su reacción tuvo lugar porque, como les ocurrió a otros en el pasado, no entendió que se trataba de una pieza de humor, es decir de una escritura no sujeta solamente a los límites de la realidad sino también a los resortes graciosos de una ocurrencia.
El que no hubiera entendido eso el marino de marras es lo de menos. En verdad lo que no entendió el almirante Alonso es que su posición le impide enviar una carta de ese tipo. Esa limitación viene con el uniforme. El jefe naval, por serlo, debió presentarse ante el mando, expresar su ofensa, solicitar el trámite en la Justicia penal de una denuncia al amparo de la ley de prensa o, incluso, pedir autorización para manifestar su agravio.
Lo que no podía hacer era enviar una carta intimando a un periódico a que “presente pruebas” o “se rectifique”. A menos que él haya cumplido con todos los extremos reglamentarios, en cuyo caso la responsabilidad pasa al mando inmediato superior, es decir al ministro de Defensa Nacional. De ser así, el asunto ya no sería grave sino gravísimo.
El almirante o su jefe superior deberían saber que una carta como esa es inadmisible: Alonso no es un ciudadano común y corriente sino un militar con mando de tropa, nada menos que el que comanda una de las tres fuerzas que integran los aparatos armados de la nación.
Y Alonso es además, le guste o no, heredero de una tradición bastante oscura en el relacionamiento entre las Fuerzas Armadas y las libertades civiles. Esa herencia debería ser asumida de una buena vez como algo fulero y no con gestos y cartas que no hacen sino reforzarla.
Es más: ese tipo de actitudes contribuyen desde hace años a mantener la distancia, indeseada por cierto, entre las instituciones militares y buena parte de la sociedad uruguaya. Los jefes, y en especial los comandantes en jefe, deberían ser siempre explícitos en la firmeza de sus convicciones democráticas y en su defensa de la libertad en todas sus formas. No fue el caso.
Un último apunte tiene relación con los tiempos del Gobierno para tomar las medidas del caso. Los mensajes tienen que ser claros, terminantes y fulminantes. Nadie puede tener la más mínima duda sobre quién manda en las Fuerzas Armadas.
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