Audio y video de la entrevista en este link
***
Entrevista con el ingeniero agrónomo Andrés Berterreche, representante del Frente Amplio en el directorio del Instituto Nacional de Colonización.
EN PERSPECTIVA
Martes 6.12.2022
EMILIANO COTELO (EC) —El Instituto Nacional de Colonización (INC) saldó la semana pasada una controversia de más de dos años que involucraba al líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos.
El directorio del organismo definió por mayoría, 4 a 1, que ni el senador Manini ni su esposa, la ministra de Vivienda Irene Moreira, ni su suegro revisten la calidad de colonos por un campo que poseen en el departamento de Artigas.
De haberse confirmado que era colono, Manini quedaba expuesto a un conflicto de intereses, ya que votó un artículo de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que determina excepciones a la obligación de los colonos de residir y trabajar directamente en el predio, lo que lo beneficiaría directamente, ya que vive en Montevideo.
El fallo del INC se basó en un informe del doctor Horacio De Brum, profesor titular de Derecho Agrario en la Universidad Católica. Esa consulta fue encargada por el directorio del INC para contar con una opinión jurídica externa luego de que tres informes redactados por técnicos del organismo concluyeran lo contrario: que Manini Ríos sí era colono.
A lo largo de estos meses, Manini insistió en que los informes internos del INC eran parciales y sesgados, sobre todo por la influencia de Andrés Berterreche, el representante del Frente Amplio (FA) en el directorio. Berterreche fue el único director que votó en contra de la resolución de la semana pasada.
Para conocer sus argumentos, para tener su visión en torno a este caso y a la polémica que lo ha rodeado, recibimos al ingeniero Andrés Berterreche.
***
Vamos a tratar de pasar en limpio este caso, por lo menos ordenarlo y tener su visión.
Tengo un resumen que hice.
Para resolver este diferendo, el directorio del INC contaba con cinco informes, y dos de ellos concluyeron que Manini no es colono, uno que el directorio le encargó hace poco al catedrático de Derecho Agrario Horacio Brum, para tener una opinión externa, y el otro, una consulta elaborada por el doctor Enrique Guerra Daneri, miembro de la Academia Nacional de Derecho, excatedrático de Derecho Agrario en la Universidad de la República, que había sido presentada por Manini en sus descargos. Esos son los dos estudios que dicen que Manini no es colono. Por otro lado, había tres que concluían que sí Manini era colono, uno de la inspección oficial del INC, otro de la Asesoría Letrada y el tercero, el más reciente, de la sala de abogados. ¿Es correcto el resumen?
ANDRÉS BERTERRECHE (AB) —Es casi correcto, el pedido de la consultoría externa al doctor De Brum fue en mayoría, no fue por todo el directorio. Yo integro el directorio y voté en contra, argumentándolo.
EC —¿Usted entiende que la decisión de la semana pasada fue más política que técnica entonces?
AB —Creo que la decisión de la semana pasada fue absolutamente política, no más política que técnica. Creo que si el doctor De Brum entregaba una hoja en blanco, hubieran votado lo mismo. Realmente las condiciones en que se hace esto no me dejan ninguna duda. Un informe en que se hace el contrato un viernes y el miércoles ya lo tiene terminado: cinco días estuvo para hacer lo que a los servicios técnicos (y también A mi despacho, porque estuvimos trabajando meses sobre esto) nos llevó arriba de un año y medio. En cinco días este abogado lo resuelve.
EC —¿Usted dice que este abogado, el consultado en los últimos meses, hizo el trabajo en cinco días?
AB —Cinco, seis días, sí. Pero además su cuerpo de informe comienza diciendo que no había tenido acceso a la información requerida. Es muy difícil que un informe pueda ser contundente en la medida en que el propio informante dice “pero miren que yo no tuve acceso a toda la información”. Así arranca. Eso ya limita muchísimo la validez, porque los otros informes fueron con toda la documentación, fueron meses de estudio. Hay muchos elementos que sostienen por qué se define que ese inmueble… porque además quiero aclarar una cosa: esto no es Berterreche contra el grupo Manini-Moreira, esto es el INC con relación a un inmueble completo que yo sigo considerando que está afectado por la ley 11.029.
EC —Usted dice: esta resolución del directorio de la semana pasada, la que salió cuatro a 1, es totalmente política. ¿Cuál es el inconveniente, cuál es la objeción? Los directorios de los organismos públicos son políticos.
