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La investigación interna de la Cancillería sobre los procedimientos que se siguieron en el caso del pasaporte expedido al narcotraficante Sebastián Marset concluyó que en el trámite no hubo “ninguna falta administrativa”.
Marset estuvo preso en Dubái a fines de 2021 por haber ingresado con un documento paraguayo falso. Luego recibió un pasaporte uruguayo que le permitió salir del país árabe. Hoy está acusado de liderar una organización internacional de narcotráfico.
La investigación administrativa interna había sido anunciada en agosto por el canciller Francisco Bustillo en el Parlamento, donde tanto él como el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fueron interpelados por este tema.
El reporte, redactado por la instructora de la investigación y analizado y luego ratificado por la sala de abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue entregado el viernes a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a cargo de Enrique Rodríguez, que indaga si hay delitos en este episodio.
Sin “irregularidades administrativas”
En las consideraciones y conclusiones de la investigación, a las que accedió En Perspectiva, la instructora comienza afirmando: “Resulta imperioso señalar que no fue detectada por la suscrita ninguna falta administrativa ni relativa al procedimiento y gestión del pasaporte, ni en cuanto a las comunicaciones formales por las cuales se impartieron instrucciones”.
“Asimismo”, continúa, “las comunicaciones informales aportadas sustentan la información que por las vías oficiales fuera canalizada”.
La instructora sostiene que los funcionarios de Cancillería cumplieron con la normativa vigente, en referencia al decreto 129 del 2014, que había flexibilizado los requisitos para obtener un pasaporte estando en el exterior.
En setiembre de este año, luego de la interpelación, el gobierno volvió a modificar esa norma: ahora estar privado de libertad es un impedimento para conseguir ese documento.
¿Celeridad?
Uno de los puntos polémicos en torno al caso Marset iba más allá de la normativa vigente, y tenía que ver con si había existido injerencia política para acelerar el trámite del pasaporte para el hoy señalado como narcotraficante.
Alberto Lacoste, que hasta agosto pasado era subdirector de Identificación Civil en el Ministerio del Interior, fue removido de su cargo por este motivo. La medida se tomó porque Lacoste había tenido una reunión con el abogado de Marset, Alejandro Balbi, quien pretendía que el trámite del pasaporte fuera más rápido. Fuentes del gobierno habían dicho al diario El País en ese entonces que el jerarca “omitió informar” a sus jerarcas sobre la solicitud de Balbi.
Sin embargo, la investigación administrativa de Cancillería determinó que “no surge de las comunicaciones vertidas ningún trato excepcional en la gestión del pasaporte”, sino que “se gestionó la asistencia consular de estilo” para el caso de un uruguayo que pidiera un documento en el exterior.
Agrega la instructora en sus conclusiones que “consultados todos los funcionarios que tuvieron intervención en la tramitación del pasaporte si recibieron instrucciones por algún jerarca de proceder de forma diversa a la habitual y/o darle ‘celeridad’ al trámite”, todas las respuestas fueron negativas.
¿Obtener el pasaporte le dio la libertad a Marset?
Otro punto de polémica, surgido este último fin de semana, fue una carta entregada por la sección consular de la embajada uruguaya en Emiratos Árabes Unidos a la defensa de Sebastián Marset, cuando éste todavía estaba preso en Dubái.
La misiva, escrita en inglés y fechada el 31 de octubre de 2021, señala que Marset podrá tramitar un pasaporte uruguayo una vez que salga de prisión, aunque es el Ministerio del Interior quien debe autorizarlo, y asegura que en caso que necesite retornar inmediatamente a Uruguay se le proporcionará un documento de viaje que lo habilite a volver por una sola vez.
Según el diario El Observador, esa comunicación, solicitada por Alejandro Balbi, abogado de Marset, fue utilizada por ese profesional para alegar que su cliente no tenía necesidad de usar un pasaporte falso porque podía obtener el uruguayo de forma legal, y fue considerada por los jueces en la sentencia como una de las razones para declararlo inocente, ya que tampoco podían probar que supiera que el documento paraguayo que estaba usando era apócrifo.
Ese aspecto podría contradecir la versión del canciller Bustillo, quien en el llamado a sala afirmó que Marset no había quedado en libertad por el pasaporte, sino que la Justicia emiratí lo había liberado por su cuenta, y que una cosa no tenía que ver con la otra.
De ninguna manera, el pasaporte uruguayo no lo liberó. Eso es algo que se ha querido instalar: no lo liberó el pasaporte uruguayo, de ninguna manera. La que lo liberó fue la Justicia emiratí de haber portado un pasaporte falso.
Las fuentes de Cancillería que consultó En Perspectiva recordaron que Uruguay ratificó en su momento la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que entre otras cosas estipula que cualquier nacional, privado de libertad o no, debe ser atendido por cónsules si lo necesita.
Según reconstruyó En Perspectiva, los abogados de Marset pidieron a la cónsul que expresara por escrito que el Estado uruguayo le daría un pasaporte a su defendido cuando este fuera liberado.
Al recibir ese planteo, la funcionaria pidió instrucciones y se le contestó que no se podía entregar un texto que expresara que el Estado uruguayo iba a otorgarle un pasaporte, porque ese documento lleva un trámite y debe cumplir determinados requisitos. Por ejemplo, si en el proceso posterior surgieran antecedentes judiciales en Uruguay, el documento no se otorgaría.
Por esas razones, la carta que se entregó no afirma que Uruguay le va a otorgar un pasaporte, sino que se lo va a tramitar.
La carta dice, en inglés, textualmente lo siguiente: que de acuerdo con la ley 19.268, el departamento consular “procederá a iniciar el proceso de aplicación a un pasaporte para el señor Sebastián Enrique Marset Cabrera, una vez que sea liberado de prisión”.
Luego, agrega: “De todos modos, la autoridad última que aprobará la emisión del mencionado documento de viaje corresponde al Ministerio del Interior de Uruguay”. Eso está dicho porque esa cartera, y no Cancillería, sería la responsable de chequear los antecedentes judiciales de Marset.
De todos modos, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, anunció que la Mesa Política de la coalición de izquierda analizará el tema próximamente.
