Por Fernando Butazzoni ///
Desde hace ya bastante tiempo, distintas instituciones públicas y organizaciones privadas realizan un sostenido y, hasta ahora, inútil esfuerzo para desestimular la posesión y el porte de armas de fuego en Uruguay. Todo el mundo conoce cifras, diagnósticos y porcentajes. Para no aburrir, basta un dato que viene a ser como el dos de la muestra: en el país hay alrededor de 1 millón de armas de fuego. De ellas, unas 400.000 están registradas, aunque nadie sabe muy bien a estas alturas qué significa eso. Todas las cifras están en la página del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur).
Si con buena voluntad y sentido común suponemos que los niños y las niñas en edad escolar, los ciudadanos y las ciudadanas que están en prisión, los integrantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, los sacerdotes y las monjas, clérigos, ministros y ordenados religiosos en general, los discapacitados severos de ambos sexos y otros colectivos numéricamente menos significativos no poseen armas de fuego personales, entonces llegamos a la conclusión de que los demás, todos los demás, están (estamos) armados con revólveres, pistolas, escopetas, fusiles y subametralladoras.
El Estado ha tomado diversas iniciativas, las que hasta ahora no han funcionado adecuadamente. La ley 19.247, de largo trámite parlamentario, tiene dificultades en su reglamentación. La iniciativa para que los particulares entreguen sus armas al Ministerio del Interior no dio frutos: en el 2015 la cantidad de armas entregadas, según cifras oficiales del Ejército Nacional, fue de 433.
La importación y venta de armas de fuego (y de sucedáneos cada vez más potentes y similares) se incrementa. La idea de cambiar revólver por bicicleta no se lleva adelante. Al final, resulta que el finado Fernández Huidobro sugirió a la población que se armara para defenderse, pero la población se le había adelantado, o sea que el Ñato disparó aquella vez una polémica inútil.
Un amigo canadiense me preguntó la semana pasada cómo es posible que el Uruguay haya podido implementar políticas tan radicales y exitosas contra el cigarrillo, admiradas a nivel mundial, y no haya podido hacer lo mismo respecto a las armas de fuego. Le dije que el tabaco y la pólvora son cosas distintas, pero creo que mi respuesta fue para salir del paso. En el fondo no son cosas tan distintas.
En realidad, en lo que refiere a las armas, no ha habido en Uruguay una política del Estado lo bastante enérgica y a la vez convincente como para sacar esa peste de circulación. Creo que mi amigo canadiense tiene razón: si se logra establecer un pacto social referido al desarme de los particulares, si el Estado acompaña y encabeza ese pacto –tal como hace con el tabaquismo–, entonces los resultados serán otros.
De lo que no hay duda es que el estímulo para desarmar a la población es escaso. La cifra de 433 armas entregadas voluntariamente en un año es patética: representa 0,0004 % del total circulante. Por otro lado, la laxitud en los controles y las sanciones hacen que cualquier persona se sienta moralmente autorizada a ir a una fiesta, a un concierto, a un partido de fútbol o a un cumpleaños infantil con una pistola 9 mm en la cintura. Los resultados de esa conducta, tolerada por todos, están a la vista.
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