AB —Sí, pero vamos a dejarlo claro, no fue la jurídica que le dio la razón. Ese es un punto bien importante, no es que jurídicamente tenga razón, sino que políticamente aplicaron el yeso y salió 4 a 1. Además les di la posibilidad, les dije: muchachos, posiblemente la resolución salga lo mismo, por cómo viene la mano, porque es una decisión política, pero vamos a hacer un informe bien, entréguenle toda la información al consultante, tómense un mes más. Dijeron: “no, hay un compromiso, que es sacarlo el viernes antes del partido”. Perfecto. Ahí tuve que hacer dentro de mis descargos de mi voto en contra que realmente no se puede tomar como definitivo un informe que lo primero que dice es que no tiene acceso a la información requerida.
EC —Usted dijo al pasar que había un compromiso de sacar la resolución el viernes antes del partido Uruguay-Ghana”.
AB —Antes del partido lo dijo yo, fue así. Lo que me dijeron fue “hay un compromiso de sacarlo hoy”.
EC —Un compromiso… ¿de qué tipo?
AB —No me lo explicaron ni lo pregunté.
EC —¿Un compromiso político? Usted entiende que en torno a esta resolución hubo planteos que vinieron de afuera del directorio del instituto?
AB —No me cabe la menor duda. Vienen haciéndose durante el año y medio. No nos podemos hacer los distraídos. En estos mismos micrófonos estuvo el senador Manini durante todo este tiempo hablando de estas cosas. En esta y en el resto de las radios. Mientras yo estaba amordazado.
EC —¿Usted estaba “amordazado”?
AB —Sí, señor. A mí se me prohibió, por la vía de la reserva, hacer afirmaciones. De hecho, fue un profundo y prolongado silencio el mío.
EC —Sí, supimos que usted en determinado momento no hablaba ante las gestiones que realizamos, pero no tenía tan claro que había sido de ese porte la resolución.
AB —Sí, sí. Es más, cuando salió el último informe que afirmaba que el inmueble 511 estaba bajo la ley de Colonización, presenté un proyecto de resolución que pedía levantar la reserva. Y me dijeron que no, que hasta que no saliera el de De Brum no iban a levantar la reserva.
EC —Manini denuncia que hubo presiones políticas, juegos políticos, pero de otro tipo, de otro tono. Concretamente, que usted lo puso en la mira, ahora que él es senador y líder de CA. Ha señalado que sin embargo nada se había dicho de esa eventual condición de colono durante los gobiernos del FA, cuando él era general del Ejército y después comandante en jefe. Ha destacado incluso Manini que usted fue presidente del INC, eso fue 2010-2013, en el gobierno de José Mujica, y en ese momento no hizo ningún planteo de este tipo.
AB —Es verdad. Yo no lo conocía. Es más, cuando empiezo la investigación yo, la información que tenía, que era lo que salió en Búsqueda, era que El Palomar SA, integrado por acciones del señor Roque Moreira y la señora Irene Moreira, tenía campos afectados a Colonización. Yo ni siquiera sabía, en ese momento, cuando empiezo la investigación, que también el senador Manini tenía campos afectados en el inmueble 511. No lo sabía. Fue estudiando todo el informe que aparece ahí. Pero no es correcto que yo supiera y que iba contra Manini; bajo ningún concepto.
Quiero hacer una anécdota bien chiquita. En el año 2012, 2013, un connotado escribano (cuyo nombre no voy a decir porque me comprometí a no hacerlo, porque me lo pidió, me lo rogó, después de hacerme la denuncia entró en pánico y me pidió que por favor no revelara su nombre, y no lo voy a revelar) me hizo una denuncia exactamente igual. No sabíamos. Era un argentino que tenía un campo afectado a la colonización y que no pasó en el registro, porque en 2011 se hizo borrón y cuenta nueva y lo único que se pidió a aquellos que habían comprado campos afectados fue que fueran a registrarlos, nada más. Eran escrituras nulas de pleno derecho y sin embargo, con muchísima generosidad y para ordenar la cancha, se dijo “borrón y cuenta nueva, les validamos las escrituras, pero tienen que ir al Instituto a registrarlo”. Había un argentino que no vivía allí y que tenía campos afectados a la colonización. Este escribano me hace la denuncia, yo tomo la denuncia, veo si ese campo está dentro del patrimonio fundiario del Instituto, estaba, junté las experiencias y se lo di a la inspección –había otra inspectora, que concluyó que sí, que estaba afectado, y se le puso una multa cuantiosa a ese ciudadano argentino. Hice exactamente lo mismo que hice ahora. Si me hubieran dicho lo mismo en el 2012, si este mismo escribano me hubiera denunciado el caso del inmueble 511 en Artigas, hubiera hecho exactamente lo mismo. Me entero por un informe de prensa que sale en Búsqueda…
EC —Usted dice que el arranque de toda esta investigación, de toda eta polémica en torno a Manini, Colonización, etcétera, viene de una nota que Búsqueda…
AB —…sí, de febrero de 2020. Lo que inicia esto –no sé cómo lo logran, yo no estaba ni siquiera en el Instituto en ese momento–, hay un artículo en febrero de 2020 en Búsqueda que dice que El Palomar SA, integrado por los señores tatatá, tenía campos afectados a la colonización.
EC —Pero la inspección se hace en octubre…
AB —… del 2021.
EC —Exacto. Ahí sí voy de vuelta a Búsqueda: en noviembre de 2021 Búsqueda informa que se había realizado una inspección técnica en el predio de la familia Manini en el departamento de Artigas. Concretamente, se hizo en octubre y concluyó que Manini, Irene Moreira y Roque Moreira explotaban el terreno en condiciones de colonos propietarios, pese a lo cual ninguno de ellos cumplía con la obligación legal de vivir en el predio.
Eso ocurre en octubre de 2021. ¿Quién había ordenado esa inspección?
AB —Yo la pedí.
EC —Ah, la pide usted…
AB —Sí, porque previamente hice una investigación, con mi equipo, de meses. Porque cuando digo esto, la ministra Moreira –creo que fue acá mismo– dijo que yo no tenía la altura de funcionario público para decir esas cosas, que fuera a estudiar. Y fue lo que hice. Me callé la boca y estudié, durante meses.
EC —Si entiendo bien, a partir de lo que publica Búsqueda en febrero de 2020, usted trabaja en el caso durante varios meses, hasta llegar a octubre de 2021, cuando se hace la inspección.
AB —Sí. En setiembre pido la inspección.
EC —Pide la inspección en setiembre de 2021 y en octubre se hace.
AB —Sí, sí.
EC —Una pregunta: ¿un director puede pedir una inspección?
AB —Sí; no solamente puede, puede hacerlo per se. Yo lo hice y además informé al resto del directorio que la pedía. Cristalinidad absolutamente. Y obré como obré [en 2012 o 2013] con el argentino que le dije, de la denuncia del escribano, exactamente igual.
EC —Usted lo que pidió fue que se averiguara quiénes eran los colonos que estaban en esa fracción y en qué situación se encontraban.
AB —Lo que pedí fue hacer una inspección a todo el inmueble 511, que tiene 2.950 hectáreas, de las cuales 2.800 y pico son del grupo Manini-Moreira, y 100 hectáreas son de otro colono que casualmente –lo doy como información– diez días antes de que saliera el informe de la sala de abogados nuestro, que por tercera vez daba la razón, vino a presentar los títulos. Es decir, no se hizo contra Fulano y Mengano, se hizo al inmueble del INC.
EC —Pero, según tengo entendido por las averiguaciones que hicimos en el INC, lo que ocurrió en ese momento sorprendió al directorio y a partir de ese momento se resolvió que todas las inspecciones tienen que ser votadas por mayoría en el directorio. ¿Es correcto?
AB —No tengo conocimiento de eso. Además, de hecho todos los directores piden inspecciones sin ser votadas. Se hizo una inspección al campo de San Jorge, donde está la Asociación de Productores de Leche de Canelones y la pidió un director. Hubo otra serie de inspecciones que piden los directores individualmente. Que yo sepa, eso no ha cambiado. No tengo ningún problema. De todas maneras, podrían haber dicho: “No, pará, pará, vamos a pensarlo”. Nadie me dijo “no lo hagas”.
EC —El análisis de la Inspección General del INC fue enviado a la Asesoría Letrada, y en junio de este año la Asesoría Letrada ratificó la condición de colonos propietarios de Manini, Irene Moreira y Roque Moreira.
AB —Sí. Si me permite, ahí hay un tema importante. Yo voté en contra de que se le pasara a Asesoría Letrada, pero no por la letrada, porque es una excelente abogada, sino para darle fuerza a la inspección, para que de ahí se les diera vista a los involucrados y contestaran sus descargos.
Se me acusa de haber manipulado a la letrada, cuando voté en contra de que pasara a ella. Pero además la letrada es de confianza de la coalición, está puesta ahí por la coalición, no por Andrés Berterreche. Es decir que entra ya en la difamación y la injuria decir que la letrada es una militante mía y que obedece. Ninguno es militante mío… y hay un tema, que es la independencia técnica, que siempre es respetado. Esos mismos abogados dicen cosas que a veces a mí no me gustan, pero respeto la decisión de los técnicos.
EC —Pero ese informe de la asesoría letrada se filtró a la prensa. Eso molestó a Manini, que pidió responsabilidades por lo sucedido, dijo “ese es un documento reservado”.
AB —No sé, hay que preguntarle a quien lo filtró. Porque las filtraciones, que por lo menos yo pude constatar, es una foto de un senador [Da Silva] con un expediente en el primer informe, que es el de inspección técnica, y ahora una filtración en el diario El País que el propio periodista dice que salió de la coalición, que no salió del FA. Y además, imagínese, yo no tengo demasiado acceso a El País.
EC —Usted descarta haber sido quien hizo circular aquel informe.
AB —Sí, absolutamente.
EC —Para terminar, el 17 de noviembre de este año hubo un tercer informe, en este caso de la sala de abogados, en el mismo sentido: Manini, su esposa y su suegro son colonos propietarios.
AB —Sí, sí; eso es lo que dice la sala de abogados, que también integra la asesora letrada, que, insisto, es de confianza de la coalición. Y salió por unanimidad.
***
EC —Luego de casi dos años de polémica, la semana pasada el INC definió por mayoría que ni el senador Guido Manini Ríos ni su esposa ni su suegro revisten la calidad de colonos por un campo que poseen en el departamento de Artigas. En este fallo resultó determinante un informe del doctor Horacio Brum, profesor titular de Derecho Agrario en la Universidad Católica, que fue encargado por el directorio del instituto para tener una opinión jurídica externa luego de que tres informes internos redactados por técnicos del organismo concluyeran lo contrario, que Manini, Irene Moreira y su familia sí eran colonos.
¿Por qué Andrés Berterreche, el representante del FA en el directorio, votó en contra? Estamos conversando con él esta mañana.
***
EC —Vayamos al fondo de la cosa. Con una aclaración para los oyentes: este es un caso intrincadísimo. Pasarlo en limpio, ordenarlo periodísticamente, no es fácil. Veamos.
Manini Ríos y su esposa, Irene Moreira, son propietarios mediante una sociedad anónima, Palomar SA, con el padre de Irene Moreira, Roque Moreira, de 4.350 hectáreas en el departamento de Artigas.
AB —No es exactamente así…
EC —Me lo temía… De ellas, 2.856 hectáreas están afectadas por la Ley de Colonización.
AB —Según lo que a mí me parece, sí.
EC —Estas fracciones fueron compradas por el INC a Martín Hounnie en mayo de 1970.
AB —Es verdad. Aunque las negociaciones empezaron en el 68.
EC —Bien. Fueron compradas por el INC en mayo de 1970, y muy poco después, en noviembre de ese año, el INC las pone a la venta en un llamado público en el que son adquiridas por Roque Moreira en marzo de 1971.
AB —…Roque Moreira y otro más. Son dos los que se hacen propietarios de dos fracciones cada uno.
EC —La ley de colonización establece que quien compra un campo al INC pasa a ser colono propietario. Y acá viene la discusión. Manini e Irene Moreira desmienten que Roque Moreira fuera colono propietario. El argumento central, incluido en la consulta firmada por el doctor Guerra Daneri, la que ellos presentaron al INC, es que Roque Moreira compró el terreno en un llamado público del INC en el que el organismo buscaba deshacerse del campo porque las autoridades se habían dado cuenta de que no reunía las aptitudes para estar dentro de la cartera de Colonización. ¿Qué dice usted de ese argumento?
AB —En primer lugar, la compra es una negociación que empieza en el año 68 y se concreta en el 70. Me dicen que los directores del instituto no se habían dado cuenta de que el predio no sirve. ¡Es raro…! Es poco creíble. En segundo lugar…
EC —Le leo…
AB —No, no, ya lo entendí.
EC —Leo [de la consulta del Dr. Guerra Daneri]: ”El acta del llamado público de oferta prueba que los campos en cuestión no tenían condiciones para colonizar. Se habla de ciertas áreas inundables y ocupadas por densos montes naturales, también de una zona de difícil drenaje en algunas de las fracciones, lo que torna antieconómica la adjudicación separada…”
AB —Separada en las fracciones. Por eso, ahí…
EC —Dice el doctor Guerra Daneri: “No demanda demasiado esfuerzo concluir que la venta al mejor postor fue para desprenderse de un campo que por error nunca debió comprarse”.
AB —En primer lugar, no fue al mejor postor, sino que se les dieron a dos que no necesariamente eran los mejores postores. Y había otros componentes, compartibles o no, para la adjudicación. Fueron dos. Y lo que dice el informe es que se tuvieron que unir dos fracciones para no dejar solamente una zona de monte. Que quiero aclarar: después, no hace mucho, se explotó ese monte, legalmente, porque el monte nativo puede explotarse– camiones y camiones sacaron de madera de monte. Pero legalmente y está todo bien. Pero no me pueden decir que era antieconómico. Tampoco pueden decir que era antieconómico cuando después terminó concentrándose 2.800 hectáreas de 2.950 en un solo grupo familiar. Tan mal no debe haber sido. No hay ninguna realidad. Lo que pasa es que se descontextualiza una frase cuando se dice “de las cuatro fracciones que se hicieron se van a unir dos fracciones porque si no cada una por separado podría ser antieconómica”. Eso no tiene nada que ver con que no sea colonizable. De hecho, en el año 71 se hace el compromiso de compraventa a estas dos personas, Roque Moreira y el otro colono llamado Zenón –no recuerdo el apellido–, y se hace una inspección del instituto en el año 74, donde se encuentran un montón de carencias y se le hace una intimación a Roque Moreira.
EC —¿Cómo es esto? ¿A ver?
AB —En el año 1974 se hizo una inspección como la que se hizo ahora. Y se dice que el señor Roque Moreira no está en la fracción, no la explota directamente, etc. Se le intima al cumplimiento de todo eso.
EC —Se lo intima en particular a vivir en el suelo, lo que establece la ley.
AB —Sí, claro. Ahí se arma un gran problema… antes había habido otro problema que tuvo él a nivel castrense, que es una joya pero no nos vamos a meter porque es parte de otra discusión, aunque tiene mucha información que demuestra lo que yo digo…
EC —Sí, faltó decir en esta historia que Roque Moreira es militar. Ahora militar retirado.
AB —Sí, creo que en ese momento era teniente coronel, ahora creo que es coronel retirado. Entonces se le hace un nuevo contrato en el año 75, pedido por él y su abogado, beneficiado por el artículo 127, que es muy discutible también. Pero se le hace un nuevo contrato en el marco del artículo 127 de la ley de colonización, la 11.029. Pero dígame usted: ¿cómo puede ser que alguien esté fuera de la ley 11.029 si está beneficiado por un artículo de esa misma ley? Es absolutamente insostenible. Que me perdone el doctor Guerra, pero es absolutamente insostenible la tesis de que eso nunca perteneció a colonización. Cuando un campo entra a colonización, automáticamente queda afectado a la colonización. Después puede haber colonos propietarios, puede haber colonos propietarios a los cuales se les dan determinadas facilidades, puede haber un montón de cosas, pero ese campo está afectado a la ley.
Y acá hay un tema que no se ha dicho, pero con esta decisión no es solamente el tema posterior del voto, no sé, eso no me corresponde a mí…
EC —Perdón, ¿qué…?
AB —El voto por el tema de la LUC, que podría afectar al senador Manini al haber levantado la mano en un artículo que podría tener una implicancia…
EC —La LUC cambió la normativa del INC y flexibilizó la exigencia de vivir en el predio.
AB —Sí, el intendente de Flores y el intendente de Artigas, ambos colorados, no viven en el predio y siguen siendo colonos. Se les cobra una renta diferencial. Hay maneras para eso y hay cintura para hacerlo, no decir que eso no pertenece más al Instituto o no decir que no está más afectado a la ley. En definitiva, es imposible sostener que una persona que le vende a Manini, que le pide permiso después de comprado el campo, el señor Berti Bazagoiti, pide permiso al INC después de que ya era propietario.
EC —¿De qué año estamos hablando?
AB —Año 81, 82. Pide permiso al INC para integrar a su hermana a la propiedad del campo. Si usted no está dentro de la ley, si usted tiene una chacra, ¿por qué le va a pedir permiso al Instituto que no tiene nada que ver? Estaba recontraasumido que eso pertenecía a colonización. Después se cayó en la oscuridad de los tiempos.
Pero hay un tema más, no solamente el tema del voto de la LUC. Cuando sale de la ley un campo, automáticamente, al no estar afectado, su precio de mercado aumenta 20 %. [Lo de la LUC] no es solamente un tema del voto, es un tema del valor del bien. Porque al estar afectado, los que pueden comprar tienen que tener el perfil del colono: una sucesión, una venta de ese bien o dentro del propio patrimonio podría tener una valoración del 20 % del valor de ese campo –es mucho dinero–, solamente por estar fuera de la ley. Ahí hay otro componente, de desviaciones de otro tipo.
EC —¿Está hablando de la resolución de la semana pasada?
AB —Claro, la semana pasada, si se ejecutiviza, hace crecer la tasación de ese campo un 20 %, automáticamente. Por no estar en la ley, porque no está restringido por la ley 11.029.
EC —Pero hasta ahora los propietarios sostenían que no estaba en la ley, por lo tanto manejaban un valor que era el valor “de mercado”.
AB —No, yo tengo la ficha de inscripción de Roque Moreira al Instituto de Colonización. Podrá decirse cualquier cosa, que el Instituto estuvo omiso durante tantos años, que no se sabía, incluso que Manini lo había comprado de buena fe. Pero en el caso de Roque Moreira, tiene hasta un pedido en el año 1975 para que se le considere colono, para que la forma de pago sea diferente. Lo tengo todo documentado, hay 52 documentaciones, porque tengo un equipo que estudió desde el año 68 hasta el año 85 todas las actas del Instituto. Miles. Y ahí aparecen 52 referencias a que este campo estuvo dentro de la ley 11.029.
Está bien, podemos hablar de muchas cosas, pero no nos hagamos los distraídos cuando además, si usted va al tribunal de honor… que tampoco conocía yo, esto fue una cuestión que Moreira dice en un medio de prensa y hay periodistas que lo piden al Ministerio de Defensa y lo levantan…
EC —Se refiere a la actuación de un Tribunal de honor en los años de la dictadura.
AB —Sí, en el año 73. Hay que leerlo. Que para mi análisis ni siquiera lo tuve en cuenta. Las 52 documentaciones que tengo de que el señor Moreira sabía que el campo estaba afectado a la ley están en las actas del INC. Se podrá discutir si podía o no tenía que estar, pero insisto, fue Moreira el que pidió beneficiarse del artículo 127 de la ley 11.029; no puede decirse después que no se está dentro de la ley 11.029. Hay un contrato de compraventa hecho bajo este término. Es demasiado burdo.
EC —Si efectivamente, por todas esas razones, Roque Moreira era colono, revestía la calidad de colono, ¿cómo se entiende que desde los años 70, incluso después de un intento del INC, no se le haya exigido vivir en el predio, etcétera?
AB —Es que justamente, el artículo 127 se interpretó como que tenía derechos especiales –insisto, es muy discutible– y por eso no se le aplicó. Esto no es un tema con Moreira, es un tema del inmueble, de la afectación de 2.950 hectáreas a la ley 11.029. Eso es lo que está en juego. La afectación siempre estuvo.
EC —Pero Manini e Irene Moreira desde cuándo debieron vivir en el predio?
AB —Manini desde que lo compró.
EC —¿O sea?
AB —Año 91. Pero además hay un tema que no es cierto, que se repite y se repite, y lo peor es que se sabe que no es cierto. El instituto estuvo vinculado a este campo en términos administrativos hasta el año 1985, diría 84 –es para que lo agarre un periodista y haga un hermoso thriller periodístico, un libro– cae en una sombra. Qué pasó durante ese período, hubo mucho de esos campos que fueron nulos de pleno derecho en la compra. Es decir, los que compraban, a veces de buena fe, no sabían que estaban afectados a la ley. Por eso se tuvo que hacer una ley en el 2011 para regularizar esto y con muchísima generosidad se dijo “borrón y cuenta nueva, está todo bien, se hizo mal, por desconocimiento, vayan y registren los títulos”. De hecho, el otro colono que no es del grupo familiar Manini-Moreira fue a registrar los títulos al Instituto, y es el mismo inmueble.
EC —¿Y este grupo familiar de Manini-Moreira no?
AB —No, justamente, este es el contencioso.
EC —¿No lo hizo?
AB —No, porque ellos dicen que nunca fueron afectados. Y nunca fue afectado un colono que pidió para no vivir allí hacer un contrato especial, ¡se le hizo un segundo contrato en el marco de un artículo de la ley!
EC —Pero lo menos que ocurrió fue que el instituto fue omiso, en todo caso, en controlar eso que por lo visto era tan evidente (en controlar el cumplimiento de las obligaciones de los colonos).
AB —Hasta el 85 no fue omiso.
EC —¿Y después? Ahora, desde 2011 en adelante, cuando se hizo ese blanqueo, cuando se dio la oportunidad del blanqueo…
AB —Justamente, no se sabía todos los que tenían… Vuelvo a lo del principio: un connotado escribano me hace la denuncia, actúa en consecuencia. Esto es lo mismo, para no seguir siendo omiso. Justamente, lo que se está haciendo es no seguir siendo omiso.
EC —Pero tarde…Hubo un bache de 10, 11 años.
AB —Sí, 20 años. Pero ¿eso justifica que se saque la afectación de la ley de un inmueble? Olvidémonos de las personas. Si no fuera Manini, si fuera el señor Baeza, al cual se le cobró la multa por no haber registrado en tiempo y forma la compra… Pongamos el término en la tierra, ¿la tierra esa se desafecta porque no esté? ¿Automáticamente se desafecta? Es difícil sostener eso.
***
EC —Después de esta argumentación que acaba de desarrollar, ¿cuál es su lectura de la resolución del viernes pasado del INC?
AB —Que carece de fundamento. De hecho yo fundamenté en tres carillas mi voto negativo. Claramente un voto negativo es un párrafo en un considerando.
EC —¿Por qué carece de fundamentación? ¿Qué hubo acá?
AB —Insisto, tomar parte por un informe que se hace en cinco días, que el consultor dice que careció de la información requerida –y no sé por qué además, porque pregunté y no me contestaron– y di la posibilidad de que se hiciera de vuelta. Y no, no, no. Bueno… Evidentemente, si De Brum hubiera entregado una hoja en blanco diciendo “Manini no es colono”, punto, la hubieran agarrado. Además van contra tres informes de los propios servicios jurídicos que demuestro solamente con el hecho de que uno de esos técnicos, que estuvo integrando dos instancias, es nombrado por confianza de la coalición de gobierno: es mucho más contundente. El informe de De Brum no dice nada, nada, absolutamente nada, de las razones que da la sala de abogados, por ejemplo, a pesar de que ese informe sí lo tuvo delante.
EC —¿Qué instancias tiene usted por delante, aparte de haber votado negativamente?
AB —Hablar de esto, porque me parece realmente lamentable que la población se quede con un titular y no sepa lo que verdaderamente pasó.
EC —¿Es correcto ese mensaje que circula en WhatsApp atribuido a su esposa, Silvia?
AB —Si quiere le doy el número y la entrevista.
EC —No, se lo pregunto porque en ese texto, por ejemplo, se señala: “Ahora Domenech, Bianchi y Da Silva piden que Andrés sea retirado del cargo por difamar a tan honorable persona como es Manini”. ¿Eso está en juego?
AB —Cuando empecé con esto y hubo una gran conmoción pública, yo dije: Si yo estoy equivocado, presento la renuncia, pongo mi renuncia a consideración. Y lo sigo haciendo. Ahora, no me digan que cuatro votos de carácter político dan la razón jurídica, porque eso es insostenible.
EC —Por lo tanto, no se va.
AB —Es que además me quieren convertir en mártir. Hay un personaje de Roma, Catilina, y parecen Cicerón gritando: “¿Hasta cuándo, Catilina?”. Me quieren sacar, se ve que porque me tienen miedo que esté ahí. No teman, solamente trato de cumplir con la ley.
EC —Agradezco su visita esta mañana.
AB —No, el agradecido soy yo, porque después de meses de estar silenciado obligatoriamente, puedo salir y que me den un micrófono para comunicarme con la población y decir por lo menos mi verdad, para que por lo menos sopesen argumentos y no griterío.
***
Transcripción: María Lila Ltaif